La Covid-19 ha demostrado ser un enemigo natural imbatible. Un rival invisible y silencioso que a mediados de marzo nos obligó a encerrarnos en nuestros hogares. Como íbamos a imaginarnos a principios de año que, mientras bailoteábamos desinhibidos, felices, en la Puerta del Sol, se estaba escribiendo nuestra propia crónica de una muerte anunciada, realidad- y no ficción- que hasta ahora se ha cobrado 1 millón de vidas alrededor del planeta, según datos ofrecidos por la OMS.
La propagación del virus ha superado las capacidades sanitarias de los países; esa “gripecilla”- así denominada al principio por algunos iluminados- ha puesto en jaque a los gobiernos “civilizados”, sumiéndolos en enconadas disputas económicas, sociales y políticas que, en el mejor de los casos, se resuelven en el mentidero llamado coloquialmente Las Cortes, eso cuando la sangre no termina llegando al río.
Si en dichos países el virus ha creado centenares de problemas, ¿qué no puede ocurrir en lugares de naturaleza caótica como son los campos de refugiados rohinyás?
Un poco de contexto
Birmania está situado en el sudoeste asiático y colinda por el oeste con Bangladesh y por el este con China, Laos y Tailandia. Como buena excolonia de Su Graciosa Majestad, sobre ella recaen todas secuelas del imperialismo victoriano, desde una profunda inestabilidad política y social a una aguda crisis económica. El colonialismo expiró en 1948, pero dejó un panorama gris remarcado en negro.
Una década después de la independencia se establece una dictadura, un gobierno castrense que, bajo una fachada democrática, sigue a día de hoy controlando un país con más de una centena de etnias diferentes. Dentro de este marco de falsa constitucionalidad, destaca la figura de Aung San Suu Kyi, Ministra de Asuntos Exteriores, Consejera de Estado y Ministra de la Oficina de Presidencia. Hasta hace unos años, Daw (señora), apelativo cariñoso puesto por la población birmana, contaba con el total e inquebrantable apoyo internacional por su heroica resistencia al régimen. Sus actos en favor de la democracia le costaron varios años de arresto domiciliario en el número 54 de la avenida de la Universidad, sin tener contacto con el exterior ni siquiera con sus seres queridos, tan solo recibía las visitas del alto mando birmano y de personalidades destacadas a nivel internacional. Su valor y arrojo tuvieron una recompensa en forma de Premio Nobel de la Paz, entregado por la Academia sueca en 1991.
Pero las circunstancias intrínsecas del país han hecho que la figura férrea de Suu Kyi se haya diluido entre las garras del régimen castrense, especialmente desde que acontecieron los terribles actos de 2017, cuando miles de rohinyás impulsados por el ejército birmano tuvieron que cruzar la frontera con Bangladesh. “El generalato buscaba expulsarlos de Arakan, su tierra- Alberto Masegosa, corresponsal de la Agencia EFE y un conocedor de la situación de Birmania y de los rohinyás, nos lo resume así-. El gobierno de Suu Kyi no va a entregar a sus generales responsables de la limpieza étnica que se produjo en contra de los rohinyás en el 2017, sobre todo porque sería un estímulo para que el ejército diera un golpe de estado”.
Por otro lado, la economía no pasa por su mejor momento. Según los informes del Banco Mundial de los últimos tres años, Myanmar- nombre actual de Birmania- experimentó un crecimiento de 0,1% cada año, que se traduce en un progresivo realce de la riqueza de las personas pobres. A causa de la pandemia, estos números se han visto afectados, y quienes sufren con severidad son las personas que están en la pobreza o antes de la crisis sanitaria ya lindaban en ella. Aunque bien es cierto que los pobres son más pobres, el informe del Banco Mundial del mes de junio muestra su optimismo hacia una pronta recuperación de la economía birmana y a una vuelta acelerada a las medidas contra la pobreza que el gobierno implementó antes del inicio de la pandemia.
En cuanto a la sociedad, la situación reviste una mayor complejidad. Myanmar cumple las características geográficas y demográficas de las antiguas colonias: líneas divisorias plasmadas en el mapa respondiendo a intereses contrarios a los de la población autóctona. En la antigua colonia británica se reúne un número importante de grupos étnicos, el más numeroso y el que ostenta el poder político recibe en nombre de bamar. La profunda división étnica ha provocado que durante los conflictos armados unos grupos hayan apoyado a otros y, con el consecuente fin de la guerra, el vencedor haya empleado la coerción contra los vencidos. Asimismo, las guerrillas conformadas por las distintas etnias siguen empleando la violencia para ser reconocidas dentro del marco legal y así contar con los derechos del resto de ciudadanos.
Una de estas etnias sin derechos es la rohinyá. Situados en el Estado de Arakan, actual Rakhine. En el 2017 sufrieron el ataque más devastador hasta el momento. Gran parte de la población rohinyá se vio obligada a cruzar la frontera, porque el gobierno comenzó una persecución que degeneró vilmente en asesinatos, quema de poblados enteros y deportaciones; en suma, una limpieza étnica que en su totalidad infringe flagrantemente los derechos humanos. Los rohinyás, un grupo en su mayoría musulmán, reciben el rechazo de los bamar, quienes ostentan el poder y además son fieles a un credo opuesto como lo es el budismo theravada.
La mayoría de la población rohinyá hace su vida en los campamentos de refugiados de Bangladesh, un país muy similar a su vecino del sur y compuesto por un grupo étnico muy similar al suyo, el bengalí. En el 2018, la Corte Penal Internacional inició un proceso contra Myanmar para salvaguardar los derechos de los rohinyás, a través de Bangladesh, porque Myanmar no firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto, La Corte Penal Internacional no dispone de legitimidad para juzgarlo. Se impuso a Myanmar el deber de salvaguardar los derechos de la minoría rohinyá que aún permanece en el país, mientras se llevan a cabo las pesquisas necesarias para juzgar a los culpables. El jefe de la División de Jurisprudencia, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal del CPI, Phakiso Mochochoko, en una entrevista concedida en Daca informó que “en una situación ideal deberíamos poder acudir a Birmania y recopilar información desde allí, pero desafortunadamente no podemos hacerlo porque Birmania no está cooperando con nosotros”. Aún así aseguró que “no era un desafío insuperable”.
En Rohinyá, el drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi, Alberto Masegosa nos pone sobre la pista de por qué reciben un trato discriminatorio por parte del Estado: “No figuraban entre los grupos tribales identificados antes de la llegada de los británicos”, ya que, “la potencia colonial había distinguido y numerado tres grupos distintos de población en Arakan; 60.000 budistas, 30.000 musulmanes y 10.000 personas de otro credo y orígenes. Pero si a los budistas los identificaban étnicamente como rakéin, a los musulmanes no se les clasificaba como rohinyá. Y la población musulmana se había multiplicado desde entonces”. En 1911, el gobierno de Su Graciosa Majestad tuvo a bien hacer un nuevo censo en el cual el número de musulmanes ascendió a 155.000, pero, por “razones del azar”, los seguidores de Mahoma seguían sin identificarse como rohinyá, de ahí la conclusión a la que llegó tras la independencia el Gobierno de Birmania: “Los rohinyás eran un producto de la colonización, que los había traído de Bengala”.
¿Cómo conviven los rohinyás con la Covid-19?
Los campos de refugiados rohinyás, por desgracia, se han visto afectados como el resto de regiones mundiales por la pandemia. Los refugiados viven una realidad amarga expulsados de sus hogares manu militari y abocados a una condición misérrima en una región del planeta hostil: “En los campos se cometen todo tipo de abusos, porque el poder está en manos de las mafias, compuestas por una pequeña parte de la comunidad rohinyá y algunas organizaciones no tan humanitarias, que buscan lucrarse del dolor ajeno”, nos cuenta Alberto Masegosa. Se conocen muchos casos de extorsión, de violaciones a mujeres e incluso de venta de personas a países vecinos, “alguno incluso llegó a Nepal”.
Es cierto que la sanidad Bangladesí a principios de siglo hizo sus deberes y adecuó el sistema sanitario con los pocos recursos que tenía para lograr que una población malnutrida y con una esperanza de vida corta saliera del pozo negro. Bangladesh alcanzó su milagro con esfuerzo y tesón, ofreciendo una medicina que en el momento del boom sanitario se denominó low cost, pero que resultó altamente efectiva, al menos las cifras de la OMS así lo demuestran: la esperanza de vida media actual se encuentra en los 71 años. De todos modos, y aunque la sanidad marca las agendas de los gobiernos, el sistema de salud cuenta con un presupuesto exiguo para apostar por la cura en vez de la prevención.
Había razones de más para decretar el cierre de los campamentos de refugiados, en marzo, después de reportarse el primer caso de covid-19 en Cox`s Bazar, lugar donde se sitúan los asentamientos rohinyás. Se pretendía evitar el colapso sanitario en un país que supera los 160.00.000 de habitantes, y que además tienen que hacer frente a otras enfermedades endémicas como el paludismo especialmente virulento en esa misma región.
El confinamiento fue total y solo se podía acceder a los campamentos para cubrir unos mínimos necesarios. A través del correo electrónico Shariose Mawji, la jefa de Servicios sobre el Terreno de UNICEF en Bangladesh, nos enumera la actividad que a las ONG se les permite desempeñar: “Solo podemos acceder a los campamentos para proporcionar servicios críticos relacionados con la salud, la nutrición, la promoción de la higiene, instalaciones de agua y saneamiento, algunas actividades de protección que incluyen la reapertura de algunos sitios de registro, servicios de logística, actividades de autosuficiencia, gestión del sitio y actividades de desarrollo del sitio relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, la construcción de las instalaciones de salud y la infraestructura higiene, así como las distribuciones clave como alimentos, gas licuado de petróleo (GLP) y kits de higiene“.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y las ONG, en mayo se confirmaron los primeros casos de covid-19 entre los refugiados rohinyás. Un mes después el gobierno de Bangladesh confirmó la muerte del primer refugiado de tan solo 17 años de edad. “De los 860.697 refugiados hemos reportado 251 y 8 muertes”, cifras incluidas en los 4.470 casos y 68 muertes confirmados en Cox`s Bazar hasta finales de septiembre, nos enumera Shariose Mawji.
El 80% de la actividad de las ONG ha cesado por completo acarreando graves problemas a la comunidad rohinyá que dependen casi en su totalidad de la ayuda que las instituciones internacionales les brindan. Según el periodista bangladesí Shafiur Rahman, especialista en la crisis migratoria que azota a su país, los rohinyás se quejan de la “deficiente gestión en cuanto a la respuesta al virus”. “Se ha producido una disminución importante de los servicios médicos, faltan materiales para la reconstrucción de infraestructuras, se producen largas colas para obtener el agua suficiente que les permita cubrir sus necesidades fisiológicas, además de que las comidas establecidas en las fichas de racionamiento no son las adecuadas”. A Los rohinyás tampoco les está permitido salir a ganarse; por lo tanto deben de subsistir con las ayudas que las ONG les proporcionan.
Y para que la escasez no haga de los campamentos de refugiados un infierno peor que el de Dante “hemos establecido puestos de control en las carreteras que conducen a los campamentos para registrar las entradas y salidas de los cooperantes, además les tomamos la temperatura antes de acceder al campamento. Aún con todo, se han hecho esfuerzos para minimizar la huella del personal dentro de los campamentos a fin de reducir el riesgo de exposición de los refugiados”, nos informa Shariose Mawji de los protocolos seguidos por los cooperantes para acceder a los campamentos.
La realidad dentro de los campamentos es de hacinamiento: “Quizá no nos demos cuenta, pero la pandemia acrecienta lo lamentable de estas situaciones. Los rohinyás están hacinados y si algo nos ha demostrado el virus es que la concentración de personas le permite expandirse a mayor velocidad”, nos advierte Alberto Masegosa.
En el reparto de las raciones no se cuida el distanciamiento social, las personas esperan ansiosas su ración de comida y poco pueden hacer los cooperantes para impedir las aglomeraciones. Por otro lado, se han creado puntos de lavado de manos y se dan suministros de higiene; hay campañas de concienciación sobre la covid-19 en marcha, que informa de lo peligroso que es el virus y la forma de combatirlo. Pero aún así “ves a refugiados que ignoran las normas y recomendaciones, van por la calle sin mascarilla y, además, hacen grandes aglomeraciones innecesarias”, se queja Shafuir Rahman.
Si a la situación de los 315.000 niños y adolescentes de por sí delicada, ya que están expuestos a ser secuestrados, maltratados o violados, le sumamos el cierre de los espacios educativos podríamos hablar de una generación de jóvenes perdida. Las ONG han brindado materiales escolares a los niños y se apoyan en los padres para continuar instruyéndolos, sin embargo, la mayoría de los hijos cuentan con una mayor formación que la de sus progenitores; tampoco hay suficientes profesores rohinyás que puedan cubrir las necesidades de la comunidad educativa completa dado que las iniciativas educativas solo se permiten en grupos muy reducidos.
No obstante, la revolución del Internet ha traído un pequeño rayito de esperanza, gracias a la posibilidad de implementar nuevos métodos educativos relacionados con las tecnologías, muy beneficiosos en momentos como el que vivimos ahora: “Ahora sí imaginamos caminos de aprendizaje alternativos para jóvenes refugiados cuya educación se ha visto interrumpida desde marzo”, añade Shariose Mawji.
Respuesta de Bangladesh
La respuesta del Gobierno de Bangladesh a la crisis migratoria deja mucho que desear. En septiembre del año pasado, la red de Internet se cortó dentro del campamento por orden del Gobierno, afectando gravemente a los refugiados y a las ONG que tuvieron serias dificultades para efectuar los servicios ordinarios. Si bien el 28 de agosto de 2020 Bangladesh devolvió la red, sus actos siguen mostrando su desprecio por la comunidad rohinyá: “No solo han puesto alambre de espino alrededor de los campamentos para impedir que salgan del perímetro establecido- esto en sí ya es una violación grave de los derechos humanos-, además tratan de persuadirlos de que se muden a la isla Bhasan Char”, nos cuenta indignado Shafuir Rahman.
Por su parte la sociedad refrenda los actos del Gobierno. No importa que compartan credo, “el miedo es una epidemia que se extiende a mayor velocidad que cualquier virus”- reflexiona Alberto Masegosa-. La vida de los bangladesíes tampoco es fácil”.
Cox`s Bazar se encuentra entre las regiones con mayor índice de pobreza de Bangladesh; la llegada de los refugiados ha contribuido a debilitar su de por sí débil ecosistema social: “Antes de la llegada de los refugiados, más del 50% de las mujeres de Cox’s Bazar se casaban antes de los 18 años, mientras que las tasas de deserción escolar se encontraban entre las peores del país”, nos señala Shariose Mawji. Los rohinyá han contribuido como mano de obra, hecho que ha dinamitado la demanda de trabajo, provocando una disminución de los salarios en una cuarta parte, que según el Banco Mundial, se ha traducido en niveles de precariedad y pobreza aún peores de los registrados antes de su llegada.
Sin duda, esta situación genera tensiones entre los refugiados y la población autóctona, acrecentados por la pandemia de covid-19. “La sociedad bangladesí es muy contraria a la permanencia de los rohinyás en el país, propaga bulos, diseminados por la prensa”. Pero lo lamentable del asunto nos cuenta Shafuir Rahman: “es que las instituciones de ley y orden público de Bangladesh, así como los políticos importantes, están involucrados en la actividad ilegal de la que se acusa a los rohinyá”.
Respuesta internacional
Después de que Myanmar se desentendiera por completo de los rohinyá, la comunidad internacional les brindó su respaldo. Según Shariose Mawji del Plan de Respuesta Conjunta se recibe actualmente un 47% de los 887 millones que las Naciones Unidas pretenden aportar para ayudar los refugiados; además esperan que el Plan de Respuesta Covid-19 emitido por Cox`s Bazar recaude 181 millones de dólares más. Muchas organizaciones internacionales aportan su granito de arena en estos duros momentos, pero entre las ayudas podemos destacar la que ofrece El Programa Mundial de Alimentos encargada de alimentar a los miles de refugiados Rohinyá.
Que les depara el futuro a los rohinyás
Actualmente los rohinyás no disponen de derechos en Bangladesh al no haber sido reconocidos por el país como refugiados, por lo tanto se les niega el trabajo, el libre movimiento y la educación. “El gobierno de Bangladesh debe desarrollar un proyecto a largo plazo y abandonar los planes a corto plazo- nos advierte Shafuir Rahman-. Ya son casi cuatro años desde que los refugiados cruzaron la frontera. Si no se actúa ya el futuro de los rohinyás será muy negro”.
David Valiente Jiménez. Madrid
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 18 Octubre 2020.