
España todavía recuperándose de la crisis económica de 2008 ya ha comenzado a sufrir los estragos del coronavirus. Cabe recordar que desde 2008 hasta 2014, según el INE, se dio la recesión o crisis económica, debido al fin de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y en consecuencia al aumento del paro. Poco a poco la economía fue recuperándose hasta situarnos en 2019, donde el PIB creció hasta el 2%, cifra inferior de la esperada y el número de desempleados superaba los 3 millones. Pero el 2020 ha traído consigo una nueva realidad, el coronavirus.
El virus se expandía rápidamente, colapsando los hospitales y creando una crisis sanitaria que solo podría paliarse con el confinamiento impuesto el 14 de marzo. Durante el encierro solo los servicios imprescindibles estuvieron abiertos, es decir, supermercados y farmacias. Por tanto, las demás ocupaciones sufrieron un parón y se vieron obligados a poner en ERTE a sus trabajadores hasta que pudiesen retomar su actividad. Concretamente en marzo 3,4 millones de trabajadores se acogieron al ERTE y a día de hoy, todavía quedan 773.000. Ante tal situación el gobierno anunció en junio que pondría en marcha el Ingreso Mínimo Vital, es decir, una prestación que concedería la Seguridad Social para ayudar a las personas que se encuentren en situación de riesgo o pobreza. A cambio, tendrían que realizar trabajos para la comunidad y se podría compaginar con otras prestaciones. El plazo para presentarlo terminaba en septiembre, pero ante la imposibilidad de la Seguridad Social de atender todas las peticiones se ha extendido tres meses más, ya que, solo se ha concedido un 1% de las 900.000 solicitudes enviadas.
Tres de cada cinco trabajadores en ERTE provienen de la hostelería, ya que, además del tiempo que estuvieron cerrados los servicios, cuando reabrieron surgieron rebrotes en todo el país, que terminaron cerrando de nuevo el ocio nocturno por precaución y poniendo limitaciones a los bares. El turismo también se ha visto afectado por diversos factores como la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en ERTE, el temor al virus, la cuarentena obligatoria que impusieron muchos países a los llegados de España y la cancelación de todas las fiestas populares por seguridad. Solo en julio el turismo perdió el 80% del beneficio, ya que, llegaron 7.4 millones de turistas menos que el año anterior y el beneficio fue de 9.530 millones de euros menos. Estas pérdidas han sido significativas, teniendo en cuenta que el 75% del PIB español proviene del sector terciario y el turismo genera el 13% del PIB.
Con estos datos sobre la mesa y la amenaza de una segunda ola hay una gran incertidumbre en todos los ámbitos, como en el económico donde las previsiones no son muy favorables. El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, prevé dos nuevos posibles escenarios para el futuro inmediato, con una caída histórica del PIB de entre el 10,5% y el 12,6% este año y un crecimiento de entre 4,1% y 7,3% en 2021. En cuanto a la tasa de paro estaría sobre el 20% hasta 2022 aunque “mostrará una evolución muy heterogénea entre las distintas ramas de la economía”. Además, ha pedido no tener miedo a ampliar los ERTE pero ha recomendado centrarse más en empresas y no tanto en sectores.
Pero no está siendo tan sencillo, ya que la negociación de la prórroga de los ERTE se ha aplazado a la próxima semana, al no sacar nada en claro. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que no acordará una prórroga de los ERTE si los trabajadores protegidos consumen una futura prestación por desempleo tras 180 días y si se elimina la cláusula de salvaguarda del empleo, que prohíbe a las empresas despedir a los trabajadores en ERTE durante los seis primeros meses tras la vuelta a la actividad. CCOO, a su vez, se ha mostrado a favor de mantener los ERTE ya que según afirmó su secretario general en una entrevista para Radio Capital: “la negociación es dura, la alternativa es más costosa».
Algunas empresas han tomado como alternativa el teletrabajo, para evitar más contagios y poder mantener los puestos de trabajo. Pero CGT quiere exponer ambas caras de la moneda con su campaña: “Teletrabajo: no es oro lo que reluce”. En ella explica que el teletrabajo está realizándose por motivos de fuerza mayor y que en muchos casos ha pasado a ser una herramienta de control y dependencia. Quiere recalcar que las empresas están ahorrando muchos costes con el trabajo online, ya que, son los trabajadores los que ponen los medios para poder realizarlo. Para controlar estos detalles, UGT, CCOO y CSIF han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el teletrabajo para regular el teletrabajo en la Administración. La base principal del acuerdo es que el teletrabajo es un derecho reversible y voluntario y que las empresas serán las que faciliten los medios tecnológicos necesarios a sus empleados. A su vez, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo ha avanzado que la ley del teletrabajo y la regulación del trabajo en las plataformas de distribución, verán la luz “en días”. Así pues, este es el principio de un largo camino donde se establecerán las nuevas condiciones laborales y se implantarán las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales y reducir el paro.
Para más información: El Gobierno regula el trabajo a distancia y Real Decreto-ley que regula el trabajo a distancia
Andrea Navarro Ballesteros. Castellón.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 20 Septiembre 2020.