La operación Púnica pone un punto y seguido a la corrupción en España. Este gran problema estatal se ha convertido en el talón de Aquiles de los políticos, ya que desde el año 2000 en nuestro país se han registrado 800 casos de corrupción. Esto conlleva un extración de 40.000 millones de euros al año a los españoles, según un estudio de la Universidad de Las Palmas, por lo que acentúa la crisis económica que estamos sufriendo y aumenta el descontento social en unas cifras superiores a las que reflejan las estadísticas oficiales. Púnica, Tarjetas Black, Pujol, Gürtel, Eres. Un sinfín de casos e imputados que resquebraja los pilares democráticos de nuestro sistema.
En este año 2014 se han producido más de 500 imputaciones y casi 1.700 causas abiertas. En el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción del sector público, España se sitúa en el puesto 40 de los 175 publicados (Dinamarca encabeza la lista como el país más limpio). Ahora bien, la operación Púnica ha añadido 51 nuevos nombres a los más de 800 registrados en la última década, repartidos por todo el territorio y creando un mapa desolador. – seguir leyendo
– La corrupción y la mentira – por Lluís Foix
– Corrupción en el Reino de España – Corrupción en Marbella
– La batalla del Carmelo / II – por Francesc Sánchez
Operación Púnica
El epicentro de esta última operación se encuentra en el ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), ya que allí se produjo la detención de Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre y hombre de confianza del partido. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, fue el encargado de ordenar una macro redada y registros en empresas y domicilios particulares ante las sospechas de corrupción, llegando a imputar a 51 personas, entre ellas el alcalde de Parla, de Valdemoro y varios empresarios. Se descubrió entonces que Granados y su socio, David Marjaliza, tenían 5,8 millones de euros en cuentas en Suiza además de relaciones con la empresa Cofely, empresa con contrataciones fraudulentas. En síntesis se trata de una trama organizada que aprovechó su influencia social y política para obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos para beneficio propio.
Tarjetas Black
El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid causó un gran revuelo mediático ante la filtración de los gastos de los directivos de la entidad bancaria. Mediante unas “tarjetas black”, los dueños escapaban a la contabilidad oficial de la caja y aprovechaban para comprar ropa o alimentos y pagar viajes, hoteles o restaurantes con ellas. Una tarjeta que se aprovechaba de una contabilidad B y que permitía todo tipo de lujos a los afortunados.
En esta ocasión, el juez Fernando Andreu fue el encargado del caso y atribuyó a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a Rodrigo Rato, de Bankia, la plena responsabilidad por el sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de ambas entidades cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas. No obstante, este escándalo provocó más de una decena de dimisiones y destituciones en la Comunidad de Madrid y en los sindicatos de CCOO y UGT, así como un duro golpe al Gobierno.
Sin embargo, para Blesa, las tarjetas se trataban de un complemento retributivo de «libre disposición”, aunque en el artículo 24 de la Ley de Cajas se mencione que ningún consejero puede cobrar por gastos que no estén relacionados con la asistencia las reuniones de la cúpula. A pesar de esto, 86 exconsejeros y antiguos directivos de Caja Madrid gastaron 15,2 millones entre 1999 y 2010, mientras que este último año y el siguiente, el gasto correspondió a la cúpula de Bankia, a la que dio tiempo a gastar 242.000 euros (recordemos el rescate a Bankia con fondos públicos).
Pujol
Uno de los casos con mayor repercusión ha sido el caso Pujol. El ‘expresident’ y su hijos han sido acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal, lo que hace replantearse muchos aspectos en el catalanismo actual.
La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha, lo que salpica de lleno a CiU. Entre las causas abiertas se investigan delitos fiscales, de cohecho y de blanqueo de capitales desde hace 34 años, lo que supondría un problema para el fundador de Convergència. A su vez, se ramifican varios casos como el Palau, el caso Pujol Ferrusola, el de las ITV’s o el de Oleguer Pujol, por lo que hasta cinco jueces tienen en sus manos el caso Pujol.
Los escándalos financieros de la familia catalana se suceden y la lista es amplia. Entre ellos, cuentas en el extranjero, fortunas sin declarar o financiación ilegal. No obstante, el caso permanece abierto a la espera de nuevas pruebas y declaraciones, por lo que el futuro del expresident está en el aire.
Caso Gürtel
Iniciada en febrero de 2009, esta investigación cumple su quinto aniversario después de muchos trajes y declaraciones. Esta red de corrupción política se vinculó al PP después de los conocidos papeles de Bárcenas, y tenía como líderes a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Esta trama, al igual que la operación Púnica, se nutría de ventajas en materia urbanística y medioambiental gracias a dádivas y sobornos.
Este caso fue inicialmente instruido por el juez Baltasar Garzón, pero a razón de la grabación de las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, incurrió en prevaricación y vulneración de la intimidad, por lo que fue apartado y suspendido. En la actualidad, el magistrado Pablo Ruz es el encargado del caso.
Uno de los personajes más conocidos de la trama fue el presidente de la Generalitat Valenciana por aquel entonces, Francisco Camps. Se encargó supuestamente de conceder adjudicaciones a empresas a cambio de “regalos”, aunque finalmente en 2012 fue absuelto de los cargos.
La trama Gürtel se considera además el peor ataque al Gobierno del PP, ya que los casos de fraude aluden todos al partido. La imagen del partido de Rajoy se vio muy dañada por entonces, y en la actualidad, con la aparición de Granados, el tema resurge aunque otros partidos también estén afectados.
Los ERE
En esta ocasión, la corrupción salpica al PSOE en Andalucía. En la Comunidad que gobiernan desde 1980, el partido socialista tuvo que hacer frente en el 2011 a la acusación de fraude política. En este sentido, se concedieron en su momento prejubilaciones fraudulentas, subvenciones a empresas que no presentaban un ERE o altas comisiones a intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores, constituyendo un fraude total de unos 136 millones de euros. A principios de septiembre, se sumaron 20 nuevos imputados, por lo que en la actualidad son ya 227 los implicados.
Entre los imputados, Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama, Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino, y Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén). No obstante, desde el Gobierno se pide la imputación del ex presidente Griñán y Chaves.
La lista de casos de corrupción no termina aquí. Los papeles de Bárcenas, el caso Pokemon, el caso NOÓS, el caso Palma Arena y otros muchos más empañan la imagen política y social de España. Las causas permanecen abiertas y todavía queda un largo periodo para que la Justicia dictamine qué sucederá con todos los imputados. Se trata en realidad de un recorrido por los municipios españoles a través de los implicados en el fraude, un fraude que no entiende de signos e ideologías ya que traspasa los muros de Génova al igual que los de Ferraz.
Elena Rodríguez Flores. Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 31 Octubre 2014.