España no es lugar para pensionistas – por Francisca Bernal

Sección de Economía
España no es lugar para pensionistas
por Francisca Bernal

España está viviendo un período muy convulso de reformas estructurales y de sostenibilidad a raíz de la crisis económica que venimos padeciendo hace unos años. Son medidas muchas de ellas impuestas desde Bruselas para atajar el déficit presupuestario que nuestro país arrastra hace tiempo.

Muchas de estas reformas han recaído sobre el sistema de pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad. De hecho nuestro Gobierno ya ha cifrado el ahorro que se conseguirá por la implantación de estas enmiendas, aproximadamente unos 33.000 millones de euros. De toda esta recaudación que se pretende obtener habrá un dato objetivo- los jubilados perderán poder adquisitivo.

En 2013 se creó un Comité de Expertos para reformar el sistema de pensiones. En este comité se abordaron diferentes reformas estructurales para sostener y garantizar estas prestaciones en el futuro. Ya el Ejecutivo implantó serias enmiendas en 2011 en las que se cambió la forma de actualización anual de prestaciones que hasta ahora estaban vinculadas al IPC para ligarlas a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit de un 0,25% y un techo para los años de superávit (inflación más el 0,25%). También se elevó la edad de jubilación a los 67 años y se amplió la base reguladora para calcular la pensión de un trabajador que pasará de los 15 a los 25 años en 2020 y se incrementa los años para cobrar el 100% de la jubilación de los 35 a los 37 años. Pero el ahorro que dice nuestro Gobierno se logrará con estas reformas se hará de manera gradual, es decir para este año se economizará unos 809 millones de euros y así sucesivamente.

Las pensiones futuras sufrirán un recorte medio del 20% con respecto a la situación actual como consecuencia de la ampliación del período de cálculo de la base reguladora. Sólo el aumento de esta edad de cálculo de 15 a 25 años supondrá un recorte del 9% de la base reguladora como mínimo.

Ante todo este panorama la patronal CEOE ahonda más en la miseria social con comentarios y argumentos que defienden su propio beneficio y no conforme con las reformas impuestas desde el Ejecutivo apoyando enmiendas si cabe más duras e impopulares. Una de ellas es la ampliación de toda la vida laboral del período de cotización obligatorio para calcular la pensión. Si se produjese este hecho la mayoría de los trabajadores que son despedidos en sus últimos años de su vida laboral podrían verse perjudicados y además los salarios en 25 años han sufrido muchas modificaciones y no siempre para bien.

Otra de las reformas que plantea esta patronal es en relación con las pensiones de viudedad alegando que éstas fueron concebidas como una prestación de subsistencia de renta y ahora en la actualidad, esta situación ha cambiado sobre todo por la incorporación de la mujer a la vida laboral. La CEOE aboga que estas pensiones sean otorgadas a las personas con más necesidad y con responsabilidades familiares y que sean sufragadas con impuestos. Estos argumentos pueden ser válidos en aquellas personas que tienen una pensión de elevada cuantía y además perciben prestación de viudedad. En España hay 29.000 pensionistas que cobran más de 2.548 euros y unos 600.000 que perciben más de 2000. Pero la realidad demuestra con números que los pensionistas en general en nuestro país no cobran esas cantidades por lo que sí serían necesarias en estas personas.

Parece que el objetivo de la CEOE sea buscar otro camino para rebajar las cotizaciones sociales a las empresas que actualmente son del 23% para subirlas a los trabajadores que es de un 4,7%. Para ello no sería necesario desalojar estas prestaciones de la Seguridad Social.

Con todo esto se abre un debate para plantear la sostenibilidad de las pensiones en España. El problema del envejecimiento en nuestro país es nuestro tendón de Aquiles. Por un lado el aumento de la esperanza de vida, una tasa de fecundidad muy baja y el esperado Baby Boom donde se espera que el número de pensionistas se incremente al alza abre un panorama lúgubre y poco esperanzador. Las consecuencias que se derivarán de este proceso de envejecimiento serán el aumento de la tasa de Dependencia que pasará del 27% actual al 40% en 2015 y al 77% en el 2050.

La sostenibilidad de las pensiones resulta trabajo arduo de mantener por una sencilla razón, para que éstas se puedan conservar se necesita que haya mayor número de personas trabajando en activo y puedan abonar sus cotizaciones a la seguridad social, hecho que como todos sabemos en esta época es difícil que se produzca porque tenemos cinco millones de parados y las arcas del Estado están prácticamente vacías. Un hecho a constatar es que llevamos dos años que el Gobierno está entresacando dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pagas extraordinarias de los pensionistas. En este sentido se han escuchado comentarios al respecto sobre que la Seguridad Social percibe ingresos durante 12 meses pero paga pensiones catorce veces al año. No es un buen augurio esta disquisición por la recesión en que estamos inmersos. Suena más bien a un peligro amenazante a corto plazo si la situación económica de nuestro país continúa aflorando déficits y déficits.

Prosiguiendo con los rumores que saltan a la escena nacional sobre el futuro de las pensiones, ciertos grupos financieros abren la expectativa de la necesidad de incluir planes de jubilación privados para complementar las pensiones públicas. La realidad demuestra que serán las grandes aportaciones a estos planes las que reciban mayor desgravación y beneficios fiscales, mientras que para los medianos y pequeños ahorradores el ahorro será bastante modesto. Además la liquidez de estos planes es limitada, porque el consumidor no podrá rescatar sus aportaciones hasta el momento de su jubilación y en el caso de necesitarla sólo podrá realizarlo en caso de paro de larga duración o enfermedad, y siempre con una penalización. Toda esta situación entre grandes y pequeños ahorrados hará que se aumente más la brecha social porque habrá ciudadanos que no puedan contratar estos productos financieros.

Nuestro Gobierno ve en el alargamiento de la esperanza de vida un problema y aunque España es uno de los países europeos que menos destina a las pensiones, un 8% del PIB, se espera que para después del 2050-60 sea de un 15%. Estos cálculos, habiendo como hay en España cada vez más personas que reciben una pensión del Estado ?actualmente 9 millones de pensiones y según previsiones para el año 2050 de unos 15 millones y con una tasa de desempleo del 27%, para el año 2050? el déficit de la Seguridad Social alcanzará el 1,5% del PIB.

Paralelamente el Gobierno de la Nación para realizar sus presupuestos y que cuadren ante las miradas recelosas de la Unión Europea quiere poner en riesgo de exclusión a las viudas y huérfanos de nuestro país. De momento se ha aplazado la aplicación de la Ley 27/2011 de 1 de Agosto, para actualizar y modernizar el Sistema de Seguridad Social, por la que se retrasa la mejora de las ayudas a las viudas de más de 65 años que perciban otra pensión pública. Con esta Ley se obligaba a adoptar medidas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivaliese como mínimo al 60% de la base reguladora.

En España hay 2,3 millones de viudas, la mayoría pobres, 377.000 de ellas no reciben ningún tipo de prestación, el 93% son mujeres y de éstas el 94% tiene al menos 55 años. Parece que se ha olvidado que estas mujeres con su trabajo en casa contribuyeron en su día al desarrollo económico de sus familias y ahora las arrojamos como despojos a la mendicidad más absoluta. Además muchas de ellas están sosteniendo a sus hijos y a sus respectivas familias con sus ínfimas pensiones por la gran cantidad de desempleo que hay en nuestro país.

Hubo un tiempo en que los jubilados eran intocables, se habían ganado el reposo del guerrero tras años de lucha en el frente, pero todavía lo eran más las viudas y sus huérfanos. ¿Qué ha pasado en nuestra concepción de proteger a los más débiles de nuestra sociedad? Ahora nuestro Ejecutivo baraja sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de la Seguridad Social para sufragarlas con impuestos. Todo parece indicar que con esta salida, estas prestaciones se convertirán poco a poco en asistenciales y sólo se aplicarán a aquellas personas que el gobierno considere que lo necesiten. De un plumazo se borran casi dos millones de pensiones y la CEOE queda maravillada de la insigne capacidad de gestión de España para con sus pobres- todo hay que decirlo.

La partida económica que se destina al pago de estas prestaciones de viudedad es del 20% del desembolso de las pensiones totales, unos 20.000 millones de euros. Este ahorro supondrá que miles de personas permanezcan en la miseria más absoluta sin poder ser rescatados de la penuria, mientras son rescatados los bancos que han propiciado la debacle de millones de individuos que han visto que mientras sus vidas giran hacia un abismo, las entidades financieras salvan sus pensiones vitalicias al más alto nivel.

En Europa las pensiones de viudedad son de mayor cuantía, pero no se otorgan de manera tan discriminada como en España. En países europeos estas prestaciones son compatibles con otras rentas, sobre todo del trabajo. Es el caso de Francia e Italia donde sólo se percibe si la viuda/o cobra menos de una cantidad.

Si miramos que el importe medio de esta pensión es de 616,65 euros, que la pérdida media de ingresos mensuales tras enviudar es de un 28%, en el caso de las viudas supone un 33% se objetiva el desamparo que sufren estas mujeres.

Desde el Estado se considera que estas mujeres no han trabajado productivamente para ganarse la pensión. Desde los altares se olvida que los hijos no crecen solo, que los padres, suegros, abuelos no suponían cuidado alguno. Desde los altares se ha penalizado a estas mujeres que a pesar de su pesar ante la pérdida de su compañero/a de viaje todavía han de sufrir más.

Ante tales expectativas ¿qué hacen nuestros políticos? Primero lanzar mensajes de que es necesario complementar las pensiones públicas con planes privados. A veces creo entender que se está propiciando un ambiente de normalidad para que los jóvenes se vayan adaptando al futuro que tendrán con pensiones que rayen la mendicidad o si son previsores y ahorradores tendrán más a ganar. El hecho práctico es que en este país hoy en día no se puede ahorrar porque los salarios son tan bajos que difícilmente puedes hacer reserva de algún euro, es más muchos españoles que trabajan están en riesgo de exclusión por la precariedad en sus trabajos.

Si hacemos las cuentas veremos que todos son reformas estructurales y de sostenibilidad para los ciudadanos. Esas reformas poco o nada para las grandes fortunas o las SICAV (sociedades de inversión). Recortes en la sanidad, recortes en la educación, recortes en la Ley de la Dependencia, recortes en los discapacitados, recortes en las pensiones. ¿Qué sucede? ¿Acaso hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿No tenemos derechos constitucionales sobre una sanidad, una educación y una protección a los más desprotegidos? Con toda esta batería de malos augurios se llega a la conclusión de que la premisa es acabar con el Estado del Bienestar, de privatizar todo el modelo social y convertirlo en negocio apetitoso para grandes compañías liberales ávidas de atesorar todo lo indecible y más.

Algún día cuando pasen algunos años y oteemos en libros de textos la historia de España, leeremos que nuestro país tuvo algún día una sanidad, una educación, una protección social envidiable, pero sólo será una historia pasada en cuatro líneas que se borrarán en el transcurso del tiempo.

Francisca Bernal Pérez. Viladecans. Barcelona.
Colaboradora, El Inconformista Digital.

Incorporación – Redacción. Barcelona, 23 Julio 2014.