Desde hace algunos años venimos sufriendo unos recortes en materia de sanidad e investigación. Por una parte se nos argumenta que el sistema sanitario público es insostenible debido a que el pueblo hace una gran demanda de él y porque las Comunidades Autónomas (CCAA) mantienen deudas millonarias con sus proveedores.
Se han realizado estudios, algunos de ellos propiciados por industrias farmacéuticas o empresas sanitarias y financiados por bancos como el BBVA donde se describe una situación de insostenibilidad del sistema.
Uno de estos estudios “El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas” refiere que el gasto sanitario español crecerá una tasa media anual del 4% de aquí a 2016 y que para mantener la sanidad pública será necesario un crecimiento anual de 1,4% con lo que será obligatorio realizar ajustes para controlar el gasto.
Otro de los informes confeccionado por otra gran industria farmacéutica (Abbot) y cuya autoría es la de un exministro de Sanidad Bernat Soria(2007-2009) asevera que el gran problema del sector sanitario es su elevado gasto farmacéutico y el uso indiscriminado de los servicios sanitarios. Resulta irónico la defensa de estas reflexiones cuando en su etapa de administrador de la sanidad no proclamó estas conclusiones.
Estos informes contienen un sesgo ideológico y partidista porque son estudios esponsorizados por industrias del sector farmacéutico, empresas de seguros y gestión sanitaria y en ningún caso abordan la situación real de la sanidad pública, es más, de entrada las principales manifestaciones son las de inducir a la opinión pública que la entrada del sector privado es la mejor solución para una gestión eficaz y eficiente de la sanidad pública. Resulta sarcástico que siempre la eficacia y la eficiencia vayan unidas cuando se quiere describir la gestión privada y no aparezca la equidad por ninguna parte.
Pero si seguimos ahondando en más análisis, también nos encontramos con los realizados para la defensa de la gestión pública que afrontan los problemas con números reales y sobre todo con la situación de crisis económica que estamos padeciendo. Uno de estos informes es el elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública “La sostenibilidad del sistema sanitario público: 12 propuestas para garantizarla”. En este análisis se exponen planteamientos concretos de cómo hacer una sanidad viable para 47 millones de personas reflexionando sobre los verdaderos males de la ineficiencia de Sistema Nacional de Salud (SNS).
Una de las premisas que ponderan las empresas privadas de sanidad es que el gasto sanitario español es muy elevado, pero estas cifras las recogen antes del período de crisis, no se hace eco de los datos recogidos entre 2010-2013 donde los presupuestos otorgados a las CCAA han disminuido un 11,4 % con lo que se llega a la conclusión que el gasto está disminuyendo y no aumentando.
Según el Sistema de Cuentas de Salud (SCS) España gastó en sanidad unos 98.860 millones de euros en 2011, de los cuales 72.217 millones corresponden al sector público y 26.643 al privado. De todos estos gastos el 91,84% corresponde a las CCAA y supone el 9,30 del PIB. El gasto sanitario público total per cápita en nuestro país según el Ministerio de Sanidad se sitúa en 1.357 euros mientras que la partida del gasto del personal sanitario ha disminuido desde 2008 de 29.186 euros a 27.984 en 2012.
Llegamos a la conclusión que el verdadero problema no es de sostenibilidad sino de voluntad política al recortar donde otras empresas privadas especulan cada día porque entienden que la Sanidad es un gran negocio. Esto no quiere decir que no se pueda mejorar aspectos y condicionantes de una gran empresa, pero primero se han de abordar los verdaderos problemas que tenemos y no hacer ajustes tan temerarios y precipitados sin acuerdos y consensos sociales en base a unos estudios promovidos por grandes sociedades privadas en las que se prima la privatización como raíz esencial para acabar con el despilfarro.
Entre tantos análisis y tantas cifras se llega a la conclusión que los principales enemigos de nuestra sanidad son los elevados costes farmacéuticos, la sobreutilización tecnológica y las privatizaciones que incrementan el coste de los servicios sanitarios. ¿Pero qué podemos hacer para remediar esta adversidad y sobre todo quién impone los ajustes tan reiterados a nuestra sanidad?
Los ecos que lanza nuestro Gobierno conforme la estimulación de la macroeconomía no alivian en nada a los ciudadanos por la sencilla razón que nosotros nos regimos por la microeconomía y ésta todavía no ha llegado a las calles.
En los años que llevamos de crisis se nos ha mentido reiteradamente, por un lado las medidas impuestas desde Bruselas y la Troika, entidad compuesta por el Banco Mundial Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea nos pisa los talones porque este trío se encarga de estudiar la situación económica de los países para señalarles qué medidas y reformas se deben llevar cabo y si el país no obedece a la troika no recibe financiación. Si bien es cierto que el Gobierno de España había negado por activa y por pasiva el rescate económico por la Comunidad Europea no tuvo más remedio que aceptar una ayuda a la banca de unos 100.000 millones de euros de los cuales ya se han gastado unos 61.366 sin que a día de hoy se vea el fluir del crédito para alivio de los ciudadanos. Esta ayuda no ha sido gratuita, desde Europa se nos ha impuesto reformas y ajustes como la subida del IVA o la aceleración del retraso en la edad de jubilación para ir liquidando el préstamo concedido y ello se ha traducido en todos los recortes que estamos sufriendo. De hecho rescatar a 700.000 hogares sin ingresos costaría 2.600 millones de euros.
Ahora que sabemos quién nos impone las reglas y las enmiendas, nos queda saber qué medidas se pueden aplicar para que la conciliación sea lo menos agresiva para los ciudadanos. Sabemos que la sanidad es cara, no es gratis, este concepto lo tenemos aprendido a base de ingentes reducciones presupuestarias que han llevado al cierre de centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, hecho que se ha traducido en un incremento de las listas de espera y en la reducción del número de profesionales, la última cifra es de 52.000 profesionales despedidos y ha ahondado en el empeoramiento de las condiciones laborales de los que se han quedado. Todo este desbarajuste ha deteriorado los servicios y prestaciones que hasta ahora se estaban ofreciendo.
Con todo ello, todavía a día de hoy nuestro Gobierno no ha consensuado las medidas de ahorro para nuestra sanidad de una manera ecuánime. Sólo ha dirigido sus metas a incrementar la necesidad de privatizar la sanidad obviando las propuestas que se han dirigido a salvar lo público. Tenemos un ejemplo de ello en la Comunidad de Madrid donde se quería privatizar seis hospitales públicos amén de otros centros de Atención Primaria, que justamente son la puerta de entrada al sistema sanitario.
Si sabemos cuáles son los males de nuestra ineficiencia lo más razonable sería abordarlos para priorizar en aquellos en los que sí está justificado hacerlo y no generalizar sobre otras actuaciones que demuestran el escaso interés de nuestros políticos en ofrecer ajustes sinceros y no partidistas.
En estos años de crisis España ha cumplido con todos los requerimientos estipulados por la Troika. Primero se empezó con los ajustes en las recetas de los medicamentos, se continuó en la duración y remuneración de los subsidios de desempleo y se realizó la reordenación de los empleados públicos. Con todo el ahorro monetario propiciado por estas medidas, no sabemos si se ha reinvertido en sanidad o por el contrario ha sido destinado a otras partidas menos prioritarias por lo que el sacrificio de miles de españoles no se ha visto recompensado de ninguna de las maneras.
Otro de los sectores en las que el presupuesto ha sido mermado es el correspondiente a investigación y ciencia que ha caído un 31,5% en los últimos años. Sin el apoyo a la ciencia pasaremos a ser considerados como un país de segunda categoría y daremos al traste con muchos años de trabajo; tanto es así que habremos retrocedido en el tiempo 15 años de resultados prometedores. Los investigadores están siendo reclutados por otros países que sí saben cómo aprovecharlos. El dinero invertido en su formación será disfrutado por los estados acogedores de tal insigne despropósito.
Otro de los ejemplos más preocupantes sobre los recortes de sanidad es la salida al mercado de nuevos tratamientos para enfermedades inmunológicas, el cáncer y la hepatitis C; tratamientos todos ellos con un coste tan elevado que pueden zarandear los presupuestos de un hospital en su conjunto. Un espejo de este recelo es la cuantía tan insostenible de estas terapias; ejemplo de ello lo tenemos en el afloramiento de un nuevo fármaco para la hepatitis C que cuesta entre 60 y 120.000 euros por cada paciente y al que se le presupone una curación de un 90%. Sólo en España se calcula que puede haber unas 900.000 personas que padezcan la enfermedad, muchas de las cuales desconocen que la tienen. Durante todos estos años han sido tratadas con inyecciones y fármacos con muchos efectos secundarios que obligaba en muchos casos a coger bajas laborales y en otros tantas no se producía la curación ansiada porque el porcentaje de éxito se estipulaba entre un 60-70%.
La cuestión real es que la sanidad española en horas muy bajas ha creído oportuno racionalizar estos tratamientos, establecer protocolos de actuación y administración de éstos. Según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios está demorando la autorización de nuevos fármacos por el elevado coste que suponen. Esta oficina realiza comisiones de aprobaciones de terapias y fármacos muy intervenidas por el Ministerio de Economía, conforme el presupuesto de sanidad disminuye las trabas van aumentando, lo que contribuye a que los médicos tengan cada vez más dificultades en prescribir estos nuevos tratamientos. A su vez, los pacientes no son lo suficientemente informados de los nuevos avances con lo que no pueden reclamar.
La OMS también se ha pronunciado a este respecto y ha exigido que estos nuevos tratamientos sobre la hepatitis C sean más económicos y asequibles por el hecho de que el mundo hay 150 millones de personas que padecen esta enfermedad. Las compañías farmacéuticas alegan en su defensa que necesitan poner precios más altos a estos fármacos para cubrir el enorme costo de desarrollo, que incluye los gastos en medicamentos que no consiguen lanzar al mercado. De momento, en nuestro país el Ministerio de Sanidad ha establecido un extenso protocolo de uso, pero no en todas las comunidades se aplica del mismo modo, por lo que se pueden establecer condiciones de desigualdad entre los enfermos sólo por el hecho de vivir en distintas regiones; además no todos los hospitales disponen de presupuestos que puedan asumir tales gastos y algunas asociaciones de defensa de los presos están alertando de las dificultades de éstos a tratamientos innovadores, por lo que se está creando una percepción de pacientes de primera y de segunda clase.
El dilema que se plantea ahora es cómo incorporar estos tratamientos de forma que el coste pueda ser asumido por la sanidad pública. Cuanto antes se administre antes se para el daño. Si pensamos en todos los fármacos de una nueva generación que curan enfermedades como el cáncer, la hepatitis u otras enfermedades que generan cronicidad, múltiples hospitalizaciones, reintervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, bajas laborales y pensiones por incapacidad, no sabemos si resultaría más económico el ofrecimiento de estos medicamentos a los pacientes. Pero claro, este balance sería en un futuro y de momento sólo se mira al presente.
Aunque hay un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCD) en el que se alerta de los efectos de los recortes sanitarios, nuestro Gobierno no se da por enterado. En este informe se da relevancia a los grupos de personas con menos ingresos que renuncian a los tratamientos y cuidados que necesitan ante la reducción de los servicios financiados con fondos públicos.
Las cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad en materia de listas de espera hacen referencia a que unas 571.395 personas aguardan a ser intervenidas, el tiempo de espera ha aumentado 100 días en 2013 de los 72 en 2012. Se ha producido una reducción en las carteras de servicios; si a ello le sumamos la disminución del personal sanitario, la exclusión de los inmigrantes en situación irregular o el cierre de muchos centros de salud veremos que es imposible ofrecer al ciudadano una sanidad de calidad.
Con toda esta visión no es de extrañar que sólo se vean mareas de todos los colores por las calles de nuestro país. Aunque por un lado se nos diga que todos estos recortes están justificados para sostener la insostenibilidad del sistema sanitario es obvio que muchas empresas privadas están aumentando sus beneficios en detrimento de la sanidad pública por lo que los verdaderos olvidados son los enfermos que deben aguardar pacientemente listas de esperas tan amplias y anchas que hace que los enfermos sean considerados un número de identificación, anónimo y carente de historia lo que está propiciando una sanidad tan fría que hiela la esperanza de muchos y calienta la riqueza de pocos.
Si sabemos los males de nuestra sanidad sería hora de atajarlos con soluciones prácticas y consensuadas por expertos y no por aquellas personas abonadas por informes hechos a medida. Aunque la sanidad pública lleva años en el punto de mira de los mercados, ahora se ha agudizado con la connivencia de la crisis económica y con el conflicto de intereses por parte de grandes empresas del sector sanitario que en vez de ahorrar a la sanidad pública encarecen el coste total en detrimento de la salud.
España gasta menos en sanidad que otros muchos países de la UE-15. Existe una insuficiente financiación por una recaudación deficiente y una disminución de la presión fiscal, hay un elevado gasto farmacéutico porque no se quiere o no se le da la suficiente importancia a la comercialización de genéricos que son mucho más económicos, en este sentido las industrias farmacéuticas tendrían mucho de que hablar. Otra de las causas es la sobreutilización tecnológica que no está basada en la evidencia científica. La OMS en su último informe sobre la Salud en el mundo 2010 señala que hay entre un 20-40% del gasto sanitario que es ineficiente, por lo que se deberían establecer y aplicar protocolos y procedimientos que abarataran los costes de esta sobreutilización. Para ello se podría dotar de formación a los profesionales en medicina basada en la evidencia y eficiencia científica.
Establecer una gestión no politizada y acabar con gestores con afinidad política o personal con ausencia de formación específica lo que ha favorecido la carencia de participación ciudadana y profesional generando desconfianza entre los profesionales, desmotivación y falta de colaboración. Ha de haber un control en las Comunidades Autónomas sobre los presupuestos en materia de sanidad y establecer un plan integrado de salud que sirva para constituir objetivos comunes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud para determinar las necesidades reales de nuestra sanidad.
Rechazar el copago farmacéutico porque penaliza a los enfermos y a los que tienen menos recursos económicos. El progresivo envejecimiento de la población está determinando un aumento de las enfermedades crónicas, un 25% de los mayores de 65 años padece más de una patología crónica, esto supone que el 70% del gasto sanitario está asociado a estas enfermedades, por lo que un 20% de estos enfermos podrían ser atendidos en hospitales de media-larga estancia o centros sociosanitarios, algunos de ellos públicos, donde el coste es seis veces menor que una cama hospitalaria de agudos. En nuestro país las camas de crónicos son muy escasas y las consecuencias son un gasto innecesario porque tratan patologías ya diagnosticadas tributarias de recursos y cuidados poco costosos y sofisticados.
Otro de los recursos donde se podría ahorrar es en la dotación de más importancia a la Atención Primaria donde en estos años se la ha marginado en las tareas de prevención y promoción, centrándose sólo en cometidos asistencialistas, además tampoco se la ha suministrado de medios profesionales y técnicos cuando se ha incrementado la población, por lo que muchas veces se derivan pacientes a hospitales por procesos que podrían ser perfectamente atendidos en este nivel reduciendo de esta manera los costes en su conjunto.
Como vemos son muchas las acciones que se pueden realizar para economizar y sostener a nuestra sanidad, son muchos los informes, expertos, organizaciones que en su labor de competencia aseveran que sí es posible mantener nuestra Sanidad Pública, entonces ¿por qué esa insistencia de privatizarla por la ratificación que es más económica? Ante tal multitud de análisis realizados por profesionales competentes, el Gobierno cierra los ojos y justifica su actuación como base sólida para la entrada de grandes lobbys que acaparan los mercados del sector sanitario.
Como dijo el presidente de Uruguay José Mújica en una entrevista reciente “derrotados son aquellos que dejan de luchar”. Luchemos entonces por la sostenibilidad de nuestra sanidad, luchemos por aquellos que no pueden hacerlo porque se les ha arrancado la voz, luchemos por un derecho universal que nos toca a todos, luchemos por la salud.
Francisca Bernal Pérez. Viladecans. Barcelona.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 18 Junio 2014.