Sección de Sociedad
La ley de la dependencia hace aguas
por Francisca Bernal
Hubo una época en nuestro país y no es una época muy lejana en la que personas que se encontraban en situación de dependencia tenían un panorama desolador; era un período donde apenas existían ayudas a este colectivo y sólo se veían favorecidos aquellos que no tenían nada; las listas de espera eran tan abultadas y la protección por parte del Estado tan minúscula que debían ser las propias familias las que debían ocuparse de los suyos.
Esta situación cambió cuando se proclamó la Ley 30/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, bautizada también con el nombre de Ley de Dependencia y que representó un nuevo modelo en el desarrollo de los derechos sociales y la consolidación del Estado del Bienestar. Se erigió por aquel entonces en el Cuarto Pilar y venía a conceder la mayor medida de apoyo para las familias en los últimos años.
Eran buenas las intenciones y los principios que regirían su puesta en marcha. De un lado la universalidad y la aportación económica por parte del Estado garante permitirían sofocar las condiciones de muchas familias que estaban desesperadas en el cuidado de los suyos y que hasta ahora no recibían prestaciones por el cuidado de sus dependientes, de otra parte no habría discriminación en la otorgación de estas subvenciones y en éstas participarían todas las Administraciones del Estado en el ejercicio de sus competencias.
Con todo ello, se puso en marcha este cuarto pilar no exento de buenas maneras pero en mi entender poco desarrollado en materia de cálculos matemáticos. Con ello quiero decir que no se estudió en demasía la cantidad de personas que deberían catalogarse como dependientes. En aquella época se habían hecho estudios sobre el envejecimiento poblacional y ya se vislumbraba en los albores que las cifras que se les venía encima eran ingentes y demostraban que no existían los mecanismos necesarios para su financiación. Era un clima de bonanza económica que no estudió los profundos cambios en la estructura demográfica de la sociedad española durante la última década. Estos cambios eran de vital importancia para detectar posibles fisuras en la implementación de esta nueva ley; cambios como el descenso de la natalidad, el impacto de la inmigración en las edades intermedias y el creciente aumento de los individuos de 65 años en adelante y en especial de 85 y más años dibujaban un panorama difícil de atajar.
Todas estas inquietudes ya tuvieron su momento a mediados de los noventa con la firma del Pacto de Toledo donde se endurecieron las condiciones para acceder a una pensión pública, el debate sobre el futuro de las pensiones estaba abierto.
Además se encuadraban otros aspectos importantes; el aumento de la esperanza de vida presionaba en demasía sobre los recursos privados y públicos para atender a esta población y es un hecho que persistirá en las próximas décadas; por otra parte la incorporación de la mujer al trabajo dejaba un vacío familiar y social porque desaparecía la cuidadora informal por antonomasia.
Si nos centramos en los últimos informes sobre el envejecimiento de la población española veremos que los datos aflorados en sus conclusiones finales aportan una situación de difícil manejo para las autoridades que deberán mantener esta ley. Se constata que en el año 2025 la población de 65 años y más sobrepasará los 10,2 millones, lo que supondrá un aumento calculado del 36% respecto a la cifra actual e irá creciendo un 1,8% a partir del 2025. Se prevé que en 2050 la población de 60 y más años de edad supere a los jóvenes menores de 15 años.
Todo ello supondrá una mayor inversión de recursos para la atención y cuidados para las generaciones más longevas. De hecho el 70% de los presupuestos se destinan a las políticas sociales incluidas la ley de dependencia.
¿Pero cuándo se encuentra una persona en situación de dependencia? Un individuo se halla en esta condición cuando precisa ayudas importantes de otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y para cuyo reconocimiento deberá seguir un proceso establecido en la ley. Las personas que podrán beneficiarse de esta norma serán aquellas que sean españolas, que residan en territorio nacional y que sean declaradas dependientes por los órganos evaluadores de las comunidades autonómicas donde residan.
Hay una serie de tareas elementales en las personas que son objeto de valoración para esta ley y que son esclarecedoras de una situación de dependencia:
– Cuidado personal.
– Actividades domésticas varias.
– Movilidad esencial.
– Reconocimiento de personas y objetos.
– Orientarse.
– Entender y ejecutar tareas o indicaciones sencillas.
Los individuos una vez declarados dependientes podrán recibir unas prestaciones de la Red Pública de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas a la que pertenezcan, que podrán ser de cuantía económica o bien en centros y servicios públicos o concertados.
Para llegar a conocer el grado de dependencia de cada persona se ha de realizar una evaluación por parte de los servicios sociales de las capacidades de éstas para llevar a cabo las ABVD. Serán las distintas Comunidades Autónomas las encargadas de determinar los órganos de valoración de la situación de dependencia que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir.
Se establecen tres grados de dependencia:
– Grado 1. Dependencia Moderada. Persona que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas al menos una vez al día. En este apartado hay dos niveles que se corresponden con una puntuación.
– Grado II. Dependencia Severa. Persona que necesita ayuda para realizar ABVD dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador. También aquí existirían dos niveles con puntaje.
– Grado III. Gran dependencia. Persona que necesita un apoyo continuado de otra persona. También con dos niveles puntuables.
También los cuidadores principales tienen derecho de prestaciones económicas y cotización a la seguridad social. Sin embargo en nuestro país se ha producido un acontecimiento que ha truncado la vida de muchos dependientes. A partir de 2008 España comienza una entrada en una crisis económica a escala mundial de la que aún no hemos salido y en la que los brotes verdes han estado floreciendo virtualmente en las cabezas de nuestros mandatarios.
Esta ley que iniciaba un gran proyecto de ayuda y esperanza para cientos de miles de personas y que ponía al Estado como paraguas protector de los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos se está deshinchando a pasos agigantados.
Hablemos de estadísticas que es lo que cuenta cuando queremos comprobar que los derechos de las personas están siendo recortados de una manera brutal. En España y según fuentes del Imserso a 31 de marzo de 2014 hay 737.120 personas beneficiarias de esta ley con prestaciones; hay 1.628.192 solicitudes registradas y con derecho a prestación 923.258 siendo la Comunidad de Andalucía la que tiene mayor número registrado por ser la comunidad más grande. Se contabilizan 213.000 ciudadanos los que están peleando con las administraciones porque aún teniendo el derecho reconocido siguen estando olvidados por el Gobierno de la Nación.
El 2013 ha sido el año horribilis para los dependientes; el Estrado ha reducido un 13% el aporte a las Comunidades Autónomas, ha suprimido 283 millones de euros en ayudas a la dependencia, se ha mermado un 15% de las prestaciones a los cuidadores eliminado las cotizaciones a la seguridad social de éstos, se ha aplazado la entrada de nuevos dependientes hasta 2015, se ha aumentado el copago de los enfermos. Con la vorágine de estas cifras han desaparecido del mapa 62.690 grandes dependientes por varios motivos: fallecimiento de los individuos cuyas bajas no se están reponiendo y en algunas comunidades las valoraciones que se están llevando a cabo son a la baja, es decir, se reduce el grado de dependencia para recortar en las prestaciones económicas.
Hay tal maquillaje de cifras para un ahorro de 23 millones desde julio de 2013. ¿Cómo es posible que si en noviembre de 2011 habían catalogados 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención y en noviembre de 2013 sólo hayan 940.642?
Siempre estamos en la misma situación; la crisis necesita ajustar presupuestos y debemos ceñirnos a tales. Esta premisa la conocemos todos los ciudadanos españoles desde que comenzó la crisis económica. Pero como individuos que entendemos y sabemos la realidad también nos damos cuenta que los recortes para ajustar esos presupuestos provienen siempre de los mismos, del pueblo. Vemos como las grandes empresas aportan poco al estado y sus ganancias son ingentes para unos pocos; vemos como la corrupción entresaca millones de euros y los depositan en paraísos fiscales, vemos como la justicia no ampara a todos por igual y vemos por último que el Estado garante de nuestra protección nos deja abandonados a nuestra suerte. Vemos y vemos que nadie hace nada por unos colectivos que son vulnerables en todos los sentidos, vemos que nuestros mayores agotan sus últimas palabras y que familias enteras se desgañitan implorando soluciones que no recoge respuestas del Estado. Lamentablemente no sé cómo se puede arreglar tal desbarajuste, lo que tengo bien claro es que el Gobierno ha de encargarse de los desprotegidos, de aquellos que no pueden alzar su voz ni su voto. No se puede ahorrar 23 millones de euros y dejar en la ignominia a cientos de miles de personas. Saquen el dinero de otras partidas; saquen el dinero de ágapes, de coches oficiales, de dietas personalizadas de alojamientos y servicios, de celebraciones varias; en fin de lo que ustedes puedan recortan y no repercuta siempre en los mismos.
Lo más triste de todo es que muchos dependientes, personas con nombre y cara han visto como su paraguas se ha quedado cerrado en sus carnes; personas que han contribuido económicamente en la grandeza de su país y cuando han necesitado el auxilio de su nación han experimentado la soledad del soldado en tierra extraña. Sólo espero y ansío que nuestros gobernantes se pongan de una vez en nuestra piel y en la piel de aquellos que han marchado; puede ser que éstos no necesiten la ayuda económica de la Ley de la Dependencia, pero el resto de los ciudadanos sí.
Francisca Bernal Pérez. Viladecans. Barcelona.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 4 Mayo 2014.
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