La creación del anteproyecto de la nueva Ley del Poder Judicial propiciada por el Ministro de Justicia, el Sr Gallardón está creando fuentes dispares de opinión.
De una parte se vincula este anteproyecto a dirimir la figura de la reina, el príncipe y su consorte como instrumento para aumentar la seguridad jurídica por las funciones que realizan; en este sentido Gallardón defiende esta premisa por lo ilógico que parece que políticos y magistrados posean esta condición y no así el príncipe de España en igualdad de condiciones que unas 10.000 personas más en nuestro país que tienen la patente de aforados y que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo donde figuran los jueces más experimentados y sabios; además este aforamiento no terminará cuando el beneficiado cese en sus funciones y tuviera una causa abierta con la justicia dentro de su ejercicio político, por lo que será juzgado por este mismo tribunal, cosa que no se entiende porque una vez terminado tu periplo político, esta prebenda también debe finalizar porque eres un ciudadano más con todos tus derechos recortados. Parece como si Gallardón estuviese intentando proteger a sus colegas de futuras inclemencias.
De otra parte se crea una comisión tripartita de jueces para solventar aquellos juicios que son muy importantes y se podrían dilatar en el tiempo. La casualidad de las corruptelas que inciden en estos momentos en el panorama español tiende a crear suspicacias varias entorno a la aplicación de esta nueva ley sobre todo porque cuando en la política hay mayoría absoluta los representantes judiciales suelen ser del mismo color del gobierno mayoritario por lo que se crea una trastienda de amparo a intereses del partido. Casos como la trama Gürtel, Eres diversos, evasiones fiscales varias, preferentes etc. podrían tener una visión monocolor por mucho tripartito judicial impuesto a dedo. El resto de la jerarquía jurídica, unos 153 jueces son cargos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial y el bipartidismo reinante en España que se encarga del reparto de cuotas
La profesión de juez no invalida la defensa de los colores políticos, con ello no pretendo ser desconfiada en estos términos, pero a juicio de muchos mortales no crea la transparencia que exige el Pueblo Llano. Gallardón defiende de esta manera que la asignación de estos tres magistrados darán celeridad a los procesos, disminuirá la presión sobre los magistrados y extremará las garantías a los procesados. Las asociaciones de jueces en este sentido no ven tanta agilidad porque en estos macrojuicios tanto las pruebas que serán numerosísimas como las decisiones que se aprobarán necesitarán de un consenso entre los tres por lo que se alargará en el tiempo el dictamen final.
Otra de las reformas de nuestro ministro es acabar con la figura del decano por ser una figura añeja y vetusta y porque es elegida democráticamente por los jueces. Se establece de nuevo una capa de color que no admite matices y es que este gobierno no quiere entender de consensos, la mayoría sirve a pocos y maltrata a muchos.
Los poderes esenciales en España: judicial, político y legislativo han de estar separados por que es la única manera de establecer la diafanidad que tanto necesitamos; ya lo explicó el Rey en su discurso cuando su yerno estuvo imputado por el caso Noós; la Justicia es igual para todos.
Con la Ley del Poder Judicial no se establece esta condición; más bien, entiendo yo; se crea discrepancias, recelos y sospechas que hoy por hoy no ayudan en nada a la creación de un estado equitativo e igualitario en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
No me cabe la menor duda, que el Sr. Gallardón en su intención de proteger la figura de la reina, su hijo y su consorte, lo que busca es defender la Monarquía de los últimos ataques que ha recibido; pero el verdadero favor que se le puede hacer a la realeza es aquel que no utiliza medios para defenderla, porque la Institución en sí es firme e inquebrantable en sus valores democráticos.
Otra de la premisas de esta Ley es la de acabar con los jueces estrellas y sus declaraciones anexas a los procesos que dirigen. En este sentido, los magistrados no podrán hacer declaraciones libres de contenidos. Gallardón defiende esta actuación porque de esta manera se acabará con los prejuicios formados en la opinión pública durante la instrucción sumarial o en la celebración del juicio y se evitará los juicios paralelos garantizando la presunción de inocencia de los procesados. Pero en contra los mismos jueces no podrán defenderse de declaraciones tendenciosas hacia su persona o causa que dirigen por lo que se estaría violando el derecho a la libertad de expresión, a la información al ciudadano que se produciría de una forma sesgada y permitiría al Gobierno frenar aquellas informaciones incómodas que salen de los ciudadanos y periodistas que intentan dilucidar la verdad absoluta.
En este sentido y para no perjudicar el dictamen de la evidencia, el ministro limitará la duración del secreto de sumario para de esta manera sortear las especulaciones que pudieran producirse.
La opacidad de esta ley, discutida y criticada por muchos jueces no ayuda en nada en la creación de un clima político, social justo y democrático y sí ayuda a recortar derechos y a crear opiniones enfrentadas entre las diversas instituciones, partidos políticos y el pueblo creando esa desafección, no solo política, sino también emocional, en donde todo vale si estás arriba.
Una de las premisas de este Gobierno es dar alas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quizás porque son los representantes políticos los que eligen a sus vocales judiciales y en este caso de totalidad parlamentaria, ya sabemos el número ingente de los elegidos para la gloria. No es de extrañar que asociaciones de jueces y abogados clamen al cielo porque es un delito hablar sobre justicia cuando en la propia justicia no existen mecanismos para reproducirla.
Gallardón sigue refiriendo equidad, igualdad y celeridad en su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial; pero prevé la anulación de los juzgados de paz, los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales en aras de delimitar la nueva demarcación judicial para así reagruparlos y centralizarlos en las capitales de provincias creando los Tribunales de Instancias donde se podrá elegir a un juez en conveniencia con la causa a juzgar.
Las acciones que realizaban los juzgados de paz como la resolución de faltas leves, notificaciones, fe de vida, que hasta ahora eran gratuitos pasarán a ser cobrados por los registradores que recaudarán por este trámite por lo que se dejará a estos juzgados como puertas de acceso a las terminales de los Registros Civiles.
Con todo el panorama expuesto, el Sr. Gallardón sube un escalafón más en su osadía de juventud, alterada no sé si por la astenia primaveral o el rebrotar de ideas obsoletas y de otro tiempo arcaico que fue mejor e introduce la modificación de la Ley de Justicia Universal o también llamada Ley de Punto Final por la Izquierda Plural en la que no se juzgará los crímenes de guerra, genocidios, torturas y un largo etcétera que dejan a España como un país tercermundista y que deja abandonadas a su suerte quince causas de ciudadanos españoles asesinados , vejados y dejados al olvido más absoluto.
No creo yo que esta justicia sea justicia; con el aumento de las tasas administrativas ya se dejó bien claro que la razón la tiene el que puede pagarla; el resto se debe consolar con lo que pudo ser y no fue; por lo que el Tribunal Supremo estará lleno de Blesas, Urdangarines y otros tantos personajes que por linaje, herencias y aforamientos puedan permitirse su uso y su abuso.
Por último y por curiosidad personal, me gustaría saber cuánto ha recaudado este Gobierno con las tasas administrativas; creo que bien poco porque la mayoría no ha llegado ni a solicitarla; el precio abusivo se ha encargado de olvidarlas en un rincón de los muchos que hay en este país. El único logro que se le puede atribuir a este Ministro es el descenso del número de juicios de los pobres ciudadanos que no pueden ni tan siquiera pretender su ideación, no así las de sus amiguetes de partido que colapsan cada día los juzgados.
Francisca Bernal Pérez. Viladecans. Barcelona.
Colaboración. El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 9 Abril 2014.