Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son un misterio. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa dentro de sus muros y por qué se priva de libertad a personas que no han cometido un delito, simplemente una sanción administrativa. Una falta de regulación que convierte a estos centros en lugares lúgubres que acogen cada año a miles de personas a punto de ser expulsadas de nuestro territorio.
Al CIE se llega principalmente por no tener los papeles en regla, por haber cometido una acción contra el orden público o porque se haya sustituido una pena por delito por la expulsión. Es decir, por el hecho de ser un sin papeles se pueden pasar hasta 60 días en un centro de internamiento, privado de libertad y compartiendo celda con personas que sí han cometido delitos. La ciudad sin ley.
Los últimos datos confirman que 4 de cada 10 internados no tienen antecedentes, con lo que el Ministerio del Interior incumple su compromiso de 2012. Desde el Gobierno tratan de ofrecer una visión más positiva, por lo que el pasado viernes 14 de marzo aprobaron un nuevo Reglamento para controlar la situación de los inmigrantes. Entre las principales novedades del mismo se encuentran las nuevas condiciones para garantizar el servicio asistencial de los internos. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, comunicó también que estos centros tienen un coste anual de 8,8 millones de euros a los que se sumarán otros 3 millones adicionales para sufragar servicio de intérpretes, asistencia sanitaria y otros servicios sociales, y otros 2,5 millones para mejorar los módulos de los centros.
No obstante, desde diversas plataformas y asociaciones aseguran que esto supone un mero parche para limpiar su imagen y borrar las informaciones acerca de Ceuta y Melilla. Así, desde la plataforma CIE’s NO aseguran que “ese reglamento en realidad no soluciona nada. Legitima los CIE y su letra pequeña ni siquiera va a mejorar las condiciones de la vida de allí”.
Pero la historia de los CIE tiene una larga trayectoria. Desde su creación en 1985 con la Ley de extranjería, estos centros han albergado miles de personas que buscaban un futuro mejor pero que carecían de papeles. Unos centros repartidos por el territorio español para encerrar a aquellos sin documentación y como “medida cautelar” para su posterior expulsión. Pero en los últimos años hemos conocido verdaderas historias de malos tratos, torturas e incluso muertes que han hecho saltar la alarma.
Recordemos a Samba. Samba Martine. La congoleña fallecida el 19 de diciembre de 2011 tras pasar 38 días internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Samba ingresó en el CIE de Madrid procedente del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Allí le diagnosticaron la infección por VIH que padecía, pero esa información se perdió en el camino a Madrid. Durante los 38 días que pasó en el CIE de Aluche, la mujer acudió hasta en 10 ocasiones al servicio médico con fuertes dolores de cabeza y prurito en la zona perineal. Todo ello indicaba una enfermedad más grave que una que se curase simplemente con una pomada. Ahora la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre las causas de su muerte para determinar si los servicios médicos del centro, que la examinaron hasta en diez ocasiones, debieron sospechar de la gravedad de su enfermedad y atenderla de manera adecuada.
Una decisión que llegó un mes después de que el fiscal jefe de Madrid denunciase a tres policías del centro por malos tratos, lesiones y un delito contra la integridad moral por sus supuestas agresiones a un interno de Ghana. Y no es el único caso de supuestos malos tratos dentro de los muros de los centros. Los magistrados son ahora los encargados de comprobar hasta qué punto se atenta contra estas personas, porque como Samba, otros 3 inmigrantes fallecieron en el CIE de Zona Franca, en Barcelona.
En este mismo sentido casi 100 internos del CIE de Aluche escribieron una carta contra las deportaciones. El documento afirma que hay celdas en los sótanos donde se encierra hasta 10 días a internos que han cumplido penas de cárcel. En ella se puede leer, del puño y letra de varios internos, una crítica a la Ley de Extranjería y a la política migratoria racista y xenófoba. Así, se denuncia que “se está desestimando, despreciando y atropellando nuestro arraigo, vulnerando nuestros derechos y los de nuestras familias. Separándonos de ellas y pisoteando el derecho natural de nuestros hijos y, sobre todo, de nuestros hijos menores de edad, exponiéndolos al desamparo y al abandono”.
Del mismo modo, parte de la sociedad española lleva años luchando por el cierre de estos centros (como las agrupaciones Cerremos los CIE, CIE’s NO, Plataforma de Inmigrantes, etc.) ya que consideran que atentan contra los derechos humanos. “El problema principal es la propia concepción de los CIE en la ley”, señala la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano. “Se establece un paradigma, el penitenciario, para después decir que debe haber una privación de libertad distinta, pero sin regular cómo debe ser y cuáles han de ser sus límites. El reglamento es una obligación legal y una necesidad real”. De igual forma, Bea Pertejo, de la Fundación Desalambrar, afirma que «El CIE es peor que la cárcel porque el reglamento es mínimo y la gente es encerrada por una falta administrativa, leve, como si no pagaras un recibo. Creemos que es inhumano y no queremos que existan esos centros».
Sin embargo, a medida que profundizamos, los CIE se convierten en una pieza más del entresijo de cuestiones de inmigración. Desde la campaña CIE’s No, Ana Fornés asegura que “nos focalizamos en el CIE porque es algo muy visible; es un espacio físico que delimita las fronteras interiores. Es considerado una zona de frontera dentro de las ciudades. Sin embargo, nuestras miradas van más allá, ya que las políticas de extranjería e inmigración en realidad son políticas injustas. Lo que denunciamos es que las fronteras al final son un empuje para que las personas no puedan trasladarse de un territorio a otro y se queden en uno. Todas las políticas de inmigración tienen que ver con la persecución y con la exclusión, y eso no debería ser así.” Hay que mencionar que casi la mitad de los inmigrantes que pasan por los CIE no son finalmente expulsados, así que, ¿por qué se les priva de su libertad?
Por otra parte, a través del Informe del Defensor del Pueblo de 2013 se recuerda que los CIE «no tienen carácter penitenciario» y que, por tanto, las condiciones de vida de los inmigrantes en estos centros deben asegurar una serie de garantías que, además de incluirse en la futura normativa, deberían estar ya aplicadas en todos los CIE: asistencia social, comprobaciones de la situación personal y familiar del interno, intensificar los controles realizados con las empresas que prestan asistencia sanitaria; garantizar la comunicación de los internos con el exterior, la posibilidad de que dispongan de sus teléfonos móviles, y notificarles con antelación suficiente la fecha de expulsión y las circunstancias en las que vaya a efectuarse.
Quizás un buen ejemplo que ayude a entender qué sistema rige la vida de los internos en los centros es el hecho de que a cada inmigrante se le asignada un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. “Ni en la cárcel ocurre eso. La explicación que dan es que sus apellidos son muy raros y esa no es una excusa», asegura el Defensor. “Es un ataque a su dignidad”. Por lo tanto, se les priva de su propia identificación y se les confiere una serie de cifras que los convierten en meros números.
El Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier de Lucas, realizó en su momento una buena síntesis de por qué se deberían cerrar estos CIE. “Ante todo, porque esos centros nunca debieron existir. No hay fundamento jurídico para su extraña naturaleza, que no es la de un establecimiento penitenciario, pero tampoco pueden reclamar las características de un centro de acogida y asistencia. En ellas son internados inmigrantes que en la inmensa mayoría de los casos han cometido una falta administrativa, encontrarse en situación irregular pero no un delito. Así lo disponía el artículo 26.2 de la primera Ley Orgánica de Extranjería: acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente. Pero frente a la previsión del artículo 60 de la misma ley, que sostenía que esos centros ‘no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios’, la experiencia de su funcionamiento, desde la Orden ministerial de 1 julio 1985 que los creó, ha demostrado lo contrario.”
Es decir, la experiencia demuestra que las condiciones de vida de los internos son pésimas. Viven hacinados en espacios minúsculos, en malas condiciones higiénicas y sanitarias. Pero nada se sabe.
Desde el Gobierno mantienen la postura de que la situación que estamos viviendo es muy compleja. No hay más que ver los “asaltos” a Ceuta y a Melilla y la saturación de los CETI (Centros de estancia temporal de inmigrantes). Y como solución: más vallas, concertinas, mayor presencia policial y tubos con aspersores de agua con pimienta. Esa es la apuesta de Jorge Fernández Díaz para blindar Ceuta y Melilla en su «combate» de Estado contra la inmigración irregular.
Por su parte, los CETI reciben cada día a personas que se juegan la vida para buscar un futuro mejor dentro de nuestras fronteras. Allí las condiciones no son para nada las de los centros de la península; es cierto que están saturados, pero las condiciones de vida superan con creces a las de los CIE, ya que no se les priva de libertad y se les proporciona comida. Fornés asegura que no se trata ni del discurso del miedo ni del discurso de la pena. Ese común “¡Ay pobrecitos…!”. En realidad son personas que desafían las leyes injustas, es gente que está desafiando el sistema, que se rebelan contra su propio destino. Destino desgarrador, como el brazo del joven de Burkina Faso que se quedó enganchado en las concertinas de Melilla.
Los CIE y los CETI muestran una vez más que recibimos inmigrantes porque sus condiciones allí son pésimas. “En la mayoría de los casos, esos territorios están empobrecidos porque ha habido una intervención externa; hay gente empobrecida porque hay gente enriquecida, que en este caso es la Unión Europea. Estamos hablando de un modelo político social terriblemente injusto que es la raíz del problema” comenta Ana Fornés.
Tras casi tres décadas, los CIE han dejado muchas historias en la memoria de los inmigrantes. Por ello, ya es hora de que a los sin papeles se les trate como personas. No tienen papeles, pero sí una vida.
Elena Rodríguez Flores. Madrid.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 23 Marzo 2014.