La dimisión del consejero de Sanidad, Javier Lasquetty, ha supuesto un punto de inflexión en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras meses de intensos debates y de tensas luchas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre la posibilidad de mantener la Sanidad madrileña como hasta ahora. – seguir leyendo
A finales de 2012 se anunció el plan de privatización de la Sanidad propuesto por el gobierno de Ignacio González. Por aquel entonces el Hospital de la Princesa se convirtió en símbolo de resistencia y en emblema para todos los trabajadores sanitarios que defendían sus derechos ante los ataques del Gobierno. La calle Diego de León se llenó de médicos, enfermeras, auxiliares e incluso enfermos. Todos en contra de la privatización de un derecho fundamental como la Sanidad.
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Por su parte, el Gobierno planteaba un modelo privado para sanear gastos y ahorrar millones de euros en un sistema poco efectivo. Lasquetty hablaba entonces de un ahorro anual de 200 millones, que poco después pasaron a ser 169 para finalmente terminar en unos supuestos 130. Ya en abril de 2013 se habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo, aunque se suspendió cautelarmente un mes más tarde a petición del Partido Socialista de Madrid, encabezado por Tomás Gómez.
Esta decisión propició el recurso de AFEM (Asociación de Facultativos especialistas de Madrid), unidos para defender una sanidad pública, así como la formación de la popular Marea Blanca, un conjunto de colectivos que desde 2012 llevan organizando grandes movilizaciones para defender la sanidad pública y para protestar por los recortes y los planes privatizadores. Sus acciones han supuesto un revulsivo en la sociedad madrileña para mantener un espíritu combativo frente a las políticas del gobierno de Madrid.
La postura del Gobierno de Madrid ha sido firme estos meses. No obstante, tras un intenso ir y venir de recursos y alegaciones, el pasado 26 de enero se publicó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este rechazaba finalmente un recurso de la Comunidad de Madrid para mantener la gestión privada, y de las concesionarias de los seis hospitales públicos contra la paralización del proceso privatizador, lo que puso punto final a la incertidumbre sanitaria.
El TSJM aseguró entonces que el ahorro en el que se basaba el plan de privatización era simplemente hipotético y especulativo, y que finalmente atacaría el interés público y a la propia economía madrileña. Por lo tanto, los magistrados decidieron el pasado domingo anular el plan y mantener la sanidad madrileña en manos públicas.
De este modo, el ex consejero de Sanidad madrileña, Javier Lasquetty, decidió dimitir y poner fin al intento de privatización ante las críticas recibidas todo este tiempo. Desde el Gobierno de Madrid la noticia sentó como un jarro de agua fría, como un reflejo del inconformismo social y un freno a la supuesta viabilidad de la gestión privada. Como aseguró el presidente autonómico, «Nosotros acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo con los mismos». No obstante, afirman que «Vamos a seguir trabajando como lo estábamos haciendo hasta ahora, que se mantenga el magnífico servicio que se ha ofrecido a lo largo de los últimos años».
Por otro lado, la sentencia se recibió con gran satisfacción entre la Marea blanca, que respira aliviada tras los ataques y recortes sufridos en el sector. Rápidamente se congregaron en la Puerta del Sol para celebrar su pequeña victoria tras meses de manifestaciones, pancartas y movilizaciones. Del mismo modo, desde los sectores de la oposición vieron con optimismo la resolución ya que desde que comenzó el proceso han intentado ponerle freno. Tomás Gómez, secretario general del PSM, aseguró entonces que “Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña”, y lo mismo afirman grupos de IU o UPyD.
La suspensión de la privatización de parte de la sanidad madrileña que puso en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede tener un coste para las arcas madrileñas que es responsabilidad de este mismo gobierno. Al parecer, las empresas que se encargarían de la gestión privada y que tras la resolución del TSJM no lo harán, podrían denunciar a la Comunidad de Madrid por daños y perjuicios. No obstante, no podrían hacerlo por incumplimiento de contrato, ya que este nunca llegó a firmarse. “De haber formalizado los contratos, las concesionarias podrían ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administración la que ha decidido ponerle fin”, explicó entonces José Luis Mugas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de AFEM. Señala además que “La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios, pero no especifica en qué consisten. Tienen que ser daños que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnización por lucro cesante”. Por lo tanto, al no haber firma, el Gobierno de Madrid puede ahorrarse 281 millones, pero todo ello supondrá un sinfín de consecuencias administrativas, judiciales y económicas, teniendo en cuenta que la gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros.
El sucesor de Lasquetty, Javier Rodríguez, aparece en un momento muy delicado para el gobierno madrileño, por lo que deberá apaciguar los ánimos encendidos de la Marea Blanca y del colectivo AFEM para alcanzar un consenso en la Sanidad de Madrid. Desde el PP lo ven como el hombre idóneo para tranquilizar la situación de esta etapa tan convulsa, pero lo cierto es que la salud, más que nunca, pende de un hilo.
Redacción. Internacional. El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Madrid, 3 Febrero 2014.