La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) es la propuesta de reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, reforma que ha suscitado un arduo debate y numerosas críticas debido a la supuesta involución que su aplicación supondría.
Manuel de Puelles Benítez, catedrático de política de la Educación en la UNED hace una gran reflexión en cuanto a la problemática que tantas leyes educativas ocasionan: “La comunidad educativa se encuentra en la actualidad agobiada por lo que en alguna ocasión he denominado la “fatiga de las reformas”. No sé si somos conscientes de que en apenas 20 años, de 1980 a 2002, hemos tenido 8 leyes orgánicas de educación, de las cuales 2 se encuentran ya derogadas, 3 han sido sustancialmente modificadas y las otras 4 están en un proceso de revisión. Una educación para todos y entre todos exige que todos den su consentimiento a las grandes líneas de la ley.” Demasiadas leyes para un sector que necesita de unas bases estables sobre las que cimentar una estructura educativa sólida.
Con unos recortes en el sector educativo que superan los 6 mil millones de euros desde 2010, el ambiente para una reforma de semejante envergadura es un tanto hostil. Por ello, miles de persona han salido y salen a la calle para luchar por unos derechos que les son arrebatados con demasiada facilidad. Todos los días el colectivo Marea Verde defiende la educación pública por las calles de toda España. Con manifestaciones, charlas informativas, meras reuniones, clases en la calle… lo que sea para reivindicar un derecho fundamental.
De este modo, vemos movilizaciones como las del pasado 9 de mayo, histórica donde las haya: por la gran afluencia de manifestantes; por congregar a padres, alumnos y docentes de todas las etapas educativas; y por conseguir paralizar la reforma, aunque sea por poco tiempo. Después de la huelga, según fuentes gubernamentales, Wert no llevó su anteproyecto de ley al Consejo de Ministros del pasado viernes debido a que faltan por cerrar detalles de la “memoria económica”, aunque muchos colectivos aseguran que se trata de una pausa en pleno temporal.
Padres, sindicatos, alumnos y oposición piden la dimisión del Ministro Wert, tan criticado por sus políticas involutivas, y que se reintegre todo lo que se les ha arrebatado. Según un informe de CCOO, la reducción en un 11,5% de los gastos de personal en 2013 y el recorte de 2.600 millones de euros se ha traducido en la práctica desaparición de 62.000 efectivos. Es decir, menos profesores para más alumnos, con el consiguiente empeoramiento de la calidad formativa. Menos becas, menos ayudas a los centros públicos y sobre todo, un notable aumento en las tasas universitarias. Precios prohibitivos para la universidad pública, con la consiguiente indignación de los estudiantes, que hacen que las desigualdades sociales se acrecienten.
Hay que mencionar la importancia del Sindicato de Estudiantes, muy activo en todas las huelgas convocadas para defender la educación. Se trata de un sector vital en esta lucha, ya que al fin y al cabo son los primeros perjudicados. Aseguran que “se oponen con fuerza a una ley que rescata las reválidas franquistas (tres selectividades desde la ESO hasta la universidad), que impone itinerarios segregadores y clasistas para expulsar prematuramente a los jóvenes con mayores dificultades de los centros de estudio y obliga en la práctica a los hijos de los trabajadores a coger las opciones más devaluadas y con mayor masificación. Una contrarreforma que aumenta los privilegios de la Iglesia Católica y su control sobre la enseñanza, que supone reintroducir la asignatura de religión de manera prácticamente obligatoria, y que sanciona el despido de más de 60.000 profesores del sistema educativo público y un recorte presupuestario de 5.000 millones de euros. Una ley, en definitiva, que destruye nuestro derecho a una enseñanza pública, gratuita, de calidad, laica y democrática.”
Y otros grupos, como el conocido Marea Verde, se quejan de la supresión de Educación y Ciudadanía, del blindaje de los conciertos para los centros que segregan por sexo a su alumnado (algo ilegal), las evaluaciones que las universidades pueden realizar para seleccionar a los estudiantes o la disminución de la participación de padres y docentes en los órganos de control y gobierno de los centros, entre otros muchos aspectos.
Podemos observar que motivos no les faltan. Una larga lista de mejoras que serían necesarias para la actual propuesta y que acercarían posturas entre gobernantes y gobernados.
Sin embargo, a pesar del descontento generalizado, es cierto que es necesario hacer algo para luchar contra el alto fracaso escolar y el elevado paro juvenil. En esto se ampara el Gobierno, asegurando que “los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa incentivan el esfuerzo de los estudiantes, garantiza al alumno, a su familia y a la sociedad un nivel de conocimiento adecuado y da transparencia al sistema.” Afirman además que la reforma se está llevando a cabo de forma consensuada, de manera que se pueda alcanzar una educación pública de calidad. En cuanto a las manifestaciones, según notas de prensa elaboradas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constatan por ejemplo un seguimiento de la huelga del 9 de mayo en los centros docentes públicos que no alcanza el 20%, mientras que los convocantes aseguraban un 72%.
Posturas contrapuestas que convergen en un mismo punto: la famosa LOMCE. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia con esta nueva ley?
Por un lado, los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman «reválida», sustituirá a la actual Selectividad. Además, los que finalicen la ESO realizarán un examen distinto dependiendo de si escogen bachillerato o FP. Comienzan pues los exámenes que decidirán el futuro de muchos jóvenes, dejando en el camino a los que tengan más problemas para aprender o a los que los nervios jueguen una mala pasada. Repetir ese examen para pasar de curso, la recuperación de la recuperación…lo único que conseguirá es desanimar a los estudiantes y hacer que opten por la vía fácil: abandonar.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO, año en el que los jóvenes todavía no son conscientes de la importancia de las decisiones que tomen en su vida. Siempre hay vuelta atrás, pero con la consiguiente pérdida de tiempo. Un año perdido es mejor que una vida haciendo algo que no nos gusta, pero si podemos evitar ese año ofreciendo una base más amplia de conocimiento obtendremos un mejor resultado.
Se realizaría además un examen en primaria para evaluar el nivel de conocimiento de los más pequeños. Una forma de separar entre “listos” y “menos listos”, con el consiguiente apoyo económico a los centros más avanzados, en vez de estimular el aprendizaje conjunto y realizar un reparto equitativo de los fondos.
Con esta ley también se elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada en 2006, y se recupera la materia alternativa a la de Religión (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria), lo que hace los alumnos que cursen la asignatura de Religión no opten a unos conocimientos cívicos, que por triste que suene, son de vital importancia en pleno siglo XXI.
Sin embargo, algo que suscita la mayoría de las críticas es el apoyo a centros concertados que segreguen por sexo, blindando sus subvenciones pese a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que las rechazan. Los recortes en educación pública aumentan, pero los apoyos a centros privados y concertados no.
En cuanto a las materias ofertadas, el Ministerio establecerá hasta el 50% del horario y elimina las lenguas cooficiales como materias troncales, considerándolas ahora opcionales, menospreciando de este modo su importancia y minando los procesos de normalización lingüística de las comunidades bilingües.
Además, se centraliza la administración de la educación y los centros pierden autonomía. Se produce debido a esta ley un choque competencial que lo único que ocasiona es un ir y venir burocrático, dificultando las relaciones entre Gobierno y Comunidades y su comunicación. Por ejemplo, las reválidas estarían controladas por las comunidades en Primaria, pero en el instituto serían cosa del Ministerio. Otro punto importante que ocasionó mucha polémica fue la posibilidad de que las autonomías con lengua propia deban costear la educación en colegios privados a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular, un aspecto que cuestionó el Consejo de Estado. O la posibilidad de que toda una clase se dé en castellano si un único alumno así lo considera oportuno. Aspectos que separan a los alumnos con dos lenguas en vez de buscar un nexo de unión entre ambas.
Es este tema, la lengua en la educación, la que ha dado mucho que hablar en los últimos meses. El Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban determinar la proporción razonable de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas. Sin embargo, rechaza que para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. El dinero público debe ir destinado a otros asuntos más importantes y no a alumnos que deberían estudiar en ambas lenguas.
El caso más llamativo es el de Cataluña, donde la repercusión mediática tras el “españolizar a los catalanes” de Wert fue asombrosa. Pero esto también sucede en Galicia, donde padres, alumnos y docentes luchan por mantener viva en las aulas una lengua que los caracteriza y los une. El gallego, en pleno proceso normalizador debido a los ataques que ha sufrido en las últimas décadas, busca recomponerse y mantenerse en los libros de texto de miles de estudiantes, complementándose con el castellano en muchos ámbitos. ¿Por qué escoger si se puede disfrutar de ambas? Lo único que se conseguiría con este apartado de la ley es frenar el enriquecimiento lingüístico y cultural que supone conocer y vivir dos lenguas. Y esto sucede así, o peor, en Cataluña, donde el tema de la Independencia no deja indiferente a nadie. Y quizás, solo quizás, para apaciguar las mentes revolucionarias de la población, buscan atacar donde más duele: en la lengua.
Finalmente, entrando en el apartado económico, el Consejo de Estado considera que existe una “insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”. En su opinión, el coste que se estima de implantación es “muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura”. Es decir: por muchos esfuerzos que se hagan y por muchas brillantes ideas que tenga el Gobierno, los fondos existentes son insuficientes para llevar a cabo semejante reforma.
Está claro que algo hay que hacer. Los datos hablan por sí solos, y el drama juvenil ante la falta de trabajo (más del 50% de jóvenes están en paro) es una realidad que no se puede obviar. Pero parece ser que en España aún no hemos escarmentado después de 7 leyes orgánicas para la educación. Debería haber un consenso entre todas las partes, establecer un diálogo y ceder todos en algunos aspectos para alcanzar un acuerdo común que nos lleve a una educación pública, gratuita y laica de calidad, dejando a un lado intereses privados o eclesiásticos. Una educación que no discrimine a las lenguas, sino que las fomente. Y una educación que forme personas y también ciudadanos. Es decir, que se busque crear un aprendizaje personalizado, mejorando siempre y avanzando, no retrocediendo décadas.
Una visión un tanto utópica. Pero es triste que sea utópica. Al fin y al cabo, es lo que debería ser, ya que la educación es la base de nuestro futuro. Apostar por este sector no es una pérdida de dinero, sino todo lo contrario. Supone recoger en el futuro una gran cantidad de jóvenes cualificados que no tienen que salir de nuestras fronteras para encontrar un trabajo acorde a sus capacidades.
A la LOMCE le quedan muchas cosas por pulir. No todo es negativo, pero debemos avanzar. No retroceder.
Elena Rodríguez Flores. Madrid. Madrid.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 16 Mayo 2013.