España es uno de los pocos países europeos que todavía no tiene una Ley de transparencia y de acceso a la información. Como en muchos aspectos, vamos a remolque de nuestros vecinos más próximos, que ven como los nórdicos se escapan fugazmente en todos los sectores mientras que los españoles, amantes de la fiesta y las terracitas, luchamos por mantener unos valores democráticos estables.
Muy pocos conocen a ciencia cierta cuáles son las cuentas de las instituciones públicas. A dónde va a parar nuestro dinero, ese bien cada vez más escaso, y qué hacen con él unos pocos privilegiados. Porque su supuesto destino es ese hipotético servicio público, esa beca a los mejores estudiantes, ese nuevo hospital con suficientes camas. Pero supuestamente, claro está. Cada día nos escandalizamos con nuevos casos de corrupción; con manos demasiado largas que toman del prójimo lo que les viene en gana; cuanto más, mejor, independientemente de si el dinero iba a ser destinado a una asociación de discapacitados. No nos queda corazón. Ni siquiera corazón.
Muchos miembros de partidos, sindicatos, instituciones públicas…se emparan en esta falta de transparencia para esquivar a Hacienda. Cuentas en paraísos fiscales, en los propios bancos o incluso bajo el colchón. La cuestión es acumular fajos, violetas a poder ser, para sentirse poderosos, los reyes del mambo o más listos que todos, qué sé yo. Pero mientras tanto, las familias se quedan en la calle, sin trabajo y sin vivienda. Sí hay dinero, el caso es dónde.
Ante esta falta de transparencia, el Gobierno planteó un Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2012, “creyendo que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, hemos desarrollado un trámite de consulta pública sobre el texto de esta nueva norma. Una Ley completa en términos de obligaciones de transparencia de nuestras administraciones, que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y que refuerce la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos”.
Sin embargo, esta idílica propuesta esconde en su interior un enmarañado conjunto de problemas y preguntas. Por un lado, el rango de la ley, inferior a los estatutos autonómicos, provocará el choque con las comunidades a causa de la invasión de competencias y obstaculizará el control al que el Ejecutivo podría someter a otras administraciones. Además de este escollo, la ley debería limitar las excepciones de materias e instituciones que se someterán al acceso público de su información, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y a la Casa del Rey. Pero en ese proyecto, no están todos en el mismo saco. A pesar de las modificaciones que ha experimentado, todavía no son suficientes. En palabras de Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política, letrado de las Cortes y miembro del Consejo de Estado, “La ley ha crecido mucho durante su debate parlamentario. Se incluirán los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y entidades financiadas con dinero público, lo que es un paso muy grande, y con dificultades técnicas como que la ley de partidos es orgánica y la de transparencia es ordinaria. Respecto a la Casa del Rey, la jefatura del Estado en el derecho comparado tiene un estatus propio que no parece que haya motivo para cambiar”. No obstante, tras los numerosos escándalos en los que se ha visto inmersa la Casa Real, esta consideración es rebatible. El PSOE ya lo ha hecho, instándola a sumarse a la Ley.
Otro factor que sería vital para el correcto funcionamiento de la Ley sería que el órgano que vele por el cumplimiento de la ley sea absolutamente independiente del Gobierno de turno. Algo que parece caer de cajón, pero permítanme dudar que finalmente será independiente. Si además incluyera a los lobbies, tal como reclama el Foro para la Transparencia, se podría conocer, al menos en parte, la agenda de los diputados y equipararse de este modo a nuestros vecinos europeos. Por pedir, que no quede. Sin embargo, el PP recela de someter completamente a los partidos a la nueva norma ya que, de ser así, las formaciones políticas no solo estarían afectadas por la transparencia (publicación de cuentas, contratos, retribuciones, etc.), sino también por el apartado de acceso a la información, con lo que cualquier ciudadano podría solicitar documentación, igual que en el caso de la Administración. Pero si no se someten completamente, todo el esfuerzo sería en vano.
Ya que nos está llevando un mundo conseguir una Ley que sea completa, hagámosla bien. Es necesario que cumpla los objetivos primordiales y que no queden resquicios por los que escabullirse para evadir impuestos o alargar la mano. Hay que tener en cuenta que si no se hace bien, se convertirá en un arma de doble filo. Al existir una ley que defiende la transparencia, los partidos, sindicatos o lo que sea, podrán ampararse en que existe una norma que les exige mostrar sus cuentas, por lo que no tendrían nada que esconder y no estarían dispuestos a escuchar acusaciones falsas. Y al, supuestamente, tener unas cuentas claras y saneadas, no se podría atacar a estos colectivos, ya que un organismo velaría por que todo estuviese correcto. Pero sin ese control y una transparencia completa, la ley se volvería totalmente opaca.
Por lo tanto, debemos luchar por alcanzar un derecho que se nos niega cada día. Tenemos que saber a dónde va nuestro dinero. Tenemos que evitar que cuatro listos se lo lleven incluso en una situación de crisis. Porque aunque a ellos no les quede corazón, a nosotros sí. Está claro que mostrar un par de cuentas no va a borrar la corrupción de nuestras fronteras, ya que las raíces son demasiado fuertes y la picaresca española muy ingeniosa. Pero también es cierto que ayudará a disminuirla, ya que a priori todos los ciudadanos conoceremos qué es lo que pasa con el dinero PÚBLICO. Queda mucho camino, así que súmese a aclarar esta ley tan opaca. Queremos un gobierno diáfano.
Elena Rodríguez Flores. Madrid. Madrid.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 11 Marzo 2013.