El reciente asesinato del dirigente histórico del Movimiento de los Patriotas Democráticos, y diputado en la Asamblea Constituyente de Túnez, Chokri Belaid, ha vuelto a poner dicho país en el centro de atención de la prensa internacional, abriendo toda una serie interrogantes sobre la evolución de su proceso constitucional iniciado a raíz de la revuelta popular que llevó a la caída de la dictadura de Ben Ali en enero de 2011, y al inicio del ciclo de levantamientos y movilizaciones que se han venido a denominar la “Primavera Árabe”.
Túnez, un país que por su situación geográfica ha sido puente entre las riberas norte y sur del Mediterráneo, ha sido uno de los países árabes más receptivos a los cambios que, al socaire de la Ilustración y la Revolución francesa, transformaron la Europa del siglo XIX. A pesar de que estaban bajo la soberanía del Imperio otomano desde el siglo XVI, los gobernantes de la entonces denominada Regencia de Túnez –los bey– fueron alcanzando paulatinamente amplios márgenes de autonomía a partir de la siguiente centuria. Más tarde, a partir de Ahmed I (1837-1855) y sus sucesores se emprendieron toda una serie de reformas encaminadas a la modernización del país: abolición de la trata de esclavos (1846); proclamación del texto constitucional Ahd El Aman o Pacto Fundamental (1857), y posteriormente, de la Constitución de 1861 —la primera que adoptaba un país árabe.
Pero, a pesar de estos notables avances, no resultaron suficientes para hacer frente a las presiones de las potencias europeas, en plena fase de desarrollo capitalista e industrial, que al fin y al cabo, propiciaron la adopción de tales reformas. Era especialmente destacable la voracidad de una Francia que, en 1830, había iniciado la conquista de la vecina Argelia. Cuando, a partir del último cuarto del siglo XIX, el crecimiento de las diferentes economías europeas entró en una fase de abierta rivalidad entre ellas, que se tradujo en la carrera por la construcción de vastos imperios coloniales, Túnez se convirtió en el objetivo de las ambiciones expansionistas de franceses e italianos. Finalmente, Francia oficializaría el establecimiento de un régimen de protectorado sobre Túnez en mayo de 1881.
A comienzos del siglo XX comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones de movimientos de oposición a la ocupación colonial que adoptaban las ideas del nacionalismo moderno, destacando el movimiento de los intelectuales reformistas denominado Jóvenes Tunecinos (1907). En las década de 1920 y comienzos de la de 1930, surgiría el partido Destour (Constitucional) y aparecerían toda una serie de periódicos de corte nacionalista: La Voix du Tunisien, L’Étendard tunisien, L’Action Tunisienne. Pero dentro del movimiento se fraguó la escisión entre los que defendían el tradicionalismo religioso y los que, por el contrario, daban apoyo a las posiciones secularistas que preconizaba el abogado Habib Burguiba desde las páginas de L’Action Tunisienne. Estos últimos fundarían el partido Neo Destour en 1934, una organización con clara vocación laica y modernista, que aspiraría a convertirse en un auténtico partido de masas. Los disturbios y revueltas de 1937 y 1938 llevaron a la cárcel a numerosos miembros del Neo Destour y a la entrada del partido en la clandestinidad. Es por esos años que también aparecería el movimiento comunista, organizado inicialmente en una federación integrada dentro del Partido Comunista Francés, y constituyéndose posteriormente como Partido Comunista Tunecino (PCT) en 1934.
Tras la segunda guerra mundial, un nuevo actor se sumaría a las fuerzas que luchaban contra el colonialismo: la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), sindicato fundado en 1946 por Farhat Hached, y que llegaría a tener alrededor de unos 100.000 afiliados. Entre 1951 y 1954 se entró en la fase final del proceso independentista liderado por Bourguiba y el Neo Destour, con el apoyo de la UGTT; y aunque no se llegó a los niveles de violencia alcanzados en la sangrienta guerra de Argelia (1954-1962), no estuvo exento de protestas, revueltas, represiones brutales y asesinatos, como el de Farhat Hached en 1952. Finalmente, tras la concesión de una autonomía interna en julio de 1954, las negociaciones franco-tunecinas culminarían con el reconocimiento de la independencia de Túnez el 20 de marzo de 1956.
Autoritarismo y oposición (de Bourguiba a la Revolución de 2010-2011)
En 1959 se promulgaba la Constitución tunecina, y en 1964, el Neo Destour cambiaba su denominación por la de Partido Socialista Destouriano (PSD), instaurándose un régimen político de partido único que ha sido definido por George Corm como de “reformismo autoritario laico”, que por su aspiración a modernizar y laicizar la sociedad, se asemejaba al modelo adoptado por el fundador de la actual República de Turquía, Mustafá Kemal. No obstante, el régimen de Bourguiba fue derivando hacia una dictadura policial mientras que, a nivel económico, se pasaba de las políticas desarrollistas y cooperativistas de los años 60 al liberalismo a partir de la década de 1970, lo cual provocó una fuerte contestación social liderada por la UGTT. En la primera mitad de la década de 1980 se produjo una tímida apertura del régimen, reconociendo la autonomía de la UGTT y legalizando el PCT –prohibido en 1963–, el Movimiento de los Demócratas Socialistas (MDS) y el Partido de Unidad Popular (PUP), pero excluyendo al Movimiento de la Tendencia Islámica. Tras el golpe de estado de noviembre de 1987, que llevó al poder a Zine El Abidine Ben Ali, el PSD pasó a llamarse Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), proclamándose socialdemócrata, fue miembro de la Internacional Socialista, aunque continuaría ejerciendo el monopolio del poder manteniendo una línea de actuación caracterizada por el liberalismo económico (convirtiendo Túnez en el “alumno modélico” del FMI) y el autoritarismo político.
Por su parte, el PCT nunca logró arraigarse sólidamente en la sociedad tunecina, entre otros motivos porque no se alineó con las tesis independentistas, prefiriendo seguir las directrices de los comunistas franceses, que abogaban por un estatuto de libre asociación entre Francia y Túnez. Tras su legalización en la década de los años 80, y sobre todo tras la caída de la Unión Soviética, inició un viraje hacia posiciones de centro-izquierda que lo llevarían a abandonar el marxismo y a denominarse Movimiento de la Renovación o Ettajdid en 1993.
Además, durante la década de 1960 diversos sectores de la izquierda radical presentes entre los estudiantes tunecinos afincados en Francia comenzaron a estructurarse alrededor de la revista al-Afaq (Perspectivas), publicada por el Grupo de Estudios y de Acción Socialista (GEAST). Hacia 1967, dicho grupo empezó a ser conocido por el nombre del periódico clandestino al-Amil at-tunisi (El trabajador tunecino); pero también comenzó a alinearse con el marxismo-leninismo de inspiración maoísta tan en boga por aquellos años, lo cual provocaría la división interna y el surgimiento de diversas corrientes y facciones que cristalizarían en diferentes partidos y organizaciones políticas; y que a su vez serían objeto de nuevas escisiones, que en muchos casos, se reducirían a un conglomerado de pequeños grupos cuya influencia se limitaba a algunas universidades y federaciones sindicales de la UGTT. Ente los más importantes, y que aún perduran, están el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (PCOT), el Partido de Izquierda Socialista (PSG por sus siglas en francés) y el Movimiento de los Patriotas Democráticos (MPD).
El Movimiento de la Tendencia Islamista (MTI), fundado en 1981, se ha caracterizado por un pragmatismo y moderación que lo han diferenciado de otros movimientos análogos: fue el primer partido islamista del mundo árabe que apostaba por el pluralismo político, renunciaba al uso de la violencia y daba más prioridad a la lucha por el derrocamiento de la dictadura que al establecimiento de un Estado islámico. Lo cual, no obstante, no le libró de la persecución por parte del régimen de Bourguiba.
En 1989, ya bajo la presidencia de Ben Ali, el MTI se convertía en un nuevo partido, Al-Nahdah (“Renacimiento”), con el objetivo de llevar a cabo su actividad opositora dentro del marco legal establecido por la reforma constitucional de 1988. Pero la manipulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de 1989, la represión de las manifestaciones estudiantiles pro islamistas, y finalmente, el bloqueo de la vía negociadora por parte del gobierno en 1992, llevarían a la cárcel y al exilio a los dirigentes y militantes de Al-Nahdah. La exclusión del juego político llevó al partido a establecer contactos con otras fuerzas políticas seculares igualmente ilegales con el objetivo de construir una plataforma a través de las cual articular la actividad opositora al régimen benalista. En este sentido, en 1995 surgía la Coalición Nacional en la que participaría el líder de Al-Nahdah, Rached Ghannouchi, junto a otros exilados políticos laicos. En abril de 2003 se suscribía un acuerdo con partidos ilegales de izquierda –Congreso por la República (CPR) y PCOT– y con las principales organizaciones de defensa de las libertades y derechos humanos, como la Liga Tunecina de Defensa de los Derechos Humanos (LTDH).
Las elecciones presidenciales de 2004 y de 2009 supusieron la oportunidad para dar visibilidad a los dos principales núcleos que articularían las diversas fuerzas opositoras. Uno era la plataforma unitaria formada por Al-Nahdah, PCOT, CPR, el Partido Demócrata Progresista (PDP), LTDH y otras organizaciones de derechos humanos y del exilio. Dicha plataforma tenía dos principios básicos: boicot electoral y un conjunto de reivindicaciones que pasaban por la defensa de las libertades de expresión y asociación, la reforma electoral, la amnistía general y el reconocimiento para la cultura árabe-musulmana. El otro núcleo estaría liderado por los excomunistas del Ettajdid, cuyo candidato se postulaba a la presidencia. Se formó una coalición, la Iniciativa Democrática (ID), que en las presidenciales de 2009 se denominaría Iniciativa Nacional para la Democracia y el Progreso (INDP), donde se integraron partidos ilegales de orientación izquierdista y antiislamista, como los Comunistas Demócratas, el Partido de los Verdes de Túnez e independientes; y en las elecciones de 2009, se sumarían el PSG, el Partido del Trabajo Patriótico y Democrático y personalidades provenientes de las principales organizaciones feministas. Dicha coalición no sólo defendía la vía de la participación electoral como estrategia para propiciar el cambio político, sino que también recelaba de la posibilidad de que el islamismo pudiese liderar la oposición al régimen. En este sentido, ID/INDP pretendía erigirse como alternativa a una eventual polarización del escenario político entre el RCD de Ben Ali y Al-Nahdah.
No obstante, los resultados electorales no supusieron triunfo de los postulados defendidos por ambos grupos opositores: en las elecciones de 2004, Ben Ali se hizo con el 94,4% de los votos y la participación alcanzó el 91,5% del censo electoral; en las de 2009, conseguía el 89,62% de los sufragios, con una participación del 89,45%. Pero el fracaso electoral de la coalición liderada por Ettajdid, que no sólo se veía limitada por las severas restricciones impuestas por la ley electoral, sino que también fue objeto de continuos ataques por parte del aparato administrativo y policial del régimen, y de los llamamientos en favor del boicot por parte de Al-Nahdah, no significaron un menoscabo de las posiciones de ambas organizaciones. Al contrario, Al-Nahdah reforzaba su liderazgo al frente de la oposición ilegal, mientras que Ettajdid conseguía mantener su cohesión y, además, ampliaba sus bases de apoyo entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales.
Pero los intentos de construir un espacio unitario entre ambas fuerzas opositoras nunca llegaron a cuajar, a pesar de compartir los mismos objetivos de reforma y democratización. La cuestión de que si ello fue causado por unos principios ideológicos irreconciliables que separan a seculares e islamistas, o como apunta Guadalupe Martínez, simplemente por la mera competición política por el liderazgo del cambio, será objeto seguramente de no pocas controversias. Lo que sí podemos decir es que dicha división explica en parte el hecho de que, a la postre, ninguno de los dos grupos, ya fuese conjuntamente o por separado, estuvieron a la vanguardia de las movilizaciones que se precipitaron la caída del régimen de Ben Ali a principios de 2011. Efectivamente, ha sido la sociedad tunecina la que, al margen de las élites polí¬ticas de la oposición, ha protagonizado el inicio del cambio.
Los retos y desafíos del proceso constitucional tunecino
Tras el breve período de interinidad que siguió a la caída de Ben Ali, las elecciones constituyentes del 23 octubre de 2011 abrieron una nueva etapa de la vida política tunecina. En dichos comicios concurrieron 828 partidos políticos, 655 candidaturas independientes y 34 coaliciones. Con una participación del 52%, los resultados dieron la victoria a Ennahda con 89 escaños de los 217 que conforman la Asamblea Constituyente; en segundo lugar, el centro-izquierdista CPR con 29 escaños; Al Aridha, con 26 diputados; el Forum Democrático para el Trabajo y las Libertades o Ettakatol, de tendencia socialdemócrata, 20 representantes; el PDP, 16; el Polo Democrático Modernista o Al Qotb –coalición liderada por Ettajdid– y el Partido de la Iniciativa o Al Moubadara –formado por ex miembros del RCD–, cinco diputados cada uno; Afek Tounis cuatro escaños; Alternativa Revolucionaria con tres, y el Movimiento de los Social Demócratas y el Movimiento Echaab 2 representantes cada uno. Finalmente, 8 pequeños partidos –entre ellos el MPD–, y 8 listas independientes consiguieron un escaño cada uno.
El Ennahda y dos de las principales fuerzas políticas laicas de la Asamblea, el CPR y Ettakatol, llegarían a un acuerdo para compartir las tres primeras magistraturas del Estado: el dirigente de Ettakatol, Ben Jafar, fue elegido Presidente de la Asamblea; el líder del CPR, Moncef Marzouki, fue nombrado presidente interino de la República, y el secretario general de Ennahda, Hamadi Jebali, Primer Ministro.
Pero el proceso que ha de dotar a Túnez de una nueva constitución se está encontrando con numerosos obstáculos y dificultades. Primeramente, los cambios dentro de los partidos que están alterando la composición de la Asamblea Constituyente. Al Aridha o Partido de la Petición Popular, organización dirigida por Hachemi Hamdi, hombre de negocios y propietario de la televisión Al Mustaqila, y que se convirtió en la sorpresa de las elecciones tunecinas al ser la tercera fuerza más votada, a pesar de que era completamente desconocida en la escena política, veía como diversos diputados abandonaban el partido descontentos con el liderazgo de Hachemi para formar un grupo independiente en diciembre de 2011, pasando a tener sólo 14 de los 26 escaños que poseía inicialmente. En abril de 2012, se producía la fusión del PDP, Afek Tounis, el Partido Republicano de Túnez y otros grupos menores, que formarían el Partido Republicano, de tendencia centrista liberal y con 20 escaños en la Asamblea. Y en mayo del mismo año, 12 diputados se escindían del CPR para formar el Congreso Democrático Independiente, posteriormente denominado Wafa (“Fidelidad”).
Por otro lado la conflictividad social sigue aumentado a causa de la precariedad de las condiciones vida y del desempleo que afecta a amplios sectores de la población. Por no mencionar el crecimiento de los movimientos islamistas radicales críticos con Al-Nahdah, sobre todo del salafismo yihadista, protagonista de diversos ataques violentos. Tampoco se debe olvidar la actitud de la antigua metrópoli colonial, Francia, que se mostró muy ambigua ante las movilizaciones populares que llevaron a la caída del régimen benalista, y cuyas relaciones con las actuales autoridades tunecinas no pasan precisamente por su mejor momento: el gobierno tunecino (a diferencia de su homólogo argelino) se ha negado a abrir su espacio aéreo a las fuerzas francesas que intervienen en Malí y ha emitido declaraciones críticas con dicha intervención.
En este contexto, no es de extrañar que el asesinato de Chokri Belaid se haya convertido en el detonante para que todas estas tensiones desemboquen en la crisis política en la que se encuentra actualmente sumido el gobierno y en el estancamiento del proceso de redacción de una nueva Constitución. La coalición gubernamental formada por islamistas y laicos moderados se encuentra en una situación muy crítica barajándose diversas propuestas para salir del atolladero: formación de un gobierno de “expertos independientes”, convocatoria de nuevas elecciones.
En resumen, un bagaje histórico de reformas y proyectos constitucionales que lo distingue de los países del entorno; su condición de cabeza de puente de los intereses políticos y económicos de los países europeos (especialmente de Francia), en el Magreb; la controversia entre la modernidad y la tradición (o si se prefiere, entre secularismo y confesionalismo) que arranca desde los mismos inicios del proceso de lucha y resistencia a la dominación colonial, así como la búsqueda de fórmulas de compromiso entre ambas posturas, han dado lugar una experiencia política y social rica y plural única en el mundo árabe, en la que tanto el laicismo como el islamismo se encuentran firmemente arraigados entre amplios sectores de una sociedad tunecina que, además, no está dispuesta a ceder incondicionalmente el liderazgo del cambio democrático conquistado gracias a las movilizaciones populares de finales de 2010 y principios de 2011 a una única fuerza política, lo cual podría suponer el peligro de un retorno al monolitismo y el autoritarismo que caracterizó al régimen anterior.
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Darius Pallarès Barberà. Barcelona.
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 25 Febrero 2013.