El drama de la población palestina refugiada surgió a raíz del Plan de Partición de Palestina aprobado por las Naciones Unidas en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que recomendaba la creación de un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo control internacional que comprendería Jerusalén y Belén. Dicha resolución y la posterior proclamación unilateral del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, desembocarían en la primera guerra árabe-israelí cuyo resultado, después de que la mediación de la ONU consiguiera parar los combates en enero de 1949, fue que el nuevo Estado israelí pasase a controlar un tercio más del territorio previsto por el Plan de Partición y se completara lo que se vendría a denominar al-Naqba (el desastre), es decir, el desalojo de 531 localidades de población árabe palestina y el éxodo forzoso de unas 800.000 personas del actual territorio israelí.
Posteriormente, una nueva diáspora palestina surgiría a raíz de la Guerra de los Seis Días de junio de 1967, cuando el ejército israelí desencadenó una violenta ofensiva sobre diferentes frentes para interponer nuevos territorios entre los países árabes e Israel, ocupando la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental –que dieron origen a los Territorios Palestinos ocupados–, la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios. Dicho conflicto provocaría un nuevo alud de refugiados palestinos hacia los países árabes vecinos. La presencia masiva de refugiados y de las principales organizaciones armadas de la resistencia palestina generarían fuertes tensiones en Jordania, que estallaron con los enfrentamientos conocidos como el Septiembre Negro de 1970, y que se saldaron con la expulsión de la dirección de la Organización por la Liberación de Palestina del país; y en el ya de por sí difícil equilibrio comunitario del Líbano, con la participación de combatientes palestinos en la guerra civil de 1975-1991.
Aunque la diáspora palestina está repartida por diferentes países árabes como Egipto, Iraq, Yemen, Kuwait o Arabia Saudí, la inmensa mayoría de la población refugiada se concentra en Jordania, Siria, el Líbano y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. En estos últimos países la cifra de refugiados registrados alcanzaba en 2010 la cifra de casi 4,8 millones de personas, teniendo en cuenta que no sólo se contabiliza a la población desplazada por las diferentes guerras, sino también a sus descendientes.
Otro factor a tener en cuenta es la propia situación de los campos de refugiados, divididos entre los oficiales –aquellos instalados tras un acuerdo establecido entre las Naciones Unidas y el gobierno anfitrión para regular su uso– y los no oficiales. Tras largos años de un conflicto que no tiene visos de encaminarse hacia una solución definitiva, muchos de dichos campos se han convertido en auténticas barriadas ubicadas en los suburbios de las ciudades donde residen varias generaciones de refugiados. Así pues, uno de los principales problemas es la altísima densidad de población que reside en dichos campos, a lo que acompaña toda la problemática relacionada con la instalación de infraestructuras (agua, luz, alcantarillado, acondicionamiento de la vía pública, etc.) y la provisión de servicios básicos (escuelas, hospitales, ambulatorios, centros comunitarios, etc.), que adolecen de graves problemas de masificación. Las notables carencias en estos ámbitos son parcialmente cubiertas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés), establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949.
No obstante, la UNRWA sólo da cobertura a las personas cuyo estatuto de refugiadas está oficialmente reconocido por la UNRWA y el Comité internacional de la Cruz Roja, y son aquellas que pueden documentar el hecho de haber sido residentes en Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948, y que perdieron sus hogares y sus medios de vida como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948, así como sus descendientes. Evidentemente, esto sólo abarca a una parte de la población refugiada palestina. Muchas otras personas desplazadas por los conflictos posteriores y los deportados y antiguos presos de las cárceles israelíes, no poseen ningún tipo de documento de identidad ni de residencia, y por tanto, no están registradas y carecen del reconocimiento oficial de personas refugiadas (aunque puedan beneficiarse de algún que otro servicio prestado por la UNRWA). Por tanto, existen otros tipos de organizaciones, como las ONG internacionales y las asociaciones y entidades palestinas organizadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) o las diferentes fuerzas políticas palestinas, que ofrecen ayuda a los refugiados no registrados o proveen a la población refugiada en general de aquellos servicios que la UNRWA no puede cubrir.
Por otro lado, la actividad de la UNRWA se limita a la prestación de servicios y la administración de sus instalaciones. Todo lo referente a la administración, vigilancia y seguridad de los campos de refugiados es responsabilidad de las autoridades del país anfitrión, que en algunos casos es coordinada con la ANP o con alguna organización política palestina. En este sentido, los terrenos sobre los que se asientan los campos de refugiados son de titularidad estatal, o arrendados por el estado anfitrión, sobre los cuales los refugiados sólo tienen derecho a residir, pero no el acceso a su propiedad.
La situación en los Territorios Palestinos y Jordania
La población refugiada que se encuentra en los territorios de Gaza y Cisjordania, que comprende a las víctimas de la Naqba de 1948 y a su progenie, comparten la misma suerte que el resto de la población palestina que vive bajo el régimen de la ocupación militar israelí. En el caso de Cisjordania, los Acuerdos de Oslo de 1993 y otros acuerdos posteriores alcanzados entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el Estado israelí referentes al reparto de la administración y el control de la población y el territorio cisjordano en diferentes zonas, también afectan a la situación de los 19 campos de refugiados existentes: en la zona C, bajo control directo de las autoridades israelíes, están los campos de refugiados de Suh’fat –dentro de los límites municipales de Jerusalén– y de Kalandia; la zona B, de control compartido entre la ANP y las autoridades israelíes, los de Arroub, Fawwar, Jalazone y Deir Ammar, y los restantes, en la zona A, bajo la administración exclusiva de la ANP.
No obstante, sólo una cuarta parte de los 771.000 refugiados registrados en Cisjordania residen en dichos campos, aunque utilicen los servicios proporcionados por la UNRWA y la ANP. En lo referente a la situación social y económica, esta no difiere mucho de la de sus vecinos, aunque sí que se da una situación desfavorable en algunos ámbitos: por ejemplo, el porcentaje de población desempleada en Cisjordania en 2011 era del 23,1%, mientras que entre la población refugiada era alrededor de un 27%.
Un caso aparte merece la situación de los refugiados palestinos en Jerusalén Oriental. Proclamada capital “única e indivisible” del Estado israelí contraviniendo las disposiciones internacionales sobre su estatuto, la parte palestina de Jerusalén es víctima de políticas anexionistas de discriminación y limpieza étnica por parte de las autoridades israelíes, que promueven la instalación de colonos judíos mientras ponen todo tipo de dificultades a la población palestina para residir y acceder a los servicios municipales. En esta situación se han dado casos de población refugiada residentes en Jerusalén Oriental cuyas viviendas, proporcionadas por las Cruz Roja u otros organismos internacionales, han sido ocupadas por colonos con la connivencia de las autoridades militares y municipales israelíes.
Respecto, a la situación en la Franja de Gaza, podemos decir que dicho territorio es prácticamente un inmenso campo de refugiados (además de ser la zona con las densidades de población más altas del mundo), ya que según la UNRWA, de los 1,5 millones de habitantes de Gaza 1,1 son refugiados ya que dependen de la ayuda internacional para su subsistencia. El bloqueo impuesto por Israel (con la ayuda de Egipto) a raíz de la toma del poder de Hamás en Gaza en junio de 2007, ha diezmado las condiciones y los medios de vida de la población; que se han agravado aún más por las diferentes ofensivas del ejército israelí contra el gobierno de Hamás u otras organizaciones armadas palestinas, especialmente la operación “Plomo Fundido” de 2008-2009.
La situación de la población refugiada palestina en Jordania (alrededor de unos dos millones de personas) es, comparado con lo anteriormente expuesto, muchísimo menos dramática. La mayoría goza de la ciudadanía de pleno derecho –a excepción de unos 140.000 refugiados originarios de la Franja de Gaza que llegaron después de 1967–, y su nivel de vida es por lo general equivalente al del resto de la población jordana. Menos de uno de cada ocho refugiados palestinos en Jordania vive en uno de los 13 campos de refugiados existentes en el país, la mayoría de los cuales se han convertido de hecho en barrios urbanos.
La población refugiada en Siria y el Líbano
De los más de 470.000 refugiados palestinos que residen en Siria, sólo una cuarta parte viven en los 12 campos de refugiados repartidos por todo el país. Como la mayoría de sus compatriotas que viven en el Líbano, muchos provinieron de la parte norte de Palestina (la histórica Galilea) tras la guerra de 1948, principalmente de las ciudades de Safad, Haifa y Jaffa. Posteriormente, la población refugiada aumentó a raíz de la guerra de 1967, la huida de los refugiados instalados en los Altos del Golán ocupados por Israel hacia otras partes de Siria y los que huyeron del Líbano devastado por la guerra civil de 1975-1991.
El estatus legal de la población refugiada palestina en Siria es relativamente ventajoso, ya que, a pesar de no tener la ciudadanía siria, gozan de muchos derechos y de posibilidades de acceso al mercado laboral y a los servicios sociales prestados por el gobierno. No obstante, su situación socioeconómica no es nada halagüeña, debido que su nivel de vida es algo inferior a la media de la población siria, hecho que se refleja en las altas tasas de mortalidad infantil y el bajo índice de escolarización de la población refugiada palestina.
Pero la actual situación del país, inmerso en una sangrienta guerra civil, ha golpeado con fuerza sobre la vulnerable población refugiada. Muchos campos de refugiados se han convertido en el escenario de enfrentamientos armados entre el ejército y las fuerzas opositoras, y entre facciones palestinas que apoyan a uno u otro bando; tal es el caso de Yarmouk, pero también de Jaramana y Husseiniyeh (situados en los suburbio de Damasco), Qabr as-Sitt (a unos 15 km de la capital), Ein al-Tal (en Alepo) y Homs (ubicado dentro de la ciudad homónima). El resultado ha sido el desplazamiento de personas refugiadas que se han sumado a la población siria que ha huido de los combates dirigiéndose a los países vecinos: según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, cerca de 17.000 refugiados palestinos han huido al Líbano, mientras que otros 3.000 lo han hecho en dirección a Jordania.
Se calcula que de los 425.000 refugiados palestinos registrados por la UNRWA desde 1948, sólo unos 260.000-280.000 residen actualmente en el Líbano, una cuarta parte de los cuales viven al sur (cerca de las ciudades de Tiro y Sidón) y en Beirut, y la mayoría (un 62%) están repartidos en una docena de campos de refugiados. Pero, de hecho, existen tres categorías legales de refugiados: los reconocidos por las autoridades libanesas, registrados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la UNRWA; aquellos cuya situación fue regularizada por un decreto del año 1969, y finalmente, aquellos que fueron obligados después de guerra del 1967 a refugiarse en el Líbano, incluyendo también a los deportados por Israel, y que carecen de cualquier documento de identidad y no pueden circular libremente por el país ni marchar hacia otro lugar.
Pero, independientemente de su situación legal, la población refugiada palestina en el Líbano está sometida a graves restricciones para acceder al mercado laboral (está excluida de determinadas actividades profesionales), a problemas de vivienda pues el gobierno libanés pone severas limitaciones a la ampliación y a la altura de las casas de los campos de refugiados, y a prohibiciones para ejercer el derecho de asociación, las libertades de expresión y de participación política y acceder a los servicios sociales. A esto, hay que añadir la degradación de las condiciones de vida dentro de los campos causadas por unas infraestructuras obsoletas y por graves carencias en los servicios sanitarios y educativos. En este contexto, el panorama socioeconómico que describe la UNRWA no puede ser más desolador: se estima que sólo el 37% de la población refugiada en edad de trabajar tiene trabajo; que dos terceras partes de los refugiados son pobres (es decir, que viven con menos de 6 dólares diarios) y que el porcentaje de los que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema (que viven con menos 2,17 dólares diarios) suponen el 6,6% de la población, unos 16.000 individuos el 81% de los cuales viven en Sidón y en Tiro.
Entre las diversas causas de esta dramática situación destaca el hecho de que los campos de refugiados palestinos en el Líbano han sido víctimas de episodios de extrema violencia a lo largo de la convulsa historia reciente de dicho país: las diferentes ofensivas del ejército israelí contra los campos de refugiados del sur del Líbano, convertidos en santuarios de las organizaciones armadas palestinas; las matanzas de Sabra y Chatila en 1982; la “guerra de los campos”, que enfrentó entre sí a diversas facciones palestinas, a la milicia chií Amal y al ejército libanés entre 1985 y 1987, y más recientemente, los duros combates entre el grupo radical suní Fatah Al-Islam y el ejército libanés en el campo de refugiados palestinos de Nahr El-Bared, cerca de Trípoli, en mayo-junio de 2007.
A modo de conclusión, esta breve aproximación a la situación de la población refugiada palestina muestra claramente cómo la consecución de una solución justa al conflicto palestino-israelí, que evidentemente incluya un acuerdo sobre el destino final de los refugiados basado en el reconocimiento de su “derecho de retorno”, es uno de los pilares fundamentales para la construcción de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.
Darius Pallarès Barberà. Barcelona.
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 4 Febrero 2013.