Como si se tratara de una adaptación del cuento de los hermanos Grimm, los gobiernos autonómicos construyeron unas televisiones de chocolate y pusieron de gestores a los “Hansel” y “Gretel” de turno. Estos se las comieron, mientras jugaban al fútbol gastando millones… Ahora la situación es insostenible, como ejemplo, la RTVV tiene un patrimonio negativo de – 1.219 millones de € según publica Vertele, lo que la lleva a despedir al 76% de la plantilla. Pero, ¿es esa la solución? Sin duda no.
Cuando nació la TV autonómica lo hizo al amparo de la nueva organización del Estado que dividía el territorio en Comunidades Autónomas, para descentralizar el país y dotarlo de una organización acorde con las diferencias y peculiaridades de cada zona y así evitar los conflictos e injusticias que la supresión definitiva de los Fueros, tras las Guerras Carlistas, había producido. La nueva distribución del Estado buscaba la concordia y huía de enfrentamientos internos como se desprende de la entrevista con Manuel Clavero en Huelva Información.
El marco legal que dio cobertura a la TV autonómica fue la Ley del Tercer canal, o Ley de Televisión de Proximidad, copiada de las ya existentes en Francia, Alemania o Italia. En la década de los ochenta surgieron las llamadas “históricas”, que según datos del Ministerio de Educación lo hicieron por este orden: EiTB y TV3, TVGa, Canal Sur y por último Telemadrid y Canal 9. Se agruparon en la llamada FORTA, una organización sin ánimo de lucro… En este contexto sería complejo e incluso injusto, decidir cuál tiene derecho a existir y cuál no, a pesar de eso cada día son más las voces que se atreven a entrar en ese debate con la excusa de la economía, uno de los últimos ha sido Durán i Lleida que en entrevista extraída de eleconomista, declara que tan sólo Euskadi, Catalunya y Galicia tienen derecho a televisión autonómica y por tanto a un régimen diferente de Autogobierno. ¿Por qué unas Comunidades sí y otras no? ¿Por qué café para unos y para otros no? Es problemático entrar en el debate de sí los herederos de los reinos de Valencia, Castilla o Granada tienen más derecho a su propia identidad que los de Aragón o Navarra. En ese terreno es fácil herir sensibilidades históricas y actuales, por lo cual son preferibles las imperfecciones de nuestro sistema autonómico, al fomento de las rivalidades internas.
Sin embargo, el derecho a la existencia de las televisiones autonómicas no puede avalar su nefasta gestión. Es cierto que estas televisiones han hecho bien muchas cosas y, en general, han sabido cumplir con sus objetivos y han llegado a los ciudadanos con una programación de calidad. Pero son los errores los que lastran el futuro.
Las autonómicas tenían la obligación de fomentar la identidad propia, tanto a nivel de idioma o dialecto, como de costumbres, historia, tradiciones, etc. Sin embargo, una de las más grandes inversiones que hicieron desde el principio no estuvo encaminada en este sentido, si no más bien en el de emular a la RTVE, e incluso intentar superarla en audiencia. Para ello los gestores autonómicos de la época vieron una oportunidad de oro en los nuevos avances técnicos que permitían las retransmisiones en directo de los partidos de fútbol. Dentro de una política expansionista de la FIFA, cuyos detalles más turbios se ponen de relieve en esta noticia de El País. Las autonómicas apostaron por el fútbol de Primera división, con el partido de los sábados, un contenido opuesto a la Proximidad y más propio de una cadena Estatal, ya que no todas las autonómicas tenían posibilidad, cada semana, de emitir un partido de un equipo de su Comunidad.
El primer gran acuerdo de la FORTA con la Liga de Fútbol Profesional data de julio de 1990. Supuso, según el estudio del Profesor Bonaut de la Universidad San Jorge, un desembolso de 54 mil millones de pesetas por ocho temporadas, de los cuales 42 mil fueron pagados por las televisiones autonómicas “históricas”, más los gastos generados por las propias retransmisiones (unidades móviles, cámaras, enlaces, etc…) Una cantidad excesiva que además multiplicaba por cuatro lo pagado por la RTVE tan solo un año antes. Tal vez en aquel lejano 1990 comenzó el fin de la solvencia de éstas televisiones, que tuvieron que aumentar su déficit en cada una de las sucesivas “guerras del fútbol” en las que se han visto implicadas, y de las que han sido siempre las grandes derrotadas. El final de este despilfarro se escenificó con el anuncio de TV3 de no emitir más fútbol de Primera División en directo, según noticia de Cinco días.
Evidentemente el problema y las pérdidas de las autonómicas no solo han sido provocados por los derechos del fútbol, pero sin duda éste es uno de sus aspectos más llamativos, pues nunca deberían haber entrado en unos contenidos que nada tenían que ver con sus objetivos fundacionales y que sólo buscaba un éxito de audiencia que ha hipotecado su futuro.
En la actualidad las autonómicas siguen luchando por mantener una programación de proximidad, según informe de la FORTA. Sin embargo cada vez las dificultades económicas son mayores. Los presupuestos de los últimos años se han ido reduciendo drásticamente en casi todos los casos, en el último ejercicio: TV3 ha restado 44 mll. €, Canal Nou 26 mll. €, Canal Sur 12 mll. € y tan sólo Telemadrid ha aumentado el suyo en 11 millones, según publica lainformacion. Para hacernos idea de las pautas del endeudamiento, es revelador el artículo de El País sobre el caso de Canal Nou, algo que ha ocurrido en similares condiciones en las demás, sin importar el color político que las gobernara.
En este panorama no hay ningún signo positivo para las televisiones autonómicas que derrocharon los años de bonanza en diversos “pozos sin fondo” que ahora se empiezan a conocer, así como supuestos casos de corrupción o sueldos elevados que sólo han hecho aumentar las deudas de sus respectivos gobiernos, detalladas en esta noticia de Canal Sur.
Los cambios en la Ley General Audiovisual pretenden “salvar” a estas televisiones de la bancarrota, dando la opción de “liberalizarlas”, permitiendo la entrada de capital privado o admitiendo la gestión privada de las mismas. Ya han surgido muchas voces interesadas entre grandes empresas de nuestro país: Vértice 360 (que ha sorprendido contratando a un sobrino de Mª Dolores de Cospedal), Secuoya (que ha fichado al ex Director de la Televisión Canaria y Española Santiago González) o Mediapro (al frente de la cual sigue Jaume Roures). Todos tienen apetito por las autonómicas aunque, como exige Jiménez Losantos, lo primero es hacer despidos masivos, Canal Nou ya ha planteado el suyo y el siguiente puede ser el de Telemadrid. Y es que el pastel autonómico, aunque mordisqueado, aún es de unos mil millones de euros anuales, como señala Expansión.
Al cuestionar a las televisiones autonómicas se está desvirtuando el sistema de organización del Estado en Autonomías. Son muchos los que critican el derroche de éstas, pero muy pocos los que señalan a los gestores como responsables. A nivel televisivo la previsible privatización de la mayoría de las autonómicas, puede hacerlas caer en la órbita del duopolio que están construyendo Mediaset y Antena3, con lo cual la pluralidad televisiva estaría en peligro. De mantenerse esta situación, estaríamos sólo en el preludio de nuevas catástrofes audiovisuales.
Efectivamente Hansel y Gretel cayeron en la trampa, pero consiguieron escapar, dejándonos a los demás dentro de la jaula para que nos coma la bruja.
Carlos Torres Montañés. Madrid.
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 18 Julio 2012.