Los últimos episodios acontecidos en Egipto han vuelto a poner al país del Nilo en la palestra. Para recapitular brevemente señalemos que, desde que la Asamblea Constituyente del 24 de marzo, surgida de las elecciones legislativas de noviembre-diciembre del año pasado, se encontraba bloqueada por la oposición de los partidos seculares al predominio de los partidos islamistas, principalmente del Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ) de los Hermanos Musulmanes y la coalición salafista ultraconservadora Nur, finalmente, por presiones de los militares, el pasado 8 de junio se había llegado a una solución de compromiso estableciendo una nueva Asamblea que estaría formada 39 miembros de los partidos políticos y 61 por representantes de la sociedad civil (sindicatos, abogacía, judicatura, líderes religiosos, etc.). Pero, posteriormente, dos sentencias del Tribunal Constitucional egipcio, emitidas tan sólo 48 horas antes de la celebración de las elecciones presidenciales, han supuesto una vuelta de tuerca más en el enrevesado proceso de transición política. Si por un, lado, el tribunal invalidaba una ley que impedía a antiguos cargos del régimen aspirar a la presidencia del país, permitiendo a Ahmed Shafiq, ex primer ministro de Hosni Mubarak y candidato presidencial con el apoyo de los militares, concurrir a los comicios, por otro lado declaraba inconstitucional la ley electoral, lo que ha comportado la disolución de la Asamblea y la asunción del poder legislativo por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF, por su siglas en inglés), que había tomado el control del poder ejecutivo tras la caída de Mubarak en febrero del año pasado, y que ahora se ha apresurado a enmendar la Constitución vigente para otorgarse ciertas prerrogativas mientras no se apruebe un nuevo texto constitucional.
Estos episodios revelan la voluntad de los militares por completar un proceso de transición política “controlada” con el traspaso del poder a los civiles, previsto para principios de julio. En este sentido, dado que los intentos para llegar a un entendimiento con el principal movimiento opositor, los Hermanos Musulmanes, no parecen avanzar en la dirección deseada, se ha optado finalmente por tomar la vía judicial para disolver la Asamblea, dando un manto de legalidad a lo que para la oposición no es más que un golpe de estado. La preocupación por la incertidumbre política e institucional que generaría la posibilidad de que el candidato ganador en los comicios accediera a la presidencia sin que todavía se hubiera aprobado la nueva Constitución, unido al descontento por parte de amplios sectores sociales que protagonizaron las movilizaciones de 2011 (jóvenes, mujeres, estudiantes, clases asalariadas, sindicatos independientes, partidos de izquierda, minorías religiosas, etc.) por la tutela que el SCAF está ejerciendo en el proceso de cambio político, y que se ha podido comprobar con las reacciones que ha suscitado el resultado del juicio a Mubarak y a los miembros de su familia y de su régimen, y con las protestas por la forma con la que se está llevando a cabo el proceso electoral, explican la determinación de la cúpula castrense por dirigir con mano de hierro un proceso de transición que estabilice la situación política en Egipto y evite así la eventual “radicalización” del proceso democrático.
Muchos son los motivos que están en juego para que esto último no ocurra, y muchos de ellos tienen que ver con los intereses de los propios militares y de su principal apoyo a nivel internacional, los EEUU. Desde que el golpe de los Oficiales Libres de 1952 aboliese la monarquía y estableciese, al año siguiente, República de Egipto, el país ha estado dirigido por gobernantes de origen militar: Gamal Abdel Nasser, Anuar El Sadat y Hosni Mubarak. A lo largo de estos años, la élite castrense egipcia, que dirige el ejército árabe más grande del mundo, ha acumulado numerosos privilegios y prebendas y su participación en la economía nacional es muy importante al dirigir y gestionar numerosas empresas no sólo del complejo militar-industrial, sino también de la industria civil, la agricultura y las infraestructuras.
A partir de la década de 1970, los militares egipcios han contado con la ayuda y colaboración de los norteamericanos. Con más de 80 millones de habitantes, Egipto es el país árabe más poblado del mundo y dueño de esa importante arteria del comercio internacional que es el canal de Suez –que, junto con el oleoducto Suez-Mediterráneo (Sumed), es además un nudo importante del tránsito de petróleo y gas natural hacia Occidente–. Por tanto, Egipto ha sido (y es) un pilar fundamental para la estabilidad del mundo árabe y para la marcha de la economía mundial y, en consecuencia, es el primer objetivo para cualquier potencia con pretensiones hegemónicas. Desde el siglo XIX y hasta la crisis del Canal de Suez de 1956, fueron los franceses y, sobre todo, los británicos los que ejercieron su influencia y dominación sobre Egipto. Durante la guerra fría, soviéticos y norteamericanos sucederían a los decrépitos imperios coloniales en la competición por atraer a los gobernantes egipcios hacia sus respectivas órbitas de influencia. Finalmente, serían los segundos los que lo conseguirían con la firma de los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel en 1978.
Desde entonces, Egipto e Israel son –junto con la monarquía teocrática y petrolera de Arabia Saudí– los principales garantes de la pax americana en Oriente Medio, que constituye uno de los más importantes puntales de la hegemonía mundial estadounidense. Consecuentemente, y en justa recompensa por tales servicios, El Cairo y Tel-Aviv ven como sus respectivos países son los principales receptores de la ayuda exterior estadounidense. Dentro de Egipto, los militares son los principales beneficiados de esta situación: se calcula que en los últimos 60 años Egipto ha recibido de los EEUU más de 70 mil millones de dólares en ayuda económica y militar; ya resulta significativo el hecho de que, mientras estallaban las revueltas a principios de 2011, una parte importante de la cúpula militar egipcia se encontraba en EEUU en una reunión del Comité de Cooperación Militar egipcio-norteamericano.
Los militares egipcios sólo aceptarán una democracia que no suponga una amenaza a sus privilegios y beneficios acumulados por tantos años en el poder y, por su parte, Washington no opondrá muchas objeciones en ello mientras se mantengan vigentes los acuerdos entre egipcios e israelíes. Resta por ver cual será la actitud que acabarán tomando los Hermanos Musulmanes. ¿Pactarán un acuerdo con los militares que les permita acceder al poder o, por el contrario, buscarán un acercamiento con otros grupos de la oposición para derrocar el SCAF?
Darius Pallarès i Barberà. Barcelona.
Colaboración. El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 22 Junio 2012