Llevamos una temporada que como consecuencia de la grave crisis económica que afecta, entre otros, a nuestro estado sea habitual y normal que al levantarnos escuchemos nuevas propuestas que inciden en recortar derechos que hace muy poco eran intocables. Derechos que se habían conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio no solo son cuestionados de la noche a la mañana por nuestros gobernantes sino que son llana y simplemente suprimidos con el objetivo, según nos señalan, de cumplir con el déficit y volver a crear empleo. Creo que hay dos ámbitos que jamás deberían ser tocados para mermarlos. Me refiero a la educación y la sanidad. Invertir en educación es invertir en el futuro del país, cualquiera lo sabe. Al recortar en ella y subir las tasas académicas lo único que se conseguirá es volver al pasado, no muy lejano, de que sólo podrán ir a la universidad los hijos de las familias acomodadas para así seguir dirigiendo al resto de la población. No invertir en investigación es hacer de nuestro país, un estado dependiente. Ya son muchos los universitarios que terminada la carrera al ver el panorama que existe en el estado español se van directamente al extranjero a intentar buscarse no un futuro mejor, sino simplemente un futuro. Con la sanidad, al recortar prestaciones y hacer pagar dos veces a la mayoría de contribuyentes para su mantenimiento, va a provocar que suceda como en los EEUU, es decir, quien tenga medios se hará de una mutua privada y cuidado que no tenga una grave enfermedad pues ya no será rentable. Es decir ¿vamos hacia la consideración de ver la sanidad como un simple negocio y nada más? Me niego a aceptarlo simplemente por humanidad. Todos lo que podemos debemos contribuir con el mantenimiento de nuestra sanidad pública para que otros que no puedan estén cubiertos, sea igual el origen y situación legal en que se encuentren en el país pues ¿no somos todos humanos?
En este estado durante años se ha tirado y robado el dinero público de manera impune y escandalosa. Cuantos proyectos faraónicos se han realizado sin tener en cuenta otras necesidades reales. Esto viene desde hace mucho tiempo. Para poner un ejemplo ¿realmente era prioritario el primer AVE que se hizo en la península ibérica entre Madrid y Sevilla a principios de los años 90 por el gobierno de Felipe González? ¿O no hubiera sido más rentable para nuestra economía el AVE entre las dos ciudades más pobladas del estado, como Madrid y Barcelona? No pararía de citar muchos casos que a todos nos vienen a la mente como los aeropuertos fantasmas, macro estaciones de AVE a las afueras de los centros urbanos, operas, etc. Y ahora hay comunidades autónomas que no tienen ni para pagar las calefacciones de sus colegios públicos.
Lo único que me preocupa es que cuando pase esta crisis, que no es solo una crisis económica, sino también de valores, no hayamos aprendido nada y se vuelva a lo de antes, es decir a las corruptelas.
De todo se aprende. A lo largo de nuestra historia se han producido diversas crisis. De esta debemos también aprender y ser conscientes de que hay unas líneas que nunca se deben pasar.
El estado del bienestar debe de estar protegido por estado, el cual debe defenderlo por todos sus medios. El ciudadano deposita en sus representantes su obligación de protegerlo. El problema nace cuando quien debe velar y garantizar los derechos de sus ciudadanos, empieza a suprimírselos. Es aquí cuando debemos reaccionar y plantearnos que realmente ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa. Una nueva etapa que entierre definitivamente el antinatural pacto de 1977 entre las fuerzas del régimen franquista y la oposición ex republicana domesticada encabezada por Felipe González y Santiago Carrillo, pacto que recordemos permitió a la etapa franquista no ser no solo condenada sino además ser legitimada. Una nueva etapa donde nunca más sean cuestionados principios como la sanidad y educación universales y gratuitos para todos, entre otros muchos. Donde todos tengamos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. Donde podamos elegir libremente a nuestros representantes con una ley electoral más justa. Donde cualquier ciudadano pueda optar a ser el jefe del estado sin que prime los derechos de una familia determinada por encima de las restantes y todo esto no será posible si antes no se hace una reestructuración del estado, pidiendo explicaciones a los responsables de todo este caos corrupto y, en su caso, condenándolos. Este país necesita realmente un lavado no solo de cara sino más profundo. Un cambio radical que garantice y aumente los derechos de todos, y ese cambio se llama TERCERA REPÚBLICA.
Alberto Maestre Fuentes. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción, Barcelona, 17 Mayo 2012.