No es necesario un Plan Nacional de Valores como el que anunció el gobierno de Convergència i Unió el pasado mes de septiembre para evidenciar cuáles son los que se defienden. Estos se expresan día a día con nuestra acciones. Se expresan, por ejemplo, cuando se verbalizan las preferencias por los uniformes en las escuelas, cuando se subvencionan colegios de élite que segregan por sexos o cuando, en plenos recortes presupuestarios, se amplía el concierto educativo en 300.000 euros a una escuela privada del Opus Dei. Se expresan cuando se suprime el impuesto de sucesiones que solo en 2011-2012 hubiera permitido ingresar unos 200 millones de euros (155, según el Gobierno y 400, según los grupos de la oposición) y, poco después, se recorta el presupuesto destinado a la sanidad pública. O cuando se plantea que los equipamientos hospitalarios que quedaron en desuso tras el ‘tijeretazo’ sanitario puedan ser utilitzados por la empresa privada.
Cuando se rechaza en el Parlament una propuesta para trasladar al Congreso de los Diputados una iniciativa que acabe con los privilegios de las Sociedades de Inversión de Capitales Variables (SICAV), un mecanismo que permite que grandes capitales tribuen al 1% cuando el resto de sociedades lo hacen al 30% y, las ‘pymes’, al 25%.
Cuando no se plantea ningún plan de lucha contra el fraude fiscal pero se decide investigar (cambiando sin previo aviso la forma de pago en pleno verano) qué beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) estaban estafando, aún sabiendo que el primero supone entre 15.000 y 16.000 millones de euros anuales y que, del segundo, no se pudo saber si alguno de los casi 6.500 excluídos del cobro de la RMI cometía engaño.
Cuando se anuncia la pretensión de rebajar el IRPF a las rentas más altas (aunque solo fuera un anuncio). Cuando se habla a favor de un impuesto para las grandes fortunas, pero se pide que lo aplique Madrid (sabiendo, seguramente, que no se aplicaría). Cuando se asegura (en campaña) que hay demasiados inmigrantes o que los homosexuales pueden cambiar su orientación sexual con ayuda psicológica. Cuando se elimina el programa contra la violencia de género del departamento de Interior y se decide no llevar a cabo otro cuyo objetivo era dar a conocer en los colegios la realidad homsexual y transsexual. Cuando se suprime el Código Ético de los Mossos d’Esquadra y se paraliza el programa para instalar cámaras en las comisarías pero se decide que se añadirán estos dispositivos a los cascos de los agentes antidisturbios del cuerpo policial catalán para contrarrestar las imágenes negativas que de ellos muestran los medios de comunicación ante hechos como el desalojo de los indignados de Plaça Catalunya.
Cuando se presenta una ley de las características de la ‘Ómnibus’, con la pretensión de modificar 80 normativas en en un solo debate y votación. Cuando se decide que tendrán que acreditarse seis meses de empadronamiento en un municipio catalán para poder recibir asistencia sanitaria más allá de las urgencias.
Cuando la ley ‘ómnibus’ de reforma audiovisual permite al Parlament designar a todos los consejeros de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals por mayoría absoluta en segunda votación. Cuando, aún no siendo necesario, se apoya al Partido Popular en la votación de la Reforma Laboral a cambio (y aquí habría que añadir un supuestamente) de que el Gobierno central modifique la norma que regula las televisiones autonómicas para abrir la puerta a su privatización –parcial o total-, algo que, según diversos medios, permitiría al Grupo Godó comprar Canal 33. Grupo, por cierto, al que CiU adjudicó casi dos millones de euros en noviembre pasado para la inserción de cápsulas informativas “de interés general para la ciudadanía” en 8TV y las emisoras RAC1 y RAC105, todas ellas de Godó. Además, en el momento de enviar este artículo, el último candidato para dirigir TV3 era Eugeni Sallent, actual director de RAC1.
Caterina Úbeda. Barcelona.
Colaboradora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 24 Abril 2012.