El pasado jueves 9 de febrero, el magistrado Baltasar Garzón Real, titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 y asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo.
Hoy, día 23 del mismo mes, El Consejo General del Poder Judicial ha ratificado por unanimidad la expulsión formal de Baltasar Garzón de su plaza de juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en cumplimiento de la citada sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo. – seguir leyendo
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Garzón el mismo juez que destapó el caso Gürtel, trama vinculada al Partido Popular, y que fue elegido diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.
Suspendido cautelarmente en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2010, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra Garzón por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional; el juicio se abrió tras admitir a trámite una querella presentada por la organización de ultraderecha Falange Española de las JONS, por la también ultraderechista Manos Limpias y la asociación Igualdad e Identidad. Ha estado imputado en tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Dos de ellas continúan su proceso; la primera ha obtenido un fallo contrario a Garzón: el citado 9 de febrero de 2012, este tribunal le condena por prevaricación de forma unánime por las escuchas ilegales durante la investigación del caso Gürtel con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta».
La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Actualmente hay 71 imputados relacionados con el Partido Popular.
Garzón rechazó la misma noche del juicio frontalmente la sentencia del Supremo, adoptada por unanimidad de los siete magistrados del tribunal, por entender que le condena de forma “injusta y predeterminada”. El juez se queja de que sus derechos han sido “sistemáticamente violentados” con “una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”.
Concretamente, el Supremo le ha impuesto una condena de 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva de su cargo, una multa de 2.520 euros y las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones particulares, poniendo fin así a la trayectoria del juez español más reconocido a nivel internacional, cuyo triple encausamiento ha sido descalificado por juristas de todo el mundo. Es también el punto final a sus 31 años de carrera judicial, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, durante los que desarticuló el entramado de ETA y su entorno, combatió otras formas de terrorismo, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo de capitales, ordenó la detención del general Pinochet y persiguió los crímenes contra la humanidad de dictaduras latinoamericanas.
Esta sentencia ha tenido repercusión en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde Navi Pillay, ha pedido el día 10 de febrero a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 por incumplir la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. El portavoz de Pillay, Rupert Colville dijo textualmente que «España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos” y recordó que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, «España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos», recomendación elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985. Colville, en alusión a Garzón, comentó que «los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo».
El periódico The New York Times también se había posicionado a favor del magistrado español en cuando a ser juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española. En su editorial del domingo 5 de febrero (anterior a la sentencia) afirmaba que «nadie sabe cuántas personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas» y continúa «ahora, el juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por investigar dichas atrocidades».
En Internet, desde que empezara el juicio a Garzón, existe la web http://www.congarzon.com/ donde hay publicado un manifiesto en defensa del juez para el que se solicitan firmas de apoyo.
El propio Garzón ha recurrido el auto del magistrado Luciano Varela ante la Sala de lo Penal del Supremo. En un recurso de apelación de 46 folios, carga firmemente contra el juez que instruye la causa que tiene abierta por prevaricación al investigar el franquismo. Alega, entre otras cosas, que dicha resolución judicial «resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal». Además, su letrado solicita la práctica de nuevas diligencias, como la solicitud de declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. A éstos se añade la petición para que declaren varios catedráticos penalistas para aclarar la aplicación de las normas del Derecho Penal Internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad.
Ahora, la decisión está en manos de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que debe estimar o rechazar el recurso del juez.
Redacción. España. El Inconformista Digital.-
Incorporación – Redacción. Barcelona, 23 de Febrero 2012.