A sólo 32 años de haberse aprobado la Constitución española un somero repaso nos indica que parte de ella se quedó en papel mojado, que los eternos problemas, lejos de haberse resuelto, siguen pendiendo como espada de Damocles sobre nuestras cabezas y lo que es peor, algunas cuestiones amenazan con empeorar.
Para quienes la pactaron, la consensuada Transición pretendía sellar un pasado ignominioso y mirar hacia el futuro con esperanza, pero esa intención quedó en “nada”. Si algunos pretendieron con el gran pacto cerrar heridas del pasado no lo consiguieron, porque se hizo sin intención de restañarlas con la dignidad y justicia debida. Lo sucedido con el juez Garzón ha dejado claro que, aunque algunos tuviesen sanas intenciones, para otros muchos sólo eran palabras vanas; atado y bien atado quedó todo y si alguno quiere pasar la ralla de demarcación ya sabe lo que le espera. Hay en esa actitud una huelga soterrada de los poderes económicos e ideológicos para que no podamos alcanzar un verdadero estado de justicia, dignidad y reparación. Hay ciertos derechos que quedan reconocidos en nuestra Constitución, pero la realidad es otra.
El derecho al trabajo quedó en mera retórica, ya que el poder del dinero se impuso sobre tan elemental derecho. Las grandes empresas impusieron el ritmo, su intención y su particular derecho de huelga; porque, ¿acaso no hacen huelga los grandes empresarios cuando trasladan sus factorías a países donde los costos de producción les sale por dos perras, sin tener en cuenta que dejan en el paro a personas, o metidos en una jubilación anticipada? Los efectos colaterales de dicha acción correrán a cargo de las arcas públicas. Decir que el dinero adquiere todos los derechos a costa del derecho al trabajo suena a cuento surrealista, pero así es, aunque ya sabemos que el dinero, por sí mismo, no tiene esa capacidad; la capacidad la tienen los grandes empresarios. En esto de las huelgas anda la gran derecha y la patronal queriendo poner trabas; quieren regular y demonizar la de los trabajadores, pero nada dicen de las otras huelgas. El gobierno está a verlas venir y cumple lo que mandan los organismos internacionales; esos que la vapuleada ciudadanía mundial no vota.
La reforma laboral impuesta por los poderes económicos y puesta en marcha por el gobierno es una prueba más de una fuerza que todo lo arrasa y disgrega. Una vez más, el lenguaje se retuerce para aminorar acciones que merecen reprobación y para demonizar el derecho de los trabajadores a la movilización y a las huelgas. El poder económico exige las mejores condiciones para su dinero; piden ayudas estatales, despidos exprés y baratos, a la vez que imponen salarios bajos para los trabajadores, hasta pretenden cargarse los Convenios Colectivos. Parece que las grandes empresas se cansaron de viajar por el mundo y quieren imponer en Europa una precaria situación laboral similar a la que gozan en los países donde han implantado sus factorías. Ya se vislumbra un tercer mundo empotrado en el primero, y los gobiernos europeos cumplen a la perfección las directrices marcadas por el poder económico. Otra vuelta de tuerca más. Un chantaje para que acepten sus pretensiones o, bien mirado, huelgas de deslocalización; hay quién de más. ¿Dónde está la Maravillosa Europa prometida? Y qué decir de las huelgas que realizan los bancos cuando les niegan a los pequeños empresarios, o a los autónomos los créditos que solicitan para seguir adelante.
El poder económico vapulea el sistema de pensiones, a pesar de que la caja de la seguridad social es solvente. El gobierno de turno le sigue la corriente y argumenta que hay que legislar para los pensionistas del futuro, pero, una vez más, se dejan ver las verdaderas intenciones; el sistema privado de pensiones con esos fondos de los bancos hacen y deshacen a su antojo sin pedir permiso. Por otro lado, los jóvenes sufren en mayor medida el paro (el 40%) además de incorporarse al mundo laboral cada vez más tarde; ¿qué futuro de pensiones le queda con el sistema de jubilaciones que quieren implantar? Millones de ellos no podrán cotizar, aunque quisieran, el tiempo necesario para jubilarse dignamente.
Adquiere así el dinero los máximos derechos, podríamos decir que alcanza tal importancia que anula la dignidad humana de la mayoría. Por el contrario, a la persona se la cosifica convirtiéndose en materia de usar y tirar. No suelen decir los gobiernos el dinero que se deposita en los presupuestos generales del Estado para paliar el fraude fiscal que saben va a existir, y son muchos millones. ¿Por qué existe una partida presupuestaria para tal fin y no puede existir para las pensiones, si es que existiera en el futuro un déficit? Conviene un recordatorio en esta materia.
Demasiadas cuestiones quedaron en papel mojado. A pocos años de la transición pactada, dos partidos se reparten la representación de una ciudadanía cada vez más depauperada y decepcionada. La ley electoral ampara el bipartidismo, sistema que no permite que otros partidos con propuestas alternativas puedan arraigar; sólo permite pequeñas comparsas que a lo más que pueden aspirar es a ser bisagras para formar gobiernos, pero no para dar un giro sustancial a la política. No es exagerado pensar que estamos asistiendo a una involución programada, donde la economía sumergida moverá gran parte del producto nacional bruto, donde el horario de trabajo apenas dejará tiempo para el descanso, donde las conquistas sociales se verán pisoteadas, donde los Derechos Humanos queden relegados a las élites dominantes y a sus obedientes vasallos. En este sentido, los directivos, sobre todo los de la banca, son de los mejores pagados de Europa, con tres millones de euros anuales como media.
Está claro que, a pesar de que el siglo XXI ha entrado en el calendario, en cuanto a derechos para las clases populares vamos camino del siglo XIX. La huelga del 29 S en España y de otras europeas pueden ser el inicio de protestas generalizadas. Veremos si la ciudadanía está dispuesta a parar lo que se avecina.
Teresa Galeote. Alcalá de Henares, Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 16 Octubre 2010.
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