Mientras los escándalos de corrupción urbanística siguen siendo el pan nuestro de cada día, mientras el Partido Popular nos deleita con espectáculos permanentes de dolor ante la creencia de haber perdido la España eterna que ellos modelaron con empeño durante siglos, las necesidades más acuciantes de miles de personas siguen esperando respuesta.
Las movilizaciones por la vivienda pública han sido y siguen siendo una constante durante el año 2006. Las últimas han tenido lugar el pasado sábado, 28 de octubre, en Madrid, Zaragoza y Bilbao; los jóvenes y no tan jóvenes siguen manifestándose por una de sus necesidades más perentorias; el derecho a la vivienda. Algo que garantiza nuestra Carta Magna, pero que se torna en algo imposible para multitud de personas con trabajos precarios o con bajos salarios. Dichas ciudades fueron los escenarios por los que discurrieron los protagonistas de una petición tan justa como alejada de los pelotazos urbanísticos que se dan a lo largo y ancho de la geografía española. Bajo la consigna: “La vivienda es un derecho, no un negocio”, la manifestación de Madrid discurrió con aires festivos, sin que por ello se perdiera, en ningún momento, el fondo reivindicativo. Y es que la fiebre urbanizadora nada tiene que ver con las necesidades reales de una ciudadanía que ya se está cansando de buenas palabras y de promesas incumplidas. Hay que decir, y los manifestantes lo dijeron, que existen tres millones de viviendas vacías en territorio nacional que podrían dar salida a las necesidades de quienes no disponen de una vivienda, pero, al parecer, dicha premisa no está entre las previsiones de aquellos que sólo ven en la vivienda una inversión muy rentable.
Algunos se afanan por no dejar un solo palmo de tierra ociosa, pretendiendo poner a trabajar a las parcelas urbanas destinadas para otros usos, e incluso a los espacios naturales protegidos. Para ello se echa mano de las socorridas recalificaciones. Luego están las mordidas que algunos hacen y otros aceptan para que dichos cambios de uso se den sin mayores problemas. Las desmesuradas ganancias que se generan desde el terreno inicial al recalificado y al construido da para todos aquellos que hacen de la necesidad de unos un negocio pujante. Con estos usos y costumbres, la vivienda llega a precios exorbitantes que hipotecan a los que la necesitan de por vida, aunque esto se da en el mejor de los casos ya que a muchos, sus precarios e inestables salarios ni siquiera les permite hipotecarse.
Urge un cambio drástico en el modelo constructivo a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio. Acabar, de una vez por todas, con tanto sinvergüenza que sólo ve en la construcción una forma de enriquecimiento personal. No es de recibo seguir permitiendo que las viviendas sigan creciendo sin tener en cuenta las necesidades de los que precisan unos metros cuadrados donde guarecerse durante las horas que la larga jornada laboral les deja libre. Nuestra democracia, lejos de ir avanzando en madurez y trasparencia, se ha estancado en una ciénaga que amenaza con tragarse a tirios y troyanos.
La vivienda pública de alquiler debe ser un factor primordial para solucionar el problema de aquellos que no pueden hipotecarse durante toda su vida, o los que pudiéndolo hacerlo no quieren pasarse el resto de sus vidas dependiendo de agobiantes letras. Porque hay un derecho reconocido y unos poderes públicos, a los cuales se les vota para hacer posibles dichos derechos, el Estado, en cada una de sus administraciones públicas, es el que debe garantizar las necesidades de los ciudadanos. Pero cuando hablamos de ciertos derechos básicos entramos en colisión con el enriquecimiento que algunos quieren hacer de forma rápida y sin cortapisas. Ahí es cuando debe entrar la Administración para impedir que la ambición de unos impida el derecho de muchos. Aunque más parece que acusamos el crónico agotamiento de una democracia cansada que, lejos de ir limando aspectos pendientes jurídicos, políticos y sociales, se adentra en una anemia perniciosa; agotamiento que impide el más mínimo esfuerzo para asentar conductas cívicas que faciliten el bien común.
Vivimos en la era de las paradojas más apabullantes. Es fácil poner entre rejas a las personas que se manifiestan por una vivienda digna, mientras los que violan las reglas éticas más elementales siguen campando a sus anchas. Es bien cierto que en un Estado de Derecho se debe velar por el principio de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, pero debería ese mismo principio valer para los que amparados en un derecho constitucional se manifiestan para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española.
Teresa Galeote. Alcalá de Henares, Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 31 Octubre 2006.