La detención de la cúpula de la banda del Ayuntamiento de Marbella y la intervención del consistorio municipal pone de manifiesto el interés que se tiene desde algunos sectores del poder, democráticamente establecido en este país, de luchar contra el crimen organizado. El arresto de la alcaldesa Marisol Yagüe y veintitrés personas más, entre las que se encuentran concejales, asesores y abogados, desliza una trama de corrupción y negocios turbios que no tiene desperdicio. – seguir leyendo
Ciudad Botín ~ Francesc Sánchez – ir a leerlo
Los acusados de corrupción y malversación de fondos recibían dinero de numerosas inmobiliarias a cambio de concesiones y recalificaciones, al tiempo que tampoco dejaban de aprovechar las cuentas publicas del consistorio para pagarse sus gastos y realizar sus negocios.
La Operación Malaya, conducida por el juez Miguel Ángel Torres y la Fiscalía Anticorrupción, tras las primeras detenciones en Marbella ha actuado también en Murcia, Huelva, Cádiz y Madrid. En estas localidades estaban repartidas las áreas de negocio e inversión de la banda; los acusados disponían de un importante número de propiedades y bienes inmuebles que superaban en creces sus ingresos regulares: sirvan como ejemplo un hotel, un palacete, un helicóptero y un tigre, que pertenecían a Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo del Ayuntamiento y ?por lo que parece? jefe de logística de la banda. En cuanto al área de negocio ?y solo en el sector de la construcción la Junta de Andalucía hasta el momento ha impugnado 178 permisos de obra y los jueces han paralizado 250 proyectos. Las cifras de la malversación de fondos pueden alcanzar sin ningún tipo de dificultad los más de dos mil millones de euros que se desprenden del patrimonio de Juan Antonio Roca; las deudas de éste ayuntamiento en bancarrota, que ofrecía sueldos de más de 3.000 euros a no menos de 30 personas clave, y que era incapaz de pagar el papel higiénico de las escuelas de primaria, ascienden a más de doscientos millones de euros.
Intervención del ayuntamiento de Marbella
Paralelamente a la operación judicial, el gobierno socialista de Zapatero, en un consejo extraordinario, ha resuelto disolver el consistorio municipal de Marbella en favor de una gestión técnica por parte de la Diputación de Málaga. La intervención del gobierno de éste ayuntamiento establece un precedente en la vida pública desde la transición, y va en sintonía con las intención que siempre ha tenido la Junta de Andalucía ?pero que nunca fue capaz de llevar a cabo? de querer hacerse cargo de las competencias de urbanismo de la ciudad. La oposición del Partido Popular otrora partidaria de la retirada de competencias a comunidades autónomas de cuño nacional, se opuso en el pasado a las intenciones de la Junta y ahora ha visto con recelos la disolución del ayuntamiento.
El Partido Popular, teniendo expectativas de victoria electoral y gobernando ya en otras ciudades malagueñas con el apoyo de concejales del desaparecido GIL(Grupo Independiente Liberal), parece no hacerse suficientemente cargo del deterioro de su imagen. Pero lo verdaderamente importante de éste caso de corrupción en Marbella, es el atrevimiento de un gobierno por querer terminar con unas irregularidades conocidas por todos, y la constatación una vez más de que el sector de la construcción ?uno de los motores económicos del país? corrompe y está corrompido. Marbella pues, es tan solo la punta de un iceberg de la criminalidad e impunidad que se ha ido extendiendo por todo el litoral andaluz, murciano y valenciano; los negocios fáciles en el sector de la construcción en esas regiones otrora denunciados por su impacto ambiental y su gasto energético, ahora descubren su intrínseco pecado original: una connivencia con el sector político municipal y autonómico que ha rebasado ya demasiados limites nacionales y racionales.
Redacción / Nacional. El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 12 Abril 2006.