La constitución de 1978 se realizó con cierto temor a sectores ultra-conservadores que observaban el curso de los acontecimientos políticos después de la muerte de Franco. Se quiso contentar a ciertos políticos que venían del franquismo y por ello se asumió el dichoso artículo ocho de la Constitución; lo llevó cierto político que tenía la fuerza suficiente para imponer la redacción tal como llegaba; así quedó y con dicho artículo el teniente general José Mena ha echado un órdago al gobierno. Sus declaraciones no son gratuitas y forman parte de una entramado político que resurge cuando la ocasión es propicia para decir que ellos siguen ahí. En España no contamos con un partido de derecha democrático y con un partido de ultraderecha como hay en Francia y en otros países del entorno; aquí contamos con el Partido Popular, un conglomerado que unas veces deriva hacia el centro y otras, como es el caso actual, hacia la ultraderecha, dependiendo de la correlación de fuerzas internas del partido.
Dicho sector cobró una fuerza impresionante, junto con la jerarquía de la Iglesia Católica, durante el mandato del PP y de ahí viene todo el alboroto ante cualquier realidad que a ellos no les guste. Las declaraciones del general Mena se dan en un momento muy concreto y sabiendo que le quedaban meses para su retiro por lo que no le suponía un perjuicio extremo y sí el efecto que pretendía. Si echamos a volar la imaginación y los antecedentes, podemos llegar a la conclusión que ha sido un acto preparado concienzudamente con ayuda de algunos dirigentes políticos.
Casualidad es que Mariano Rajoy, como presidente del Partido Popular, haya comprendido las palabras del militar sabiendo en que momento se hacen. Demasiada comprensión derrocha el principal partido de la oposición. Debemos entender que algunos de sus militantes formaron parte del régimen anterior, además de dejar a sus descendientes bien situados y educados en ciertos cánones totalitarios enemigos de comprender otras realidades que no sean las suyas. El pacto de silencio establecido durante la transición entre los principales partidos no debe llevarnos a la desmemoria ni a la estulticia.
Ahora echan mano de la Constitución cual conversos ortodoxos, aunque no dijeron absolutamente nada cuando el gobierno del Partido Popular metió a España en una guerra ilegal, saltándose el derecho internacional y nuestra propia Constitución que mandata que las declaraciones de guerra deben hacerse a través del Parlamento español.
Ciertos sectores tampoco hacen defensa de la Constitución cuando artículos de la Carta Magna son vapuleados por las fragantes especulaciones del suelo que tanto gustan de hacer a los gobiernos del PP allí donde gobiernan. Recuérdese las pasadas elecciones de la Comunidad madrileña cuando el caso Tamayo impidió un gobierno formado por el PSOE e IU. Sabemos que Simancas había anunciado un cambio en la Ley del suelo para evitar la fuerte especulación; especulación que sigue siendo la reinona de la fiesta en muchas comunidades autónomas.
Tampoco protestan cuando servicios básicos se ponen en venta, dejando los servicios sociales, que la Constitución ampara, desprotegidos. Quizá haya que ir pensando en reformar ciertos artículos de la Constitución, sobre todo el número ocho, artículo que sin duda se impuso desde una correlación de fuerzas que no eran propicias para profundizar en ciertos aspectos que hubiesen sido deseables y necesarios.
Tenemos muy reciente la última movida del PP, sobre los archivos incautados a Cataluña por el franquismo, para entender que los nacionalismos el partido conservador los entiende a su antojo, porque negar a la Nación catalana su nacionalismo histórico y pretender crear un pequeño-nacionalismo salmantino, basado en los archivos que la ciudad ha custodiado, además de perder los papeles, es una fragante contradicción que pone en evidencia a un Partido Popular que no quiere perder las esencias de otros tiempos.
Sería conveniente recordar la historia para comprender que ciertas uniones territoriales se hicieron a la fuerza en las diferentes luchas de dinastías y ese no es buen método para hacer efectivas las uniones. España está compuesta por una diversidad de pueblos que antes de integrase en España se sintieron nación; eso no hay que olvidarlo en ningún momento. Por otro lado, la creación de tantas comunidades que anteriormente se integraban en la región castellana puede que no sólo hay sido una mera cuestión administrativa, sino una solución muy bien pensada dando “dar café para todos” para negar a las nacionalidades históricas sus derechos.
Dejémonos de eufemismos, España puede y debe ser una Nación de Naciones, o un Estado Federal, ya que las instituciones y las leyes catalanas no se desintegraron por decisión propia; se segaron en la guerra dinástica entre la dinastía borbónica y la austriaca de principios del siglo XVIII.
Debería el gobierno tener muy claro que pactar con los enemigos de la historia, o hacer cambalaches con aquellos que mienten de continuo para obtener réditos electorales no es bueno para España. No hay que olvidar que el gobierno del Partido Popular no ha condenado el franquismo; dictadura que se impuso al gobierno republicano, legalmente constituido, con la ayuda de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia. Eso dice mucho de lo que está sucediendo en nuestro país a treinta años de la muerte del dictador. Si la reflexión y la moral son lo que diferencia al ser humano del resto de los animales, bien deberíamos tenerlas en cuenta para no perdernos en disquisiciones que nos alejen de lo fundamental.
Teresa Galeote. Alcalá de Henares, Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 16 Enero 2006.