Con mucha frecuencia, muchos de los que se oponen al hecho religioso, especialmente al católico, apelan a la aconfesionalidad del Estado, llevando a los ciudadanos a una confusión, muchas veces interesada, que me parece conveniente de aclarar.
Estado aconfesional es que éste no se alinea exclusivamente con una confesión religiosa, por tanto no debe ser interpretada como laicismo de Estado, sino que el Estado debe velar por que cada ciudadano pueda practicar su propia religión.
Con el nombre de laicismo se designa una actitud hostil ante lo religioso, que trata de prescindir de todo criterio obediente a una religión positiva, y que intenta quitar cualquier influjo de la religión en todos los campo de la sociedad, especialmente en las instituciones políticas y educativas.
La laicidad es aquella actitud que defiende a los ciudadanos de imposiciones religiosas de cualquier tipo y defiende, dentro del marco social, que cada cual pueda practicar su fe o no practicar ninguna.
La laicidad estatal bien entendida tiene un sentido positivo. Como acertadamente señaló una reciente sentencia de la Corte Institucional Italiana, «es la laicidad del Estado para la salvaguardia de la libertad religiosa, en régimen de pluralismo confesional y cultural».
El artículo 27.3 de nuestra Constitución establece expresamente: «los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones».
Por eso me parece que los defensores del laicismo en general y especialmente el escolar no son en absoluto neutrales, ni siquiera respetuosos: quieren imponer un proyecto estrictamente confesional, pero de otro signo; es decir, confesionalmente laicista.
Jesús Domingo Martínez. Girona.
Cartas de los lectores.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 23 Abril 2005.