Dignificar la muerte, mitigar el sufrimiento en enfermos terminales es más humano que permitir el dolor agónico. ¿Se debe destituir al responsable del servicio de urgencias de cualquier hospital argumentando que existen anónimos acusatorios sobre malas prácticas en la sedación de enfermos terminales? El Consejero madrileño ha empleado métodos dictatoriales con Luis Montes, responsable de urgencias en el hospital Severo Ochoa; sin escucharle, lo ha destituido de su cargo por obra y gracia de unos anónimos.
Cuando se comete un crimen, la primera consideración que los profesionales hacen es preguntarse a quién beneficia. Comencemos por ahí. ¿A quién beneficia el desprestigio de la Sanidad Pública? Y cómo consecuencia ¿Qué fin persigue el acto realizado por el Consejero madrileño? A partir de dichos interrogantes que cada cual saque sus conclusiones; yo he sacado las mías.
El señor Lamela ha puesto en el ojo del huracán a la Sanidad Pública madrileña diciendo que en 25 casos de enfermos terminales se ha utilizado la sedación de forma inadecuada. El informe médico del hospital desmiente sus declaraciones, mientras sindicatos médicos y colectivos en defensa de la Sanidad Pública piden la dimisión del señor Lamela. Hay demasiadas evidencias sobre las verdaderas intenciones del gobierno madrileño. Pensar que lo sucedido es producto de una mera irresponsabilidad del Consejero del PP es demasiado ingenuo. El intento de desprestigiar la Sanidad Pública es lo que está detrás de todo esto; desprestigio necesario para privatizar después parte de los servicios. Al gobierno del PP no le interesa mejorar la sanidad, por muchas promesas que haga en momentos electorales, porque si fuese así, el señor Lamela hubiese aumentado el número de camas existentes en los hospitales, y en particular en el Severo Ochoa, solicitud reiterada por dicho hospital; la unidad de cuidados paliativos sólo tiene cuatro camas y el hospital debe poner a enfermos terminales en urgencia. La petición no fue tenida en cuenta porque al gobierno madrileño no le interesa mejorar la Sanidad Pública sino su deterioro.
El presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Xavier Gómez Batiste, manifestó el pasado diciembre que: «Aplicar la sedación a enfermos terminales que están en agonía durante el coma o a enfermos con alzheimer terminales que tienen delirios es una práctica de libro».
Lo sucedido es muy grave y los grupos de la oposición de la Asamblea madrileña pidieron el pasado jueves, la dimisión de Manuel Lamela. El Consejero mintió y destituyó al coordinador de urgencias, Luis Montes, sin darle oportunidad a que se explicase; formas inquisitoriales y degradantes de ejercer el poder. Según la Ministra de sanidad, Elena Salgado, el año anterior también hubo otra denuncia similar y no se originó ninguna alarma. No era el momento señora ministra, no era el momento.
En asamblea convocada en el hospital Severo Ochoa de Leganés 400 médicos madrileños también pidieron la dimisión de Lamela, las disculpas de Esperanza Aguirre y la restitución en su cargo de Luis Montes.
Lo que no es ético ni humano es que una persona agonice sin hacer nada por mitigar su dolor. Criminalizar dicha práctica es mostrar un claro desprecio por el sufrimiento ajeno, además de inhumano.
No nos equivoquemos, el Consejero no es ningún ingenuo. Los anónimos sólo muestran la cobardía del que los difunde, las denuncias sobre irregularidades se hacen sobre papeles y son entregadas a los órganos competentes, incluidos los juzgados. Esa fórmula, honesta y clara, no ha sido usada porque no era eso lo que interesaba. Detrás de las puertas de los hospitales públicos están los Seguros médicos privados; esperan un servicio cualquiera que llevarse al bolsillo. El próximo acto está por ver.
Teresa Galeote. Alcalá de Henares, Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 8 Abril 2005.