En algún momento durante la presidencia de Bill Clinton los think tanks neoconservadores dieron con la fórmula para poner a su candidato en la Casa Blanca sin tener que contar con los votos de los ciudadanos (al fin y al cabo, los votos que pesan son los votos electorales). Funcionó en 2000, se va a intentar nuevamente en 2004. En primer lugar, hacer todo lo posible para que la gente no participe o por que no se cuenten todos los votos en determinados distritos. En segundo lugar, establecer una estricta disciplina de voto entre tu gente: los militantes de toda la vida, la ultraderecha cristiana y sus juventudes biológicas o bien captadas o formadas por los think tanks y los departamentos de law and economics en las universidades del país (con sus fabulosos presupuestos multimillonarios). En tercer lugar, conseguir el suficiente número de votos como para poder contestar el resultado de las elecciones en los estados (y condados) clave. Y por último, introducir el voto electrónico, con el que se ingresa en la dimensión desconocida. Especialmente cuando para realizar el escrutinio de los votos en la caja negra se necesita la asistencia de la empresa fabricante y ésta es un importante contribuyente del partido republicano.
A partir de entonces basta con dejar que el agua siga su curso. Los resultados de los recuentos tienen que saberse antes del 13 de diciembre que es cuando tiene lugar la elección presidencial por los compromisarios que componen el Colegio Electoral. La estrategia consiste en retrasar el proceso lo más posible, hacer que el 13 de diciembre se venga encima y forzar la intervención del Tribunal Supremo, tal y como ocurrió en 2000. Lo peor que puede pasar es que el vicepresidente tenga que decidir un empate. Pero esta vez la participación está siendo masiva y cuando la gente participa los partidos conservadores lo tienen crudo. Es una “ley social” conocida.
Como en otras ocasiones, éstas se consideran unas de las elecciones más importantes de la historia, todo el mundo está mirando, pero esta vez no es motivo de celebración, el proceso está plagado de irregularidades y de fraudes y es posible que éstas sean las primeras elecciones de corta y pega perfectamente institucionalizadas si la gente no sale a ejercer su derecho al voto. Los derechos se ejercen o se pierden, es una lección que la gente tiene aprendida especialmente desde que se sacaron el Patriot Act de la manga. Los republicanos no han sido nunca discretos en cuanto a cuáles eran sus intenciones, hacerse con todo el poder, como ocurre en otras repúblicas. Eso es exactamente lo que significa el lema “América está de vuelta”.
En los EE.UU el derecho al voto es un derecho de los estados, que han delegado muchas de sus funciones y responsabilidades en los condados. Hay 3.066 condados y en cada elección se cambian las normas dependiendo de quién esté al cargo y del presupuesto del que se disponga: esto significa que en cada uno de ellos puede haber diferentes reglas para incribirse en el censo de votantes, diferentes sistemas de voto y diferentes sistemas para contar los votos. Desde los plazos y las condiciones de inscripción hasta sobre si se van a contar los votos por correo o no (por ejemplo este año, ello va a afectar a los que lleguen previsiblemente tarde desde Iraq).
La carrera de obstáculos comienza con la inscripción en el censo electoral. En los EE.UU. los presos no pueden votar y en la gran mayoría de los estados los ex-convictos también están excluídos. Se calcula que en estas elecciones ello va a poner a 5 millones de personas fuera del proceso. En muchos estados la muerte civil es de por vida, en otros, dependiendo del tipo de condena y del tiempo transcurrido, existe la posibilidad de verse resucitado, mediante un complejo proceso de petición de gracia al gobernador. Pero ni siquiera eso garantiza la participación democrática de quienes estén legalmente registrados, la muerte civil de los ex-presos se ha convertido en la excusa perfecta para purgar a cualquiera de los censos, en cualquier momento.
El estilo neoliberal de hacer democracia requiere que las elecciones no se decidan con el voto, sino con la diferencia entre los inputs y los outputs. Preventivamente, impidiendo el ejercicio de este derecho o a posteriori, con el recuento y las consiguientes guerra mediática y batalla judicial. Y es ahí donde una gran diversidad y confusión en el mercado de sistemas de votación puede marcar toda la diferencia. Como decía un líder republicano en Michigan: “si no reprimimos el voto en Detroit vamos a tener problemas en esta elección”.
Este año, como ya se ha hecho evidente, Ohio compite con Florida por ser el estado con más irregularidades electorales. Lo que ocurrió en Ohio en 2000 es que ganó Bush con 165.000 votos de diferencia, también se presentaba Ralph Nader que sacó 180.000 votos. Pero este año Nader no se presenta. ¿Qué hacer?
En primer lugar, el Secretario de Estado Kenneth Blackwell se ha asegurado de que el voto electrónico con comprobante en papel no pueda estar disponible en el estado hasta 2006. 69 de los 88 condados utilizarán la papeleta preñada y el resto votarán con Diebold.
No es ningún secreto que el dueño de Diebold es uno de los más entusiastas hinchas del presidente. En una carta destinada a la recaudación de fondos en 2003 expresaba su total y exclusiva dedicación a garantizar que Ohio hacía entrega de sus votos a Bush.
En segundo lugar, las nuevas solicitudes para registrarse en el censo de votantes han de hacerse con papel de lujo en relieve, como el que se utiliza para las invitaciones de boda. (Oportunamente, esta disposición fue anulada por un juez).
En tercer lugar, la ley del estado tiene previsto que se permita votar con “papeletas provisionales” a quiénes por error administrativo se les haya dirigido al colegio que no les corresponda por distrito. Se calcula que puede haber hasta 100.000 personas en esta situación en los barrios más deprimidos del estado. Pero Kenneth Blackwell anunció que no se iban a repartir “papeletas provisionales”.
En cuarto lugar, el Tribunal Supremo de Ohio ha autorizado al partido republicano para que aposte a sus “supresores de votos” en las puertas de los colegios para cuestionar el ejercicio de este derecho de miles de personas entre la población afroamericana de mayoría demócrata. (Esta mañana en el programa de radio de la periodista Amy Goodman “Democray Now!”, uno de estos supuestos observadores por unas elecciones limpias se presentó a sí mismo como “Supresor de Votos” para el partido republicano).
En quinto lugar, se ha denunciado que muchos colegios han abierto tarde, ello hace la cola más larga y más posibilidades existen de que cuando llegue el momento de cerrar mucha gente se tenga que ir a casa sin poder votar. Es ilegal por ley federal cerrar los colegios si hay gente en la cola, pero esta norma es una que no se respeta en demasiadas ocasiones.
En sexto lugar, las máquinas no funcionan correctamente.
1-866-OUR-VOTE es el número al que hay que llamar para denunciar irregularidades. Este teléfono no ha dejado de sonar desde hace unas tres semanas, cuando se empezó el voto anticipado en muchos condados del país. El partido republicano por su parte realiza sus denuncias utilizando los medios de comunicación corporativos. Ya ha pedido la anulación de los votos en cuatro mesas electorales en Pennsylvania por supuestas irregularidades con el voto electrónico.
Han aparecido folletos explicando que es ilegal votar si uno ha recibido alguna vez una multa de tráfico, se ha enviado propaganda explicando que los demócratas quieren prohibir la Biblia, ha aparecido publicidad explicando que los republicanos votan el martes y los demócratas el miércoles o que solo se puede votar si uno va vestido con traje chaqueta. Se ha intimidado personalmente a votantes afroamericanos en Florida y a nativos americanos en Dakota, donde unos tipos en vehículos con los cristales ahumados tomaban fotografías de la gente saliendo y entrando en los colegios y anotaban el número de las matrículas de sus coches.
Maite Padilla. Los Angeles, Califonia. EE.UU.
Redactora, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 2 Noviembre 2004.