No es una noticia nueva por su temática ni por la protagonista, pero me ha llamado la atención el artículo de Francisco Umbral sobre la anciana, la crónica se titula “La nonagenaria”, cuyo desahucio ha confirmado la Audiencia Provincial (no se si será también autonómica por mor de la uniprovincialidad de la autonomía) de Madrid. La cuestión se debe, al parecer, por la extinción de un contrato de alquiler de renta antigua.
La sentencia alude en su resolución algo parecido a “a dónde va a ir esta señora”. A lo mejor a ver el desfile, fiesta y ceremonia nupcial, quizás se la podría invitar a la cena, quizás como última cena.
A la edad de esta anciana poco podrá esperar, al menos esa es una norma puesta muy de moda en ámbitos médicos cuando personas de avanzada edad acuden a remediar dolores y algún sabio galeno le espeta: “que puede esperar a su edad”. Poco, realmente, quizás un poco de atención. Quizás no morir como un perro abandonado.
A lo mejor la Sra. Botella, concejala-delegada de los asuntos sociales del Ayuntamiento de Madrid, se entera de la situación y arregla el entuerto. Pero, hay que ser justos, no es un problema único de ese Ayuntamiento, ni de esa Comunidad. Es una cuestión de Estado, porque son miles los ancianos que tienen pensiones míseras o que mueren en la más completa de las soledades.
Claro que muy distinto es si por razones biológicas (ser ascendiente de…) o por haber llevado una vida de perfecto presunto delincuente, te lleva a un final de existencia rodeado de lujo o esplendor.
Los datos hechos públicos sobre el «caso pensiones» del Banco Santander Central Hispano (BSCH) son prueba de lo bien que están planeadas las jubilaciones de ciertos personajes del empresariado español, lo que demuestra esa máxima constitucional de que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” (artículo 50 de nuestra Constitución). Pues bien, mientras hay pensiones de miseria, se deja a personas nonagenarias en la calle, el Señor Amusátegui firmó un contrato con el Señor Botín el 12 de agosto de 2001 donde proclama: “Se reconoce a Don José María Amusátegui de la Cierva el derecho a una pensión vitalicia de jubilación conforme a las siguientes normas… la cuantía anual bruta de la pensión de jubilación será de 5.108.603 euros. La pensión se hará efectiva por dozavas partes de cada mes… Además, como reconocimiento a su extraordinaria labor, se abonará a Don José María Amusátegui de la Cierva un bonus de 43.750.000 euros..”. A parte de otras dádivas, como el mantenimiento de despacho, dos secretarias, coche, acceso al avión privado de la compañía y servicio de seguridad, queda bien patente que en este “santo” país se vulneran todo lo vulnerable. Que todo esto está en proceso judicial, de acuerdo, pero el daño está hecho.
Con una pensión mensual de casi 71 millones de las antiguas pesetas, o una indemnización de 7 mil millones no es probable que se busque una residencia de mayores. Siento vergüenza ajena.
Emilio Sales Almazán. Talavera.
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 17 Mayo 2004.