¿No se han dado cuenta? Estamos en pleno proceso constituyente: en nombre de la ciudadanía europea se ha elaborado un «Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa», pero pocos conocen el contenido del mismo (los mass media guardan silencio al respecto) y muchos menos han colaborado en su elaboración. En contraste con el secretismo mantenido respecto a los ciudadanos, sí ha habido en su elaboración una comunicación fluida y coordinación con los lobbys empresariales con sede en Bruselas. Este texto (que es prácticamente irreformable una vez aprobado pues un único país tendrá derecho a vetar la decisión de reforma de los otros veinticuatro), seguramente será aprobado este mismo año, pudiendo ratificarse simplemente en los parlamentos nacionales, aunque quizá se someta a referéndum en algunos estados europeos, siendo por lo demás su resultado no vinculante en la mayoría de los mismos (como en España). Parece ser que la democracia se entiende de una forma muy particular y dieciochesca: leyes para el pueblo pero sin el pueblo.
Y es que el control de los gobernados sobre cualquier gobierno democrático parlamentario sigue siendo mínimo: se puede botar cada cierto tiempo a los gobernantes e intentar hacer que se atengan a las leyes elaboradas por ellos pero no se puede intervenir significativamente en la toma de decisiones. Se fomenta así que el ciudadano, como un menor de edad, confíe en sus supuestos representantes, delegando en ellos su soberanía política.
En el ámbito de la Unión Europea (UE), que seguirá siendo una organización básicamente intergubernamental y no supranacional (el Consejo de la UE se mantendrá como instancia básica de decisión), la falta de control ciudadano se acrecienta, pues aquí la división entre el poder legislativo y el ejecutivo es inexistente como demuestra la Comisión Europea que concentra la iniciativa legislativa y la ejecución de ciertas políticas de la Unión. Por otra parte, las atribuciones del Parlamento Europeo, a pesar de que sucesivamente han aumentado, están lejos de las de cualquier parlamento nacional (no puede aprobar leyes por sí solo, está excluido de cualquier toma de decisión en política exterior,…).
Pero veamos los contenidos del proyecto de tratado de Constitución Europea, que tiene por finalidad consolidar una Europa superpotencia mundial que respalde al euro a través de unas instituciones políticas fuertes, con el objetivo de exportar su modelo al resto del mundo. Destaca la atención prioritaria a los aspectos económicos subordinados a la política monetaria (art. III-69), consagrándose la doctrina neoliberal centrada en la seguridad de los grandes inversores (estabilidad de precios, déficit cero,…) y la libre circulación del capital (se prohibe cualquier impuesto tipo tasa Tobin) en detrimento del respeto ecológico y los derechos sociales (de esta forma, la convergencia monetaria está promoviendo la aproximación de los precios europeos pero no la de los salarios ni las prestaciones sociales, al mismo tiempo que se consolida la Europa fortaleza respecto a los no europeos).
Los derechos sociales básicos quedan recogidos en la breve parte II pero sin garantizarse las prestaciones sociales, que sólo «se reconocen y respetan». Tampoco se recoge el derecho al divorcio o al aborto. Además, el derecho a un empleo o trabajo se ha sustituido por el derecho a trabajar (art. II-15) y el derecho a la huelga se reconoce en última instancia y sólo dentro del proceso de negociación colectiva (art. II-28), mientras se permite el cierre patronal y las deslocalizaciones de empresas.
Por otra parte, se consolida la Europa militarista dentro del marco de la OTAN (art. I-40), afirmándose que «cada país se compromete a mejorar progresivamente sus capacidades militares» (se consolida una Agencia Europea de Armamento) y aprobándose los ataques preventivos bajo la retórica de la «prevención de conflictos» (art. III-210).
En conclusión, la supuesta convergencia europea ha potenciado y seguirá acrecentando la divergencia entre unas zonas y otras (la Europa de varias velocidades ya está en marcha, tal y como se aprecia entre los estados que han adoptado el euro y el resto) y entre unas clases sociales y otras (se pone el acento sobre el crecimiento económico y no sobre la redistribución de las riquezas que podría promoverse mediante la creación de unos impuestos progresivos de ámbito europeo). Esta Europa impuesta desde arriba, no creada a partir de la participación ciudadana, tendrá problemas a la hora de consolidarse. A pesar de la promoción entre la ciudadanía por parte de las elites políticas, empresariales, sindicales y mediáticas de la euroidiotez (atendiendo al sentido etimológico de idiotez como la cualidad de desentenderse de lo público o político), la sumisión, el conformismo y el optimismo por las instituciones y políticas europeas existentes, una Europa creada desde las bases sociales es posible y necesaria: estuvo en la mente de P. J. Proudhon o en la de las resistencias antifascistas y hoy se percibe en los Foros Sociales Europeos o en iniciativas como la Consulta Social Europea.
Jesús Bartolomé Martín.
Alcorcon, Madrid.
Cartas de los Lectores
Incorporación – Redacción. Barcelona, 26 Abril 2004.