La investigación como futuro económico – por Edmundo Fayanás

Existe una relación directa entre el nivel científico y tecnológico de un país y su nivel económico.

Desde 1985 hasta el 2003, el PIB español ha crecido a una tasa media anual alta del 3,1%, sensiblemente superior a la de los países comunitarios, haciéndolo en un marco de continua e intensa apertura hacia la competencia exterior. Pero estos avances no han ido acompañados de mejoras significativas en la productividad del trabajo, porque su crecimiento anual es inferior al 1%, el más modesto entre los socios europeos.

Podemos decir, que el progreso tecnológico es la gran asignatura pendiente del crecimiento económico español, urgiendo reparar esa carencia. Esperar que innoven otros ya no nos sirve, porque el grado que ha logrado nuestra economía no permite ya vivir de los avances técnicos ajenos, siendo el esfuerzo tecnológico propio insuficiente para crecer.

El funcionamiento de las instituciones y de los mercados en España tampoco es todo lo ágil y flexible que se necesita para garantizar una rápida difusión del progreso técnico.

La economía española ha crecido de forma notable y ha tenido gran capacidad de generar empleo. Pero se han registrado aumentos muy pequeños de la productividad del trabajo, debido al limitado incremento del capital por trabajador.

Menor ha sido el avance de la productividad de todos los factores (cualificación del trabajador, mejoras técnicas, etc), que hay que atribuir casi en su totalidad al aumento del capital humano, porque la contribución del progreso tecnológico es “apenas perceptible”.

En los últimos años se ha reducido de forma importante la aportación técnica procedente del exterior, no siendo compensado por el esfuerzo tecnológico propio que además ha estado centrado en aspectos que no son fundamentales.

El gasto español en I+D+I ha sido en el 2002 del 0,96% del PIB, mientras que el de la Unión Europea está en el 2%, Estados Unidos en el 2,8% y Japón en el 3%. Como podemos comprobar estamos muy lejos de los países más avanzados.

Un ejemplo a seguir es Irlanda, cuando entró en la Unión Europea en 1973 su renta era del 63% de la media comunitaria. Treinta años después su renta per cápita es del 122% de la media. Uno de los secretos del llamado milagro irlandés ha sido su apuesta por la educación y la innovación. Supo atraer alta tecnología al país, fundamentalmente industria farmacéutica y software.

Un informe de la Comisión Europea asegura que la creación de un puesto de investigación genera a la larga entre 100-400 empleos directos e indirectos.

Europa quiere crecer más y los analistas dicen que la mitad del crecimiento económico es debido a la investigación. La Unión Europea se ha comprometido a inyectar cantidades muy importantes, hasta los 100.000 millones de euros adicionales cada año.

En marzo del 2002, los líderes de la UE se fijaron como objetivo para el 2010 una inversión del 3% del PIB, es decir, un 50% más de inversión que nos permitiría acercarnos a la de los estados Unidos.

Uno de los problemas que presenta la investigación en la Unión Europea es la poca inversión privada. En Estados Unidos supone casi el 70% del total, mientras que en la UE es del 56,3%.

Dos de los principales objetivos económicos que ha planteado el Partido Socialista son el aumento de la productividad y el de la competitividad, teniendo ambos como único soporte el I+D+I.

La necesidad de aumentar la inversión española en investigación y desarrollo figuraba en todos los programas electorales. Nadie niega ya que el desarrollo científico y tecnológico es clave para el desarrollo económico, más aún en la época de deslocalización industrial que empezamos a sufrir. En lo único que difieren los programas es en la cantidad e intensidad de la inversión.

El Partido Popular ha provocado un aumento anual del 10% en investigación durante sus ocho años de poder. El problema es que gran parte de este crecimiento ha sido destinado a investigación militar, siendo el segundo país del mundo en porcentaje, casi un tercio del total, sólo por detrás de Estados Unidos y muy por encima de la Unión Europea que dedica el 12% de su investigación al campo militar. Para más inri, esta inversión española en el campo militar ha sido destinada mayoritariamente a empresas extranjeras.

El Partido Socialista se ha comprometido a aumentar el gasto en I+D+I en un 25% anual. Considerando que el aumento de la inversión económica es muy importante, pero no toda la solución, pues el sistema investigador de nuestro país tiene otros graves problemas. La eliminación de su atraso no es sólo un problema de más inversión sino también cambiando profundamente su organización y la calidad de la misma.

Sirva como ejemplo Suiza. España dedicó en el 2002, 5.280 millones de euros a I+D, mientras que Suiza 6.790 millones de euros. En el quinquenio 1997-2001, Suiza presentó 1.519 patentes, mientras que España, 154. Como vemos algo falla.

El mundo científico solicita la incorporación de nuevos investigadores, pasando de los 4,2 investigadores por cada 10.000 ciudadanos a los 8,3% investigadores que hay en la Unión Europea.

A mi modo de entender se debería suprimir la categoría de funcionario en los estatutos de las universidades y en los organismos públicos de investigación, estableciendo tipos de contratos que busquen la estabilidad pero que al mismo tiempo generen eficiencia investigadora.

Otro aspecto fundamental sería que las universidades y los organismos públicos de investigación tuvieran plena independencia política.

La institución investigadora española por excelencia es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, organismo importante pero profundamente burocratizado y que en vez de ser un estimulador investigador supone un fuerte freno al mismo. El Partido Socialista debería pensar que hacer con este organismo, dotándole de independencia y superando su burocratismo.

Los socialistas se han comprometido a excluir los gastos en investigación militar del conjunto de I+D+I, con lo cual podremos saber el gasto real. La cumbre de la Unión Europea celebrada en Barcelona también sugería que dos tercios de la financiación del proceso de investigación deberían ser financiados por el sector privado. Actualmente las empresas aportan un escaso 54,6% de la inversión nacional en el 2002.

El plan Nacional 2004-2007 aprobado por el PP incluía el aumento de deducciones directas por inversión en I+D+I y para el personal investigador. El Partido Socialista se plantea modificar la manera de atraer inversión privada en tecnología, estimulando el capital riesgo, creando una agencia que facilite a las empresas el acceso a los fondos públicos y sustituyendo las bonificaciones fiscales por subvenciones.

Como vemos, es claro cual debe ser el futuro político en investigación y desarrollo, en ello nos jugamos gran parte de nuestro futuro económico. Sería bueno que el Estado invirtiera no solamente cantidades económicas sino que fueran estas con eficiencia, para lo cual debe procederse a un cambio cultural y educativo importante. Animo y que se acierte en la política investigadora que todos lo agradeceremos.

Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital.

Incorporación – Redacción. Barcelona, 24 Abril 2004.