La conferencia del cambio climático celebrada en noviembre de 1997, en la ciudad japonesa de Kioto, terminó con el acuerdo de 39 países industrializados de reducir en un 5,2%, con respecto a las de 1990, sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012. La Unión Europea suscribió el compromiso más duro que es reducir sus emisiones contaminantes en un 8%. Estados Unidos no ha firmado este acuerdo y Rusia se resiste, por considerar que merma su desarrollo económico.
El protocolo trata de disminuir las emisiones de gases contaminantes y favorecer una redistribución de los costes asociados al cambio climático, desplazándolos de los ciudadanos de países que no son emisores y que son pobres, a las empresas que son verdaderamente responsables de las emisiones y que asociadas a ellas consiguen grandes beneficios.
La aplicación de éste no tan sólo provoca una redistribución de los costes sino que, en verdad, supone una disminución de los costes globales asociados a la problemática del cambio climático.
La Unión Europea ha convertido en ley este acuerdo. En este reparto de contaminación, se producen drásticos recortes en países muy desarrollados como Italia, Austria, Reino Unido o Alemania, mientras que España puede aumentar en un 15% sus emisiones contaminantes.
A pesar de este aumento que se le permite, llegará a 9,7 toneladas de CO2 por habitante y año, mientras que la media de la Unión Europea es de 10,9 toneladas de CO2 por habitante y año. De ahí, las quejas empresariales por entender la discriminación española sobre la media europea. El problema de los costes relacionados con Kioto y el cambio climático debe afrontarse con una perspectiva global, pues ésa es la verdadera dimensión del problema del sobrecalentamiento terrestre. Las emisiones de CO2 en las últimas décadas no han dejado de aumentar y sus efectos sobre el cambio climático no han disminuido, al contrario continúan incrementándose y sin duda se hace a coste muy alto.
El gran problema para España es que en el año 2003 ya supera en un 38% su límite de emisiones contaminantes firmadas. Aquí cabe hacernos algunas preguntas que deberían ser respondidas desde el gobierno de Aznar y Rajoy.
¿Qué ha hecho el gobierno desde 1997 al 2003 respecto al protocolo para encontrarnos en situación tan delicada? ¿Cómo se firmaron estas condiciones, cuando el país necesita seguir creciendo, es decir, contaminar más que sus vecinos, para acercarse al nivel de vida de sus socios, según el modelo actual de crecimiento? ¿Quién es el responsable de una negociación que puede tener un coste al país de unos 5.000 millones de euros anuales en compra de derechos de contaminación? ¿Quién pagará las sanciones medioambientales?
El sector más afectado es el de la generación eléctrica. Este sector se encuentra dividido respecto al protocolo, por un lado Iberdrola y por el otro Endesa. Para Iberdrola el objetivo asumido por España se puede cumplir, para ello considera que se debe reducir el uso del carbón de importación en las centrales térmicas, así como la reducción de sus horas de funcionamiento. Para sustituir a éstas deben entrar en funcionamiento centrales de ciclo combinado que quemen gas natural pues son un 60% menos contaminantes, junto con las energías limpias ( hidráulicas, eólicas, etc.). Para Endesa con el crecimiento de la demanda eléctrica en el 2003 de un 6%, no se puede prescindir del carbón, pues representa más del 30% de la producción nacional, es más barata y estable que el gas natural, que está en base al inestable precio del petróleo.
Tras este conflicto de las empresas eléctricas se mueve el interés económico. Contaminar va a ser caro y en consecuencia serán los clientes los que paguemos sus errores. Las eléctricas que encabeza Endesa han advertido que un mal reparto de los derechos de contaminación puede encarecer la tarifa eléctrica hasta un 15%. Iberdrola considera que cumplir con Kioto no tiene por qué afectar al bolsillo del consumidor, porque el 3,54% que todos los usuarios pagamos actualmente por la moratoria nuclear en el recibo de la luz, se acaba en el 2007 y puede utilizarse para el cumplimiento de este protocolo.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha revisado las opciones tecnológicas y considera que el sector eléctrico tiene un potencial significativo de reducción de emisiones en el corto y medio plazo. Esto es posible a su entender a través de la introducción de energías renovables y el uso del gas natural. Al mismo tiempo, debe buscarse y desarrollar otras fuentes energéticas como es el hidrógeno.
Otros cincos sectores deberán absorber el 60% del impacto económico previsto para la industria española. Haciendo un recorrido por estos cinco sectores industriales más afectados por el protocolo nos hace ver la gravedad económica con la que nos enfrentamos y de ahí la fuerte critica que debe recibir el gobierno de Aznar, por su dejadez y abandono.
La cerámica es un sector importante que emplea a 26.000 personas, cuya producción representa el 0,5% del PIB y el 1,5% de las exportaciones españolas. Según el informe de la consultora Price Water House Coopers (hecho para la patronal) le puede suponer unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros, con el cierre del 20% de las fábricas y la supresión de 6.000 empleos.
En los últimos años, las empresas han invertido 1.150 millones de euros en medidas medioambientales y han conseguido reducir su contaminación en un 50%. Según este estudio el margen de reducción de contaminación es escaso, sobre un 5%.
La siderurgia considera “causas belli” la directiva europea sobre el comercio de emisiones. ARCELOR el gran productor europeo ha amenazado con la deslocalización de sus centros industriales. Como su índice de bajada de contaminación resulta muy cara, propone como solución que se pongan aranceles suplementarios a los productos de países que no han firmado el protocolo de Kioto o que se flexibilice la aplicación de tal medida.
La industria papelera, que agrupa a 15 fábricas de celulosas y 132 de papel, factura unos 4.100 millones de euros y da trabajo a más de 118.000 trabajadores.
Aducen el peligro de pérdida de competitividad y amenazan con la deslocalización si no se aplica con flexibilidad y racionalidad el protocolo, planteando que haya un reparto gratuito de cuotas de emisión, así como la potenciación de la cogeneración eléctrica o en la introducción de medidas fiscales de apoyo a las industrias.
La industria cementera ha incrementado su producción en un 50% desde 1990, mientras que sus emisiones de CO2 han crecido en torno al 6%. El sector ve muy complicado el cumplimiento del protocolo, pues ya ha realizado una modernización muy importante.
El último sector más afectado es el del refino del petróleo, que ha crecido en un 6,7% desde el 2001, mientras que sus emisiones han disminuido en un 7,7%. Ante la continua demanda de gasolina, sus emisiones tenderán a aumentar al necesitar más energía para producir carburantes más limpios y eficientes. Por otro lado, pretende que la aplicación del protocolo no lo discrimine frente a otros productores extranjeros.
Las reclamaciones de una parte del sector empresarial español son injustificadas, en cuanto que poner en práctica las medidas para el cumplimiento de Kioto no tiene porqué suponer una catástrofe económica. Además son insolidarias e injustas, pues su no estricto cumplimiento perjudica a los ciudadanos más pobres en aras de un aumento del beneficio de empresas que ya tiene beneficios.
España es el peor alumno de la Unión Europea, pues ya ha rebasado ese crecimiento permitido del 15%, colocándose en un 38% de más. El sector empresarial está presionando al gobierno del PP para que renegocie los acuerdos que firmó con la Unión Europea o que sufrague la adquisición de derechos de contaminación a terceros. Sin embargo, esta posibilidad es inviable pues es un acuerdo adoptado por unanimidad. El lobby empresarial intenta convertir un coste asociado a la producción, en un coste distribuido entre el conjunto de los ciudadanos que lo pagarían a través de sus impuestos.
Para justificar esta socialización de costes, los empresarios argumentan que si no se realiza esto, se encontrarán asfixiados y se ocasionará una gran crisis empresarial, mediante deslocalizaciones, cierres de producción y pérdidas.
A mi modo de ver si hacemos una comparación de los beneficios generados y costes incrementados por el protocolo, se puede comprobar que de ninguna manera la viabilidad económica del negocio está en peligro. Los costes son siempre inferiores a los beneficios obtenidos. Veamos por sectores, para las eléctricas significa un 9% de sus beneficios, para el refino un 6%, para el papel el 6% y los dos sectores con mayor impacto son el cemento con un 27% y la cerámica con el 39%, todo ello sobre beneficios.
Es importantísimo que la Unión Europea aplique Kioto pues es vital para nuestra supervivencia como seres humanos. Debemos tener claro que contaminar es caro y que los esfuerzos que actualmente hacemos en política medioambiental nos van a situar en la vanguardia de las tecnologías limpias.
Uno que es muy crítico con la política económica del PP, por su dimensión de injusticia fiscal, social, por su falta de inversión en I+D, en educación, etc. Pienso muchas veces si estaré equivocado por estar en esa minoría crítica tan reducida. Pero casos como la aplicación del Tratado de Kioto me viene a ratificar en la justeza de mis críticas. Una política económica que no ve más allá del día siguiente y que piensa que el mercado es la mejor medicina, es obvio, que es una política equivocada.
Se negoció mal por parte española el protocolo, colocando a nuestro país en una situación de desventaja económica respecto a otros de la Unión Europea. Desde 1997 que se firmó, el gobierno de Aznar en ocho años no ha llevado a cabo ninguna política que supusiera avanzar en lo firmado y así nos encontramos con amenazas de despidos y cierres de empresas, pérdida de competitividad industrial por el pago de exceso de contaminación y quedar como unos incumplidores medioambientales, cosa ésta ya conocida con el PHN, el Prestige etc. Consecuencia de todo ello va a ser un encarecimiento de los productos que pagaremos los consumidores.
Todos debemos exigir al gobierno el cumplimiento del protocolo de Kioto y la articulación de políticas que lo lleven a cabo. En la actual economía globalizada, no cumplirlo es económicamente ineficiente, pues la no actuación genera unos costes superiores que los que suponen evitar el impacto en origen. El principio de quién contamina paga, debe ser aplicado también en ésta ocasión. Y nos debemos plantear el actual modelo de desarrollo económico como insostenible, desde un punto de vista medioambiental, por los graves problemas que genera para la vida humana.
Edmundo Fayanás Escuer.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 6 Marzo 2004.