Migrar: un derecho fundamental – por Andrea Benites Dumont

A finales del siglo pasado, el replanteamiento económico que se deriva de la aplicación del modelo de globalización neoliberal, y que repercute dramáticamente en los países de la periferia, ha invertido radicalmente el flujo migratorio que señalábamos.

Los economistas tratan de explicar este fenómeno a través de sus ecuaciones y modelos, que aún cuando fueran completas, no explicarían ese deseo incontrolarse de moverse libremente… el deseo que impulsa, negativamente, estos movimientos es la deserción de las miserables condiciones culturales y materiales de la reproducción imperial; pero lo que impulsa positivamente es la riqueza del deseo y la acumulación de capacidades expresivas y productivas que los procesos de globalización determinaron en la conciencia de cada individuo y grupo social, y por lo tanto, cierta esperanza.
Antonio Negri

El asentamiento y la estabilidad de los seres humanos en un territorio es la conquista sobre la naturaleza, pero el actual poblamiento de la Tierra e incluso la geografía de las civilizaciones y en la propia conformación de los ecosistemas, no podrían entenderse sin acudir a los desplazamientos de grupos humanos, a los trasvases demográficos que desde el inicio de los tiempos del ser humano, bajo las formas variadas de nomadismo, peregrinaje, trashumancias, traslado forzosos, éxodos políticos y/o religiosos, colonizaciones, hambrunas… han conformado el mapamundi poblacional, a su vez en constante modificación.

Así y para no remontarnos demasiado, no podemos dejar de mencionar la emigración europea a ultramar de 1800 a 1940 que es la presenta las cifras más importantes entre todos los movimientos migratorios conocidos. El éxodo tuvo lugar desde todos los confines de Europa hacia las tierras disponibles del norte y sur del continente americano. Además de los efectos demográficos, las migraciones europeas intervinieron en toda la organización socioeconómica, abarcando desde la actividad agraria a fuertes concentraciones urbanas, desarrollándose con gran potencia un proletariado determinante en la creación y desarrollo de la riqueza y de la cultura, dejando una inolvidable huella de luchas.

Asimismo, cuando la crisis económica y política sacudió Europa en el período de postguerra, la emigración fue una de las “salidas” de miles de ciudadanos que se fugaban de situaciones dramáticas, tanto en lo económico como en lo político. América Latina fue uno de los puertos donde mayoritariamente arribaron. Otra oleada se vivió en las décadas 50 y 60 en España, y debido al auge industrial en Alemania, Francia, Bélgica… acudieron masivamente a cubrir puestos de trabajo que se originaban y se multiplicaban por la actividad industrial; los empleos del último peldaño de la escalera laboral que eran desechados por el proletariado fordista de esos países, fueron cubiertos generalmente por emigrantes españoles. Sin la reserva de mano de obra mediterránea, la economía de la Europa desarrollada habría sufrido serios estrangulamientos.

A finales del siglo pasado, el replanteamiento económico que se deriva de la aplicación del modelo de globalización neoliberal, y que repercute dramáticamente en los países de la periferia, ha invertido radicalmente el flujo migratorio que señalábamos.

La aplicación de los planes del FMI o el Banco Mundial han aumentado los índices de explotación y miseria en las zonas tradicionalmente empobrecidas. Todo ello ha provocado una profunda dualización interna en todos los países, especialmente latinoamericanos, así el nivel de exclusión y pobreza se ha multiplicado casi por cuatro veces, abarcando cada vez más sectores de la población, denominados ahora “los carenciados”, en tanto que las oligarquías criollas, elites gobernantes y/o reinantes, íntimamente ligadas a las multinacionales concentran los beneficios del modelo económico neoliberal, multiplicándose en la última década las masivas y desesperadas corrientes migratorias o de huída hacia Europa.

Si América Latina representa en estos momentos una de las regiones emisoras masivas, África y Asia la superan en dramatismo e incluso en número de desplazados. África, el continente sangrantemente explotado y castigado ostenta en estos momentos en algunas poblaciones un mayor índice de emigrantes que residentes; se calcula que 35 millones de personas viven en países distintos al de su nacimiento. África es el continente con la tasa de mortalidad infantil más elevada, y con la menor esperanza de vida. El continente arrasado por la colonización garantizó riquezas y beneficios, en esclavos y en materias primas, a los colonialistas de ayer, que a pesar de la descolonización, aún siguen disfrutando, hoy en modo de poderosas corporaciones.

Esta inmigración desesperada se enfrenta a una legislación cada día más restrictiva que impide su libre incorporación a las sociedades europeas. Ahora bien, los ciudadanos extracomunitarios que acceden a los beneficios de la regularización, constituyen la mano de obra semi-esclava –cuando no esclava- de la que se alimentan diversos y considerables sectores de la economía, y garantiza además, el soporte del esmirriado “estado de bienestar” que cubre –ciertamente cada vez en menor medida- aspectos elementales (pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales… )

Sin embargo, otra parte de inmigrantes, la inmensa mayoría –sin reconocimiento legal- y sin poder ubicarse en el engranaje del sistema productivo, sino en sus límites, inician un proceso de creciente marginalización, que aumenta el campo de la expulsión del circuito del consumo. Los excluidos ya no creen poder acceder realmente a la inclusión social y laboral.

Otro aspecto de gran trascendencia, y con serias y alarmantes repercusiones, es que la población inmigrante constituye el ejército de reserva con que el capital presiona y especula para la depreciación de las condiciones de trabajo.

Por otra parte, la situación de las mujeres inmigrantes que además de las discriminaciones de género, sufren la explotación sexual, estando sus vidas y sus familias dependientes de las mafias o de la aplicación expeditiva de una ley de extranjería que otorga la presunción de delincuente a todo aquel inmigrante que no muera en las pateras o en los fondos de camiones.

Y esta presunción de delincuencia, este apartheid social, se plasma en la tercera reforma (tres en dos años) en la ya excluyente ley de extranjería.

A pesar que el Estado español ostenta la menor tasa de inmigración de Europa, el PP fiel a su política despótica y xenófoba, esgrime que está siendo rebasada la capacidad receptora de este país, y acentúa más aún la culpabilización de los inmigrantes de la inseguridad, atravesando así al conjunto de la sociedad con la inducción permanente al miedo, a la desconfianza, al rechazo.

No sorprende que muchos de los aspectos restrictivos y represivos que se abordan en esta reforma, están en consonancia con los lineamientos con la política migratoria de Washington y del proyecto –por ahora en el congelador de la presidencia irlandesa- de Constitución europea.

Es importante señalar que el gobierno del PP ha contado en este nuevo trámite de urgencia para la aprobación de una medida legislativa, con el apoyo del PSOE y la casi indiferencia de los sindicatos mayoritarios. La prepotencia del PP no ha encontrado una respuesta social contundente y mínimamente digna y solidaria.

Con esta nueva ley de extranjería, el PP ignora sentencias y decisiones del Tribunal Supremo que ya en marzo del pasado año anuló artículos del Reglamento de Extranjería por infringir la legalidad vigente, tal como fuera en lo referente a la restricción de la reagrupación familiar y al principio de igualdad de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, tanto para los que ostentan la ciudadanía española como para los que poseen Tarjetas de residencia y de tránsito.

Y en esta nueva demostración de autoritarismo gubernamental, la reforma legal contra los inmigrantes vigente desde enero del año en curso, con la cortina manipuladora de la simplificación y mejora de los tramites, jamás contemplados para los irregulares que no podrán solicitar visados de ningún tipo, aún cuando tengan ofertas de trabajo o desempeñen algún tipo de trabajo regular.

Los puntos más alarmantes de esta regulación de la discriminación y la intolerancia son:

I.- Endurece el control de entrada adjudicando a las compañías de transporte tareas de control policial, ya que deben confeccionar listas de extranjeros y los que provengan de Ceuta y Melilla, en tránsito o con destino España; como los que no utilicen el boleto de regreso. En caso de incumplimiento, les reserva severas multas y la imposición de los gastos de vuelta en los casos de rechazo en la frontera.

La consecuencia inmediata de esta extensión policial a las empresas, atenta y anula en la práctica el derecho de asilo, ya que a los eventuales solicitantes no podrán embarcar en las compañías de transporte de viajeros, ahora erigidas en guardias fronterizas. Esto a su vez, alimenta el desarrollo de las mafias y redes clandestinas.

II.- Acelera el proceso de expulsión de forma inmediata del inmigrante acusado castigado con penas privativas de libertad inferiores a 6 años, teniendo el juez sólo tres días para detener la expulsión si considera que existen circunstancias excepcionales, circunstancias que no se encuentran enumeradas ni mencionadas. Si la expulsión no puede ejecutarse el juez podrá disponer el internamiento del inmigrante en un centro hasta 40 días, el máximo de Europa.

El resultante de esta medida es la violación del derecho a la presunción de inocencia, castiga con la prohibición de entrada a este país durante 10 años, a pesar que sea el inmigrante absuelto del delito o falta que se le imputa. Asimismo viola la independencia judicial con las estrictas disposiciones y coloca al inmigrante en una situación de indefensión jurídica y falta de garantías durante el proceso.

III.- Aumento del control policial en el censo y empadronamiento ya que la policía tendrá acceso a datos de todos los extranjeros, regulares o no, en el padrón municipal, en la agencia tributaria y en la tesorería de la seguridad social. Asimismo los empadronamientos de los inmigrantes y extranjeros caducarán a los 2 años, y la Ley de procedimiento administrativo sólo se aplicará en defecto de la ley de extranjería.

Con esta disposición el PP establece un régimen diferente y discriminatorio para los inmigrantes y extranjeros, reformando por la vía de los hechos, la Ley de base de Régimen Local que regula el empadronamiento, y atenta brutalmente contra el derecho de asistencia sanitaria universal (art. 43 de la Constitución Española), ya que los inmigrantes en condición irregular no se empadronarán para no exponerse al arbitrio policial. Vulnera también la autonomía de los Ayuntamientos y la Ley de Protección de Datos, y establece derechos distintos e inferiores de los inmigrantes y extranjeros con la Administración.

En “un mundo feliz” de Huxley, hay una escena que resulta patética: el mundo supuestamente civilizado y el de los salvajes está separado por una alambrada eléctrica, y quienes intentan traspasarlo, mueren electrocutados.

Andrea Benites Dumont. Madrid.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital.

Incorporación – Redacción. Barcelona, 6 Febrero 2004.