Estos días estamos asistiendo a una serie de noticias económicas, que están levantando sentimientos y miedos en el mundo del trabajo. A corto y medio plazo, España se va a ver sacudida por fenómenos económicos muy importantes: la deslocalización industrial, el incumplimiento del tratado de Kyoto, la falta de inversión extranjera, la desaparición casi total de la ayuda europea, la falta de proyectos en I+D+I, etc. Veamos los efectos que producen y que producirán estos hechos.
La estrategia de la deslocalización sigue unos pasos marcados, siempre pensando en salarios bajos y alta reducción de otros costes. Para la Unión Europea la continua transformación de nuestra economía es inevitable. La deslocalización y demás ajustes son en consecuencia inevitables.
El 10% del tejido industrial nacional puede verse afectado por este traslado de instalaciones a países de Europa del Este y Asia. Así, para el sector textil se prevé desde ahora hasta el año 2010, la pérdida de 75.000 puestos de trabajo. En Galicia, entre los años 2002-2003 se han perdido en este sector en torno a 10.000 puestos. En la industria gallega de conservas, que tiene unos 13.000 trabajadores, se calcula que se perderán unos 7.000 empleos.
En Cataluña, en el 2003, se perdieron 3.700 empleos por esta tendencia. ¿Cuales son los sectores que lo sufrieron? El automóvil, el textil, la electrónica de consumo, las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La primera razón es que los costes laborales son menores. A cambio de salarios más bajos pueden contratar a trabajadores con el mismo grado de formación que en España. Todo ello añadido a que los países de Europa Este tienen todavía las manos libres para ofrecer ventajas fiscales, energéticas, inmobiliarias, o de transporte a las empresas que quieran instalarse allí.
Pero este proceso de deslocalización se entiende como normal en el proceso de globalización de la economía. A Recordar que el sector industrial en Estados Unidos dentro de 20 años, sólo tendrá el 3% de empleo.
El gran problema de este proceso es su coste social. La de centenares de miles de trabajadores, que se van a encontrar en la calle, sin entender que está pasando. Los economistas nos hablan de que el proceso de transformación del mundo industrial no debe ser ninguna tragedia, que sólo es síntoma de progreso. Es cierto, que ya asistimos históricamente al proceso de desruralización y de disminución intensiva del sector agrario, a favor del sistema industrial. Es lo que llaman el proceso a la modernidad.
Pero estos procesos, igual antes que ahora, tienen unos costes humanos y sociales impresionantes y difícilmente medibles. Cuando la economía es sólo dinero y el factor humano solo es un número, llegamos a situaciones humanas y personales gravísimas.
Lo grave de este fenómeno, como los siguientes que analizaré, es que se sabía que iban a producir. A lo largo de mis numerosos artículos dedicados a la política económica, he sido de los pocos que he criticado la política económica del Partido Popular, a pesar de presentar cuadros macroeconómicos buenos. Mi crítica radica en la política de desigualdad social que conlleva y que además sabiendo lo que iba a ocurrir no ha hecho nada para prevenir las consecuencias negativas que estos fenómenos comportan en amplias capas sociales, habitualmente en las más desfavorecidas. Sólo se ha preocupado de las cifras macroeconómicas, cuando la economía es mucho más. Ni cual va a ser el futuro del país a medio plazo.
Otro de los problemas, que vamos a tener es el incumplimiento del tratado de KYOTO. ¿Qué consecuencias va a tener en España?
Este acuerdo se firma en 1997, porque es imprescindible la reducción de elementos contaminantes para evitar el efecto invernadero. Medida ecológica fundamental para salvar el mundo. Los representantes españoles negociaron mal las cantidades y el tiempo necesario para su adaptación. Nos encontramos que España no puede cumplir con la reducción de emisiones pactadas. ¿Qué significa esto? Qué las industrias españolas tendrán que pagar anualmente 5.000 millones de euros ( 840.000 millones de pesetas) en la compra de derechos para la emisión suplementaria de dióxido de carbono. El gobierno del Partido Popular prácticamente no ha hecho nada ante este compromiso, trayendo consecuencias muy graves para el país. Veamos algunos ejemplos. Un estudio de Price Water House Cooper para la industria del azulejo, valora que deberán pagar un coste de 72 millones de euros anuales en derechos de emisión de gases. Calculan, que el margen de explotación de esta industria caerá al 75%, se cerrarán unas 64 fábricas y se despedirá al 20% de trabajadores, unos 6.000 empleos.
Pero el impacto más llamativo será para el sector eléctrico, que tendrá un coste anual de 2.500 millones de euros. En fuentes del sector, se calcula que será necesario un drástico aumento de la tarifa eléctrica. Para los expertos más optimistas calculan el alza en un 7%, mientras que los más pesimistas hablan en torno al 20%. En estos momentos estamos asistiendo a una batalla entre Endesa e Iberdrola por el tema de las emisiones, todo esto lo pagaremos los usuarios. Las empresas más afectadas por el tratado de Kyoto son las químicas, eléctricas, siderúrgica, papel, cerámica, refino y cemento.
Otro de los graves temas económicos es del de la inversión extranjera. La UNCTAD acaba de anticipar sus estimaciones sobre los flujos de inversión extranjera directa. De los 660.000 millones de dólares en inversiones, el 72% ( 475.200 millones de dólares) tuvieron como destino las economías desarrolladas del mundo. Estados Unidos acapara más de 286.000 millones de dólares.
En España, el descenso de la inversión extranjera ha sido más intensa que la media europea. La inversión extranjera en Europa en el año 2002 fue del 96% de la del 2001, mientras que en España no supero el 72%. Se calcula que en el año 2002, la inversión extranjera fue de 19.000 millones de dólares y para el 2003 apenas ha llegado a 13.600. De ellos 6000 millones en compra de inmuebles y solo unos 7.500 en inversión productiva. ¿Qué pasa que ya no viene a España el capital extranjero?
España forma parte de los países de la Unión Europea que menos recursos asignan a Investigación y Desarrollo en relación a su PIB. Mientras Portugal, Irlanda y Grecia inyectan dinero sobre todo en la universidad, el gobierno del Partido Popular dedica un tercio de su inversión en I+D en defensa y armas. Es el único gobierno de la Unión Europea que aumenta cada año el gasto presupuestado como investigación militar; los otros 14 socios lo reducen.
Con una inversión, que no llega al 1% del PIB, está en el furgón de cola, sólo por delante de Grecia y Portugal. Entre las diez universidades con mayor impacto tecnológico no hay ninguna española, ni tampoco hay empresa alguna entre las 100 europeas que más invierten en I+D.
Todos los países de la ampliación menos Malta tienen un nivel educativo superior al español y todas ellas tienen niveles de precios significativamente inferiores a los nuestros.
El índice de competitividad de World Economic Forum sitúa a España en la posición 23 de la clasificación mundial, algo por debajo del pasado año y detrás de Estonia y Malta. En la calidad de las instituciones públicas y la dotación tecnológica, dos de los pilares en los que se basa la competitividad estamos todavía más atrasados.
Si a ello le unimos la pérdida casi total de los apoyos financieros de Europa, el panorama no es muy alentador. Las prioridades económicas de España deberían pasar por cuatro ejes: mejoría del bienestar social, mejorar nuestra competitividad productiva, aumentar anualmente nuestra inversión en I+D+I y un gran esfuerzo inversor en educación.
Si miramos los programas electorales, los del Partido Popular siguen con las mismas recetas que le han servido hasta ahora pero que nos llevan al desastre. El del PSOE, si que marca una buena línea pero que no la llevará a cabo porque con la política fiscal que diseña es imposible realizarla.
Exijamos a nuestros políticos responsabilidad y que se dedique a invertir en los sectores que anteriormente he señalado, pues es la única salida que tenemos para ver un panorama económico más claro.
Edmundo Fayanás Escuer.
Profesor de Historia.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 3 Febrero 2004.