Cada día mueren en nuestro país más de cuatro trabajadores por accidentes laborales. Resulta un número lo suficientemente importante como para esperar por parte de las instituciones públicas la correspondiente reacción frente a esta sangría.
Pero la realidad parece ser otra. Ante la necesidad de que se adopten medidas contundentes nos encontramos con componendas destinadas a crear el espejismo ante la sociedad de que se están tomando soluciones. Pongamos un ejemplo.
El pasado miércoles 7 de Enero comparecía en rueda de prensa doña María Ángeles García García, vocal del Consejo General del Poder Judicial. La noticia, aparecida el día siguiente en grandes titulares en la prensa regional de Castilla-La Mancha, era el anuncio de establecer un protocolo de actuación en esta región entre el Ministerio Fiscal, la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo y la Policía Judicial para la investigación en los casos de accidentes laborales. Si la experiencia resultara positiva se extendería al resto del estado.
En primera instancia, la ‘nueva’, sin más reflexión, debería llenarnos de satisfacción. A los ojos de cualquier persona de buena voluntad todo anuncio en el avance de medidas para investigar la muerte de un trabajador resulta positiva. Pero para algunos, que ya no creemos en la “política ficción” de las proclamas llenas de intenciones pero vacías de contenidos, estos asuntos que tratan temas de tanta importancia nos merecen una detenida reflexión.
Inmediatamente nos surgen algunas preguntas. ¿Es que no existe en el estado español ningún marco de colaboración entre las diversas autoridades y administraciones para combatir la sangría que supone los accidentes laborales? A poco que lo pensemos la duda se convertirá en alarma y honda preocupación. ¿Es que no existe una sensibilidad suficiente para que se hayan articulado mecanismos de respuesta ante la siniestralidad laboral?
Al comprobar que ha sido en Castilla-La Mancha el primer lugar en donde se intentará poner en marcha el mencionado “protocolo”, y de las declaraciones realizadas por la citada Sra. García del tenor: “El presidente Bono ha recibido con entusiasmo y vengo muy satisfecha y ufana porque ha demostrado una receptividad y una preocupación por este tema digno de encomio, no fue nada más que sugerirle y aceptar”, tendría que llevarnos a pensar que el presidente castellanomanchego (imperecedero, auque poco afortunado, aspirante al puesto de su compañero Sr. Rodríguez Zapatero) es el único mandatario preocupado sobre la suerte de los trabajadores que mueren en sus puestos de trabajo.
Y es en este punto en donde el análisis resulta imprescindible para combatir lo que hemos denominado “política ficción” y que sirve para que los ciudadanos crean que se adoptan medidas eficaces cuando en realidad no se hace nada. Hagamos memoria para acompañar esta afirmación.
Castilla-La Mancha es una de las regiones que tiene en su haber la triste virtud de encontrarse en los puestos de cabeza en número de accidentes mortales. Año tras año han aumentado los trabajadores fallecidos, a pesar de que la administración autonómica quiera ocultar el dato presentando el descenso de los accidentes leves como mejora de la situación. Pero a pesar de estos datos el gobierno presidido por el Sr. Bono no ha aumentado las partidas destinadas a prevención de riesgos laborales. El escaso esfuerzo presupuestario destinado a este fin mereció las críticas de Comisiones Obreras e Izquierda Unida a los Presupuestos de 2004.
Si continuamos haciendo memoria recordaremos las grandilocuentes declaraciones del Sr. Bono tras el trágico accidente ocurrido en agosto del año pasado en REPSOL de Puertollano que llevó a la tumba a 9 trabajadores. Pero pocos recordarán que fue su gobierno el que rebajó la propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo de 105 a 65 millones de pesetas por un accidente ocurrido en 1996 en la misma planta y que costó en esa ocasión la vida a 4 trabajadores. O como han sido capaces de que se enterrara a un trabajador inmigrante rumano muerto en el municipio de Mora en Toledo, el pasado 26 de diciembre, sin que mereciera ni un solo gesto público de solidaridad por parte de la administración regional.
Todo esto conforma la hipocresía que rodea la conciencia sobre la muerte de trabajadores en el tajo. Hipocresía que lleva a “reclamar” desde la tribuna la realización de un protocolo para investigar los accidentes laborales sin que se proponga de forma seria una reforma legislativa que impida que continúen dictándose sentencias que condenan a las víctimas, como hemos podido comprobar recientemente en algunos juicios sobre accidentes laborales.
Menos hipocresía, mentira y propaganda. Más acciones decididas concretadas en reformas legislativas que terminen con las modalidades contractuales que permiten y favorecen la precariedad laboral, mayor esfuerzo presupuestario que dote de mayores recursos personales y técnicos a las inspecciones de trabajo, la calificación como delitos en el Código Penal las infracciones graves y muy graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la creación de una fiscalía especial de salud laboral que persiga de oficio estos delitos. Más medidas contundentes y menos componendas.
Para finalizar una última reflexión. Si en el estado español hubieran muerto 1.557 empresarios en vez de trabajadores y trabajadoras, como sucedió en el 2002, ¿las autoridades hubieran actuado del mismo modo?
Juan Ramón Crespo. Toledo.
Equipo de Redactores, El Inconformita Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 11 Enero 2004