Ayer, 7 de diciembre, se clausuró en Bruselas la Embajada Azul, que lleva en marcha desde el 31 de octubre, cuando fue presentada en Madrid.
El objetivo de esta movilización es informar a los ciudadanos europeos del impacto ambiental, social y económico que el PHN tendrá para sus impuestos y para nuestros parajes naturales.
El fin último es solicitar a la sociedad civil y a las administraciones que se opongan al PHN, por no corresponderse con la Directiva Marco de Agua de la UE, que promueve la gestión racional del agua y la protección de las zonas naturales.
Las acciones que la Embajada Azul ha llevado a cabo han sido diversas: desde el envío de “embajadores” voluntarios a países de la UE para informar a los ciudadanos europeos, hasta un ayuno que comenzó en Artieda (junto a Yesa) el 26 de octubre, que ha pasado por Jaca, Huesca, Zaragoza, las Tierras del Delta y Barcelona, y que ha durado hasta el mismo día de hoy. No hay que olvidar el autobús azul, que es algo así como una oficina de información móvil, que partió de Madrid para recorrer varias zonas afectadas por el PHN antes de llegar a Bruselas; ni la intensa labor mediática que los responsables de esta “embajada” han llevado a cabo en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda.
La policía belga dice que son 2.000 los manifestantes que había en la mañana del Domingo frente a la sede del Consejo de la UE; los organizadores hablan de 3.000. Se han fletado autobuses desde muchos puntos del Estado: Tortosa, Jaca, Zaragoza, Barcelona, Biscarrués, Valladolid, etc.; incluso un avión desde el aeropuerto de Zaragoza.
Durante la jornada parlamentaria, Gianluca Solera, presidente de los verdes, entregó a la Eurocámara un documento firmado por 130 eurodiputados de seis partidos distintos (todos, menos el PPE), que advierte de los problemas irreversibles que puede crear este PHN y pide que la UE no conceda la financiación al Gobierno español.
Situación actual de algunos de los embalses que propone el PHN.
Las movilizaciones populares contra el PHN no cesan, porque tampoco lo hacen los problemas que esta ley ha provocado. Aprovechemos para hacer un repaso de los distintos conflictos que ha abierto esta ley del agua.
El embalse que ahora mismo parece ya efectivo es el de Itoiz, en el Pirineo navarro, porque la presa ya está hecha y el pueblo desalojado y derribado, por lo que sólo queda que el caudal llene el valle. Sin embargo, las primeras pruebas de llenado han sido un desastre, han terminado con inundaciones y cortes en carreteras contiguas. Además, todavía no cuenta con un Plan de Emergencia en caso de ser necesaria la rápida evacuación de los vecinos de los pueblos cercanos a Itoiz. El miedo a los efectos que pueda tener esta presa no desaparece.
En el pasado mes de abril, la Audiencia Nacional tramitó el expediente de caducidad de la concesión del embalse de Jánovas por no haber superado todavía el estudio del impacto medioambiental. Esto significa que el proyecto ha caducado, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente se ha echado atrás con la construcción de dicho embalse, pero ya ha planificado una alternativa: el pantano de Susía. Después de haber pasado 40 años desde la expropiación forzosa y el desalojo del pueblo de Jánovas, podría darse el caso de que los terrenos expoliados volvieran a manos de sus antiguos dueños. A cambio, se propone hacer el pantano de Susía para regular las aguas del río Cinca, lo que supondría afectar a 9 nuevos municipios, pero el daño sobre Jánovas y La Solana ya se ha hecho, ya que el éxodo y la despoblación han asolado esta comarca.
El “Caso Santaliestra” es digno de guión cinematográfico. Mantiene dos procesos judiciales abiertos y, en ambos, la Audiencia Provincial de Madrid da la razón al Ayuntamiento de Santaliestra. En el primero, desestima la petición del abogado del Estado con la que se pretendía impedir que el Ayuntamiento de Santaliestra reiterara las acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente por medio de recursos judiciales. Es decir, que se quería conseguir que no se pudieran volver a poner sobre la mesa las irregularidades que pesan sobre dicho ministerio. En el segundo, La Audiencia Provincial de Madrid estima los recursos contra ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) por prevaricación y malversación de fondos públicos. Los imputados son Benigno Blanco, Carlos Escartín, Tomás Sancho y Dolores Carrillo, que también han de responder ante la justicia por otros conflictos como el de Yesa.
En mayo de 2003, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) anuló los trámites que la CHE había iniciado para empezar ya a expropiar terrenos, para lo que se basó en una sentencia del TS (Tribunal Superior) de mayo de 2002. Ambas resoluciones judiciales argumentan que la CHE no siguió los trámites de expropiación dentro de la legalidad, ya que todavía no se ha estudiado ni evaluado el impacto de la presa, lo que es requisito imprescindible para garantizar la viabilidad y seguridad del proyecto. Otra sentencia de la Audiencia Nacional en 2001 falló anulando el proyecto por irregularidades en el diseño de la presa. De momento, los acusados no han ido a juicio y el proyecto de la presa está parado.
El recrecimiento del embalse de Yesa es otra de las polémicas obras del PHN. La Audiencia Nacional reconoció el pasado mes de mayo, en una resolución judicial, que el recrecimiento de Yesa no es necesario para el abastecimiento hídrico de Zaragoza. En junio, un estudio de la propia CHE (que es impulsora de las obras del PHN que afectan a la cuenca del Ebro) tacha de inviable el proyecto, porque el pueblo de Sigüés quedaría atrapado entre dos presas, lo que evidentemente supone un riesgo que nadie querría correr.
Este recrecimiento supondría el aislamiento del pueblo de Sigüés, la inundación de tierras de distintos municipios aledaños y de un tramo del Camino de Santiago. Otro valor natural que se quiere resaltar de Yesa son las aguas termales de Tiermas, un manantial natural que ofrece propiedades curativas y que se deja notar a finales del verano. Con el recrecimiento, las aguas termales no se podrían disfrutar.
En noviembre, el Juzgado de instrucción n° 19 de Madrid rechazó el recurso interpuesto por el abogado del Estado que defiende a los ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHE implicados. Carlos Escartín, Dolores Carrillo, Carlos Vázquez y Tomás Sancho irán a juicio ante la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta el momento, el precedente judicial ha dado la razón al Ayuntamiento de Artieda, que fue quien inició el proceso judicial. Por eso, se confía en que en el juicio se haga evidente que el proceso del recrecimiento de Yesa no ha sido limpio y se pueda acabar con el proyecto definitivamente.
Casos similares se viven en Biscarrués, Mularroya, Lechago, Biota, Velacha, El Pantet, etc., aunque bien es cierto que no tan corrompidos políticamente de una forma tan descarada.
Confiemos en que este Abrazo a Europa sirva para concienciar a los ciudadanos europeos y a sus instituciones del grave problema que tenemos en el Estado Español con este PHN y este Gobierno del PP, y que la financiación europea no llegue. Sin embargo, hay razones para el pesimismo, ya que la Comisión Europea ha autorizado el proyecto de trasvase del río Júcar al Vinalopó, en Alicante, a pesar de la negativa de los expertos argumentando que no quedará caudal suficiente en el Júcar, lo que hará irremediable el Trasvase del Ebro.
Marta Cambronero.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 8 Diciembre 2003.