En estos días se han hecho públicos los datos sobre accidentes laborales en Castilla-La Mancha durante los primeros ocho meses de 2003. Una vez más, la ignominia es la nota que caracteriza a la desvergüenza de la Administración Autonómica y Central ante la pasividad que demuestran ante ellos.
Resulta un insulto su inactividad cuando comprobamos un aumento del 6,8% con respecto al 2002. Pero lo que es una verdadera provocación es el incremento paulatino que ha habido de los accidentes mortales en los últimos años. La comparativa de estos meses nos indica que fueron 24 los trabajadores que murieron en su puestos de trabajo en el 2001, 41 en el 2002, y 59 en el 2003, 49 trabajando y 10 in intinere. No podemos dejar de hacer referencia a la tragedia de la refinería de REPSOL en Puertollano cuando aún podemos escuchar los llantos de los familiares, amigos y compañeros de los nueve trabajadores muertos.
Todo esto, sobre todo la catástrofe de Puertollano, debería de tener una contundente respuesta por parte de los políticos responsables de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, pero hasta ahora, la única medida adoptada por ellos ha sido su “farisaica” presencia en el entierro. Nada más han hecho salvo la obligatoria apertura de una Comisión de Investigación.
Del gobierno central del PP no podemos esperar sensibilidad por nuestros conflictos de clase, pero tampoco podemos esperarla del autodenominado “socialista”, don José Bono, ya que su papel se ha circunscrito al de plañidera mayor. Esto es todo lo que los trabajadores podemos esperar de ellos.
Comenzamos a estar hartos que los planes que ponen en marcha, tanto la administración central como la autonómica, sean campañas de concienciación, en donde se hace una llamada a los trabajadores para que sean más prudentes en sus puestos de trabajo. Con dinero público se realizan anuncios publicitarios en donde las víctimas aparecen como los causantes de los accidentes, mientras que al patrón, a las medidas de seguridad que debería poner en marcha, a los modelos de producción, a la precariedad laboral, etc., etc., no se hace mención alguna.
Pero lo verdaderamente dramático es que no se levanten más voces que denuncien esta situación.
¿Para cuándo la tipificación como delito en el Código Penal del incumplimiento flagrante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, haya existido o no accidente grave o mortal?, ¿para cuándo la creación de la fiscalía de Siniestralidad Laboral que persiga de oficio y castigue a los responsables de los accidentes laborales?, ¿para cuándo un incremento de la plantilla de la Inspección de Trabajo, equiparada a la media de la Unión Europea, y que garantice su presencia en las empresas?
Algunos estamos convencidos que esta sangría de trabajadores y trabajadoras no parará, y no se creará una cultura de respeto a las normas de seguridad y de verdadera protección ante los riesgos de accidente, hasta que no veamos en la cárcel a los empresarios que, por maximizar sus beneficios, ahorran en seguridad, sin importarles la integridad física, o incluso la vida, de sus empleados.
Juan Ramón Crespo Aguilar. Toledo.
Colaborador, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Toledo. 30 Octubre 2003