Sonríe, mañana puede ser peor – por Andrea Benites-Dumont

Recientemente una noticia ha sido portada en todos los medios de comunicación: la orden de detención por parte de un juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, de militares argentinos involucrados en delitos durante la última dictadura militar en aquel país, y a efectos de cumplimentar el pedido de extradición, emitido desde el juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Baltasar Garzón.

Sonríe, mañana puede ser peor (pintada anónima en un muro lindero de una villa miseria en el gran Buenos Aires)

Pintada hoy dedicada -y ojalá sirva de precedente- a los militares retenidos en función del pedido de extradición por parte de la justicia española

Primera puesta en antecedentes

En los pueblos hace mucho, mucho tiempo, había un personaje que contribuía con su palabra a la conformación comunitaria, era el narrador o la narradora, y jugaba el rol de eslabón de todo lo que había sido con el presente. La misma colectividad continuaba o agigantaba hechos, anécdotas, y postergaba otros, pero la responsabilidad del narrador en su relevo era transmitir todos, absolutamente todos los acontecimientos y protagonistas, sabiendo que lo grupal establecería siempre, irremediablemente, lo perdurable. Las comunidades iniciales se han transformado brutalmente en urbes violentas habitadas y dominadas por mercancías, villas miserias repobladas por excluidos, conciencias destruidas por el terror y las guerras.

No, no, los narradores no se han reencarnado en los medios de comunicación, nada más lejos de ello, los narradores debían transmitir lo esencial al corazón colectivo, a veces utilizaban papel, que era la piel de dios para escribir mensajes a los amigos que están lejos.
A más de un cuarto de siglo los narradores, los pobladores de la esperanza, inalterables en los sueños han seguido alentando la memoria, han estado haciendo el futuro… indomable.
Y ahora han vuelto recuperando lugares, porque más allá de la conmoción que provocan las imágenes de ver a los militares genocidas argentinos, o de apariciones de jueces, de organizaciones de derechos humanos, los que re-aparecen verdaderamente son los narradores, los que establecen lo esencial, son las/os desaparecidas/os las/os que narran las peripecias del alma compartida, los latidos desgarrados, atormentados, esparcidos, pero latidos que persisten, y son y han sido los que han mantenido todo lo acaecido hasta ahora: organismos de derechos humanos, actuaciones judiciales, leyes y decretos, posicionamientos, y pronunciamientos… y, hasta han salido a las calles cortando rutas, tomando fábricas, impulsando asambleas… las/os narradores han salido para latir en los gritos nuevos de dignidad, justicia… son los eslabones que nos acercan a la esperanza.

Segunda puesta en antecedentes

Recientemente una noticia ha sido portada en todos los medios de comunicación: la orden de detención por parte de un juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, de militares argentinos involucrados en delitos durante la última dictadura militar en aquel país, y a efectos de cumplimentar el pedido de extradición, emitido desde el juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Baltasar Garzón.

Es posible que más allá del ámbito judicial o de los directamente interesados, se formule el por qué se detiene a militares argentinos en Argentina a pedido de un tribunal español por causas que se les juzga en el Estado español. Aún cuando persista en la memoria inmediata el caso de Pinochet, es bueno repasar la cronología de hechos, dictámenes, resoluciones y recursos, porque las razones de justicia no son temas de técnicos reservados, deben ser patrimonio de todos los seres, derechos y valores acumulados, y con demasiados sufrimientos.

La Unión Progresista de Fiscales, fue la organización que el 29 de marzo de 1996, inicialmente denuncia ante la Audiencia Nacional de Madrid, la autoría y responsabilidad de militares argentinos por los delitos de genocidio y terrorismo, por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. A medida que se incorporan elementos constitutivos y probatorios de delitos de lesa humanidad, la parcialidad de la nacionalidad española queda sumida en la calificación general de genocidio. Las actuaciones por Chile, se habían iniciado a finales de 1995.

El procedimiento seguido en España ha tenido desde las instancias tanto judiciales como políticas, obstáculos de todo tipo con los pretendieron entorpecer el procedimiento jurídico. Algunos personajes tales como Fungairiño, Cardenal, y otros más insignificantes, persisten en ello cuestionando la competencia de la Audiencia Nacional.

Ya nadie ignora o desconoce las aberraciones cometidas por Pinochet y por las juntas militares argentinas, sin embargo es importante recordar uno de los argumentos esgrimidos por el fiscal Eduardo Fungairiño justificando el accionar de las fuerzas armadas: “trataron de subsanar las insuficiencias que el orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”.
Este fiscal de “pulso democrático” se reafirma asegurando que si son extraditados a España, “aquí quedarán en libertad”. Es más fácil pensar que Fungairiño es defensor mancomunado de todos los genocidas que un velador público de la ley y la justicia.

La defensa de la competencia de la Audiencia Nacional ha estado basada en la posibilidad concreta de ser una instancia dónde canalizar un procedimiento para que crímenes contra la humanidad no gozaran de impunidad.

El pedido de extradición, y las órdenes emitidas a Interpol, datan del 10 de octubre de 1998, en el que se dispone por los delitos de “crear organización armada aprovechando la estructura militar, usurpación del poder para con total impunidad institucionalizar un régimen terrorista y desarrollar la desaparición sistemática y calculada de miembros de grupos nacionales para favorecer una especie de purificación ideológica con torturas y muerte, lo que integra el delito de genocidio.”
Desde octubre de 1998 a julio de 2003, ha habido de todo un poco. Ratificación de la competencia de la Audiencia Nacional a cargo de la Sala IV en lo Penal, retención de Pinochet en Londres, su posterior y oprobiosa repatriación, detención, procesamiento del ex-marino Adolfo Scilingo; detención y extradición de Ricardo Miguel Cavallo

Quiénes son algunos de los detenidos

De los casi 2.800 torturadores y asesinos sólidamente denunciados, en estos momentos hay unas decenas relativamente presos
En julio de 2003, un juez argentino decretó la prisión -para dar cumplimiento al pedido de extradición- a los 45 militares y un civil. De la lista, uno está muerto, otro prófugo y uno ha intentado suicidarse. Entre los requeridos judicialmente se encuentran: -el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, el “ángel rubio”, infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo, perseguido y condenado en Suecia y en Francia por el asesinato de ciudadanas de esos países; -el gobernador electo de la provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, quien ganó las elecciones por una diferencia de 17 votos, a su contrincante, un hijo de desaparecidos; Bussi no podrá asumir mientras esté imputado por la comisión de un delito penal en la Justicia; señalar que Bussi tiene un tenebroso currículum, además de su activa participación en la Operación Cóndor; durante su paso por Vietnam aprendió con entusiasmo las técnicas de tortura que le enseñó el ejército norteamericano para arrancar información a los prisioneros del Vietcong; y participó activamente en las actividades de los marines en el sudeste asiático

Otros nombres que se encuentran en el listado, están los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Omar Rubens Graffigna y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros jerarcas del último régimen militar que asoló Argentina.

Por robo de bebés ya están presos ocho de los solicitados: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, el general Carlos Guillermo Suárez Mason, el ex jefe de la armada Rubén Oscar Franco y otros hombres de la Armada, concretamente de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), como Jorge Eduardo Acosta, Jorge Enrique Perrén, Juan Carlos Rolón y Héctor Antonio Febres. Cinco de ellos gozan de arrestos domiciliarios porque ser mayores de 70 años. La mayoría de los imputados por haber sido miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, han quedado alojados en dependencias de las reparticiones a las que pertenecían.

Uno de los militares el ex-suboficial de la Prefectura Juan Antonio Azic, intentó suicidarse al conocer la decisión judicial, disparándose un tiro en la boca, en un bar cercano a dicha institución. Se ha informado que su estado es grave, está internado en el hospital Naval, y se encuentra en calidad de detenido. Azic actuaba con los apodos de Claudio, Piraña y Fredy, y formaba parte de los grupos de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y su intento de quitarse la vida no fue por arrepentimiento, sino «para no causarle problemas» a la Armada, tal como lo manifestara en una carta.

Qué ha permitido la resolución del juez argentino

El actual gobierno argentino derogó el decreto del gobierno de Fernando de la Rúa (2001) que rechazaba todo pedido de extradición enviado por jueces de otros países, impidiendo que la Justicia local analizara cada caso. La medida que firmó el ex presidente De la Rúa pocos días antes de su caída establecía que el Ministerio de Asuntos Exteriores debía rechazar las solicitudes de extradición (por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional) y de cualquier otra clase de colaboración de los tribunales extranjeros que investigan los crímenes del terrorismo de Estado. Para justificar aquel decreto -una absoluta concesión a las Fuerzas Armadas- el Gobierno de entonces invocó entre sus argumentos el “principio de territorialidad” en “resguardo de la soberanía” por encima de consideraciones de derecho, constitucionalidad y justicia. Se respaldaba asimismo en el precedente del decreto 111/98 del ex presidente Carlos Menem con el que se negaba asistencia judicial a España.

La medida adoptada por el presidente Kirchner, normaliza los procesos de extradición, ya que la normativa derogada, además de confrontarse con la Ley de Cooperación Internacional en materia Penal, confería al Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Judicial.
Es por esto que de aquí en más -previa intervención de los fiscales- los jueces argentinos serán los que deberán pronunciarse, decidir si extraditan o juzgan, aún cuando las posibilidades de enjuiciamiento a los represores en Argentina, son limitadas porque la Corte Suprema argentina aún no se expidió sobre la validez las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con las que fueron exculpados los militares.

Comienza ahora un largo proceso en que el juez Garzón tiene cuarenta días para formalizar el pedido de extradición. El juez Canicoba señaló que estudiará cada caso específico.

Sería una necedad negar que es indiscutible que este paso ha estado determinado por los movimientos que el gobierno de Kirchner ha adoptado en temas de derechos humanos, pero sería también faltar a la verdad afirmar que ha sido el único elemento posibilitador. En modo alguno. Hace más de un cuarto siglo que no se ha descansado en la lucha contra la impunidad de los genocidas y sus cómplices, y como se puede constatar en las últimas disposiciones de las leyes arriba mencionadas, no ha habido voluntad de justicia por parte de la comunidad judicial. Fiscales y jueces en Argentina no sólo viven de privilegios asentados, han convivido y defendido la permanencia en la Corte Suprema de jueces nombrados por la dictadura. La lucha no ha sido llevada a cabo por los partidos políticos tradicionales, ni por individualidades judiciales. La lucha por la justicia ha estado en todos los organismos de derechos humanos, más allá de sus diferencias, la lucha ha estado por la memoria y los principios… los temas de la Primera puesta en antecedentes.

Qué encierran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Durante el gobierno de Alfonsín fueron adoptadas las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), dos leyes que han sido conocidas desde entonces como las leyes de la impunidad y de la ignominia. Estas leyes han sido normas a des-penalizadoras en razón del no ejercicio de la acción penal a partir de una determinada fecha o en razón de la condición de sometido a jerarquía militar o funcionaria del sujeto activo. En su momento y entre los mentores de Alfonsín, se comparó la situación con la “necesaria y ejemplar transición española”.
En concreto la ley 23.492 del 23 de diciembre de 1986 -Punto Final- puede resumirse su contenido en los siguientes puntos:
– extinción de la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de represión a la acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.
– esta ley no extinguía las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.

La ley 23.521, -Obediencia debida- de diciembre de 1987, establece que:
– oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no merecen castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida.
– aplicándose la misma presunción a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes.
– en tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad.
– la presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil.

A pesar de haber sido derogadas por el Congreso Nacional, se estableció en dicho acto que el mismo no tendría carácter retroactivo, es decir que todos los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, continuaban igualmente amparados; que la “derogación” está destinada en el caso que una nueva dictadura sometiera a Argentina. La gracia está en pensar que las dictaduras son respetuosas y cuidadoras de las leyes y preceptos constitucionales.

¿Qué puede pasar?

En Argentina, organismos de derechos humanos, corrientes sindicales, estudiantiles y algunos legisladores, se presentarán ante el juez Canicoba para que los acepte como “amicus curiae”, “amigos del tribunal”, lo que les permitirá aportar más datos contra los acusados para asegurar que no falten argumentos para garantizar su extradición.

Los organismos han expresado asimismo la preocupación que el juzgado no conceda la eximición de prisión solicitada por los abogados de los represores; teniendo en cuenta que se puede conceder la libertad condicional a todos los ex militares que pudieran depositar la fianza que les fijara.

Es posible también, que tanto la derecha implicada en la defensa de sus personeros armados, reclamen ahora la derogación de las leyes de la impunidad, para evitar de este modo una extradición masiva o los juicios en tribunales extranjeros, como los propios genocidas, exijan la vigencia del principio de territorialidad, ya que en Argentina, estarán en dependencias conocidas -no irán jamás a cárceles comunes- y con personal de su gremio. Otra salida -a pesar de lo paradójico- que tienen es iniciar procesos judiciales que traben los pedidos de extradición.
Señalar que el 65% de la población argentina, aprueba la derogación inmediata de las leyes de impunidad, y que si esta se efectivizara, que las leyes perdieran sus efectos, podrán reabrirse los juicios contra miles de miembros de las fuerzas armadas y policiales, incluidos los reclamados por el juez Garzón.

Y si finalmente la Corte Suprema de Argentina, resolviera la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los militares amparados en ellas perderían esa cobertura y las causas podrían continuar, dado que se trata de delitos son de lesa humanidad y por lo mismo, imprescriptibles y perseguibles en cualquier lugar del mundo. Y en cuanto el indulto, otorgado por Menem a los componentes de las tres juntas militares, señalar que los jerarcas militares indultados fueron juzgados por algunos crímenes pero no por todos. Además, los indultos alcanzaron a los secuestros, hechos que se siguen consumando en la medida en que los efectos continuaron, como es el caso de las desapariciones y la sustracción de identidad en el caso de los bebés.

En España, en un plano jurídico, puede derivarse la competencia de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, y en esta instancia puede variar tal como lo hiciera en el caso de las actuaciones por genocidio en Guatemala.
En el plano político, ya que no puede afirmarse de ninguna manera que el Fiscal Jefe del Estado, Jesús Cardenal actúe en un plano distinto a las directivas del Partido Popular, y es de temer que lance una ofensiva destinada a que los procedimientos actualmente en curso, pasen a la esfera del Tribunal Penal Internacional, en función de los términos que el estado español, se adhiera al mismo, y que se inhiba en materia de competencia, por lo que el traslado de los procesos abiertos, y en virtud que dicho tribunal tampoco tiene alcance retroactivo, se volvería a punto cero.

Pero…

La asunción de Néstor Kirchner a la presidencia (a la que llegó como el mal menor frente a la tenebrosa perspectiva de una repetición de Menem) ha logrado recuperar cierta «legitimidad democrática” en un país asfixiado por las políticas neoliberales llevadas a cabo por militares genocidas y por gobernantes corruptos.

Un país donde el régimen político se precipitó al vacío en las jornadas de diciembre de 2001, que imprimieron una fuerza y una riqueza importantísima en experiencias y creatividad a las luchas populares, fraguándose consignas emblemáticas que desnudaban la impotencia del sistema: que se vayan todos, que no quede ni uno sólo.
Sin embargo, a partir del llamado anticipado a elecciones en julio de 2002 el mismo régimen cuestionado retomó el control de la crisis.

Y sin que se haya alterado ni un ápice el sistema económico capitalista ni el régimen político que lo sostiene, es indudable y en clave de símil ajedrecístico, que el gobierno de Kirchner movió fichas, y en el tema que abordamos en estas líneas en el plano de derechos humanos, hay novedades positivas, y es aquí dónde debe volcarse el sentimiento de ser sujetos protagonistas afianzado en grandes sectores movilizados contra la injusticia, y, se percibe entonces que la denominada “esperancita” se trata de la apuesta a la vida frente a la barbarie.

Y este es el fermento vital que permite intuir que pueden re-escribirse páginas de infamia.

Epílogo

Todas las veces que se ha gritado abajo los muros de las prisiones, era junto a voces y corazones que reclaman por los pobres desgraciados, por los presos de conciencia y antisistémicos, pueblan esos edificios represivos y claustrofóbicos.
Pero ahora que algunos de los torturadores, asesinos y genocidas, sin bien están en las comisarías, en cuarteles y edificios de la armada, se comparte un alivio chiquito sociabilizado con unos cuantos seres que ahora emergen, desembarazándose de los estigmas colocados graciosamente por unos y otros, las/os ex detenidas/os-desaparecidas/os, por una parte, y, por otra todos aquellos que no han dejado un solo de día de luchar contra la impunidad, empecinadamente, noblemente sin intereses espurios, sin acomodamientos electorales o personales, los familiares que fueron mutilados en vida de los seres que esperaron, y por lo más determinante de todo, que la presencia contumaz de los que no hemos dejado de nombrar, tercamente han estado todos estos años, y por unos y por otros, no se ha permitido -ni se permitirá- que los llevaran definitivamente a la noche del olvido.

Más de un cuarto de siglo para estas medidas de justicia, que no son bajo ningún concepto, un producto jurídico aséptico, ni porque uno o dos jueces se han puesto a trabajar, igual que el albañil que coloca los ladrillos sin trampas. Este paso es una victoria, y después de la terrible noche de la dictadura, no tenemos costumbre de disfrutar.

Porque a pesar que la barbarie destruyó los poblados de antes, seguimos necesitando a las/os narradoras/es, porque por ellas/os sabemos de dónde venimos y dónde tenemos que ir, a disfrutar esta alegría -desconcertante todavía- a luchar en las calles y en las plazas, para que allí naturalmente se fortalezca y crezca.

Y como se trata de alegrías, por más chiquitas que éstas sean, disfrutemos lo que algunos espontáneos escribientes dejaron constancia en una pared perdida, y que la ironía se la dedica hoy a los genocidas, y que a todos los efectos sirva de precedente.

Notas y fuentes:
(i)Poblado de chabolas, algunas de las cuáles ocupan grandes extensiones y en ellas viven miles de personas en condiciones infrahumanas.
(ii)Ver arítuculo: No sabía que era imposible. Fue y lo hizo., El Inconformista Digital
(iii)Coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur latinoamericano

Andrea Benites-Dumont. Madrid. 31 Julio 2003.
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital