La Comisión de Investigación requerida por el PSOE en la Asamblea de Madrid ha sido paralizada por los mismos socialistas, el motivo segun dicen ha sido la negativa del Partido Popular a la comparecencia de veintiuna personas que el susodicho partido citado más arriba requería. Por lo tanto vuelta a empezar.
Mientras tanto la Fiscalía Anticorrupción no ha empezado a investigar nada porque el Fiscal General del Estado considera que no hay motivos suficientes. Lo contrario dicen Blanco, Simancas, Zapatero y otros socialistas que consideran que «detrás de los hechos de transfuguismo realizados por los ex socialistas Tamayo y Sáez, se esconde una trama de corrupción que mezclaría a empresarios del ramo de la construcción con integrantes del Partido Popular».
Sea como sea, Alberto Ruiz-Gallardón ceso de su cargo de director gerente en Madrid Excelente –una entidad de la Comunidad de Madrid encargada de otorgar premios a las empresas que desarrollan una labor excelente en sus tareas- a Bastarreche por ocultar la relación que tenia con un constructor llamado Vázquez después de que el susodicho ahora cesado, reservara a éste una suite nupcial para el abogado José Esteban Verdes y la concejala popular Paloma García Romero. Esta forma de actuar de Gallardón según parece ser ha molestado a miembros del Partido Popular.
Volviendo al primer párrafo, y evitando caer en la rumorología –deporte nacional en este país solo superado por el de la picaresca- nos fijamos en que la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid es una perdida de tiempo que no puede llegar a buen puerto. Partamos de la base de que la Comisión de Investigación esta integrada por diputados de la Asamblea de Madrid, es decir integrada por los presuntos corruptos, sea cual sea su partido político. Tenemos sin ir mas lejos el antecedente de la Comisión de Investigación en la Xunta de Galicia por el caso Prestige, en la que se pretendía discernir que grado de irresponsabilidad hubo por parte del gobierno gallego y español en la gestión de la catástrofe que hoy aún asola nuestras costas. Dicha comisión de investigación no pudo realizar su labor porque los diputados del Partido Popular, que ostentan la mayoría en la Xunta de Galicia, la obstaculizaron por completo.
Segunda opción esgrimida también más arriba, la Investigación Judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción. De ponerse en funcionamiento, siempre y cuando el Fiscal del Estado Jesús Cardenal diese el visto bueno, el utópico juicio se realizaría dentro de bastante tiempo, -celebradas ya las nuevas elecciones a la Comunidad- quizás dentro de dos años. Utópico juicio porque no hay pruebas, ni delito alguno de momento más allá del de delito moral que representa el secuestro de la voluntad de los votantes, después de que Tamayo y Sáez traicionaran al PSOE. Dicho esto, no impide que la alarma social provocada sea insuficiente para que la Fiscalía Anticorrupción inicie una investigación en toda regla, para de entrada dilucidar si ha habido algún tipo de soborno, por parte de algún empresario o político, hacia los dos tránsfugas, más si mantenemos que la actual situación solo beneficia políticamente a un partido: al Partido Popular. Pero de nuevo, y legalmente –las leyes son así- permiten al Fiscal General del Estado Jesús Cardenal que no encuentre motivos suficientes para poner en marcha dicha investigación, y llegar hasta al extremo de manifestar que “la Fiscalía Anticorrupción puede ser suprimida, para así obtener una mejor gestión directamente desde la Fiscalía General del Estado”, naturalmente en sus manos quedaría dicha gestión.
Todos estos hechos están alargando la situación de ambigüedad y descredito de las instituciones hasta la celebración de los nuevos comicios el próximo otoño, acotándose así las posiciones y restableciendo el hilo conductor de la campaña política para los dos grandes partidos, sin temor a equivocarme directamente emplazado en el maniqueísmo de: “Con los corruptos o contra los corruptos”.
El PSOE e Izquierda Unida se quedan por de pronto sin el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gallardon sigue al mando en funciones y las promesas de vivienda social de los partidos de la izquierda restan en suspenso, de los multimillonarios proyectos de los especuladores no sabemos nada, es de suponer que seguirán su curso.
La trama delictiva –en caso de haberla- según las leyes la desconocemos, de ahí la gran dificultad de proceder judicialmente en este episodio político.
En cambio la trama delictiva legal ( y no es ninguna contradicción) todos la conocemos, es aquella que afecta a toda persona en este país que pretenda adquirir o alquilar una vivienda. La misma que permite que el sector económico que más dinero produce en este país –aunque dichos beneficios acaben en manos de unos pocos- tenga la precariedad laboral quizás más importante. Las leyes y los políticos contemplan la especulación y la precariedad laboral como algo legal y comprensible, ellos no van a buscar soluciones, pues han creado o cuanto menos permitido estos problemas. Lo incomprensible es que los ciudadanos de a pie por un lado, principales afectados, solo se limiten a ejercer su derecho al voto ( y ni con esas parece ser que la voluntad del Pueblo que sí cree en la democracia sea consecuente y correspondida –a menos que seamos muy cínicos o muy críticos según intenciones-). Como por otro lado es igual de incomprensible que los no menos importantes, trabajadores de la construcción, se limiten a trabajar por un sueldo miserable y en unas condiciones peligrosas e infrahumanas.
La lección de este circo político de la Asamblea de Madrid, quizás sea el aprender a no depender para todo de esos representantes políticos. El controlar a los representantes, o buscar alternativas que transformen esta Sociedad en algo más digno y justo, son ya medidas a pensar y tomar muy seriamente por todos.
Marlowe. Barcelona. 16 Julio 2003
Equipo de Redactores, El Inconformista Digital