Uno de los principios del PP es la defensa a ultranza del modelo neoliberal de la privatización de los servicios públicos en general, siguiendo el camino de los gobiernos más a la ultraderecha que son su referencia, en especial, el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La Sanidad, un derecho constitucionalmente reconocido al conjunto de los ciudadanos y que anteriores gobiernos progresistas hicieron esfuerzos por mejorar, es ahora, a los ojos de los cachorros del PP un simple objeto de negocio para empresas amigas. Aunque en otras comunidades autónomas no se han atrevido aún a hacerlo, en la Comunidad Valenciana llevan cuatro años experimentando el modelo «de gestión privada», primero con un hospital comarcal en Alzira y ahora con toda una red de asistencia primaria para una comarca de unos 290.000 ciudadanos.
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La mayoría absoluta de que goza en las Cortes le servirá al Gobierno de Eduardo Zaplana (perdón, de su delfín Juan Olivas) para dar un paso, decisivo, en su política de privatizaciones: le toca el turno a la gestión de la asistencia sanitaria.
Dentro de pocos días, la empresa que actualmente gestiona el Hospital de la Ribera (Alzira) se hará cargo de toda la red de asistencia primaria y especializada de la comarca. Caso único en toda España.
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Lo dejó caer en su discurso ante el parlamento valenciano el “molt honorable”, antes de las vacaciones navideñas pasadas, y ahora lo ha confirmado el conseller de Sanidad, Serafín Castellano: “Todos los consultorios, centros de salud y centros de especialidades de la comarca de la Ribera serán gestionados por una empresa privada”.
El pasado año, en un debate organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Ribera Alta, en Alzira, ya el responsable de la Agencia Valenciana de Salud, Marciano Gómez cantó las bondades del sistema de gestión privada, que según dijo, “es más ágil, más eficaz y le da más calidad al cliente” (quiere decir al paciente).
Aunque desde el Gobierno se insiste en que la titularidad de los centros, como la del actual hospital comarcal, no dejará de ser pública, el anuncio ha producido el rechazo unánime por parte de todos los partidos, menos el PP, claro; también los sindicatos han protestado y han denunciado que la operación se lleva a cabo sin haberles informado de la misma, ni de las condiciones en que prestará su servicio el personal sanitario del área 10 (la que cubre prácticamente toda la comarca).
Denuncias sindicales
Desde hace varios meses, tanto la junta de personal que representa legalmente a los trabajadores sanitarios del área, así como las secciones sindicales de UGT y de CC.OO. En la Ribera han denunciado que se estaba urdiendo un plan para acabar de dejar la sanidad pública como mero negocio en manos privadas, a la vez que se quería favorecer a la empresa adjudicataria del hospital comarcal UTE: “Ribera Salud”, encabezada por ADESLAS y Bancaixa y CAM.
Aunque desde la conselleria no se ha querido hablar claro al respecto, todo indica que será así, para, según afirma la diputada socialista María José Mendoza, “así el hospital liberará recursos, establecerá un filtro ante los pacientes de la Ribera, y atenderá preferentemente enfermos de otras comarcas, por los cuales cobra factura aparte”.
Los sindicatos vienen denunciando, desde que el hospital se abrió en febrero de 1999, que la empresa aplica una política de recorte de plantilla, “exprime” a los trabajadores y ahorra gastos en la atención a los pacientes a costa de la calidad.
Para Joseph Tomás, responsable de CC.OO. En la Ribera, “es un caso curioso, una empresa que cuanta menor producción hace, más dinero gana, pues cobra un canon fijo por habitante y año”.
Las críticas sindicales se han expresada a través de una campaña en los últimos meses, con recogida de miles de firmas entre los ciudadanos y asambleas informativas en los distintos municipios de la comarca.
Angeles López, de la junta de personal, afirmó hace varios meses ya: “la falta de personal en el hospital y las condiciones de presión que éste sufre son la causa de ciertos casos de negligencia en áreas como maternidad”.
La representante sindical se teme que, con la privatización de toda la red comarcal, el problema sea aún mayor.
Marketing frente a realidad
La empresa del hospital ha montado desde antes incluso de inaugurarse, una gran campaña sostenida de marketing moderno y agresivo, intentando vender que tenemos el mejor dotado y más eficiente de los centros hospitalarios de Europa, y que los pacientes son afortunados al no tener que pagar un euro por la asistencia de calidad recibida.
No hay cifras conocidas, pero fuentes bien informadas han manifestado a este periódico que “Adeslas ha gastado una fortuna en el modelo Alzira, pues se quiere extender la idea, no sólo a la comarca, sino a otras zonas de España y en países como Uruguay y Argentina”.
Al desfile de delegaciones varias, todas alabando el centro, las decenas y decenas de notas de prensa cantando las excelencias y avances científicos y tecnológicos, así como un sinfín de espacios pagados de publicidad y patrocinios de todo tipo de eventos, se oponen las críticas de muchos vecinos que ven cómo se alargan las listas de espera, no se les atiende en condiciones y se les da de alta a la de cambio.
Incluso, sólo el año pasado, los juzgados de Alzira, Sueca y Carlet han tramitado querellas criminales por negligencias graves; una de ellas, la muerte de un bebé de una familia de Alginet, según los padres, “por no atender el caso como debían, por ahorrarse dinero”. Así opina también otra vecina de Alzira, Juana Jáquez, que tuvo que parir en “La Fe” porque en Alzira la tuvieron tres días “pasando de mí, todo por no gastarse en la cesárea”.
Desvio de pacientes: el negocio asegurado
Aunque la Conselleria de Sanidad niega dar cifras a instancias de los diputados de la oposición, desde el Colectivo “Lluïs Alcanys”, formado por profesionales que defienden el modelo de la sanidad pública, se afirma que “tenemos constancia de cómo se ha estado desviando a cientos de enfermos de otras comarcas, con la disculpa de que en Alzira serían mejor atendidos, mientras que hospitales como los de Gandía, Xàtiva y La Vila-Joiosa están siendo desatendidos en su mejora o en el mantenimiento de sus medios técnicos”.
Para la diputada Mendoza, el tema es muy claro: “se incrementarán las desigualdades en la salud, pues la empresa, para ganar dinero, seguirá priorizando pacientes de otras comarcas, cuando el centro debe ser exclusivamente comarcal”.
Igualmente, la diputada Mendoza dice no tener datos de los dineros que está facturando el hospital: “se niegan a informar, en las Cortes, del importe de la facturación por enfermos de otras comarcas; ocultan eso porque es un chanchullo”.
Para Francisco Santisteban, delegado de servicios públicos de UGT, y una de las personas que más se opuso hace años a la gestión privada del hospital, “ahora se trata de que la empresa haga el negocio redondo, pues se le regala toda red comarcal de asistencia sanitaria, para que rentabilice mejor el hospital de Alzira”.
Un paso inicial se dio a los pocos meses de funcionar el hospital, cuando se cerró el centro de especialidades ubicado en Alzira (ambulatorio) y se obligó a los pacientes a desplazarse hasta las afueras de la ciudad, con todas las consultas dentro del centro sanitario gestionado por ADESLAS, lo cual ha ocasionado molestias y críticas de la población afectada.
Arropados por Aznar
El secretario local del Bloc Nacionalista en Alzira, Carles Aranda, ha sido uno de los más esforzados críticos a la hora de organizar un intento de protesta-respuesta a la medida privatizadora; cuando el pasado abril, el presidente Aznar en persona se acercó al hospital, una visita relámpago, de arrope al modelo y a las decisiones privatizadoras de su amigo Zaplana, Aranda afirmó que “nos recuerda la película franquista de Bienvenido mister Marshall”.
Días antes, en el ya mencionado debate, Aranda, junto a los portavoces de Esquerra Unida, Unió Valenciana y Partido Socialista de la comarca, rechazó la privatización total de la sanidad en la Ribera.
En ese acto, al cual el PP movilizó a todos sus cargos públicos de la comarca, Marciano Gómez no concretó cómo se haría , a nivel legal, la adjudicación de la red sanitaria a la empresa privada. Esa indefinición y las sospechas de que se trate de favorecer a la mercantil encabezada por ADESLAS y Bancaixa, hace que algunos representantes de partidos de izquierdas se planteen la posibilidad de recurrir la medida, ante la justicia, por no respetarse lo estipulado en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.
En tal sentido, se ha manifestado también Mati Ferrà, presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, organizadora del debate social.
(Anexo: Entrevista a Mati Ferrà)
“NO ES ETICO HACER DE LA SALUD UN NEGOCIO”
Mati Ferrà, presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta
Pregunta: ¿Les han informado desde la Conselleria de Sanidad?
Respuesta: A pesar de haberlo solicitado varias veces, aún no se han dignado contarnos nada; sólo sabemos por las declaraciones que han ido haciendo; pero nada en concreto. Es muy obscuro todo.
-¿Por qué hacen esto en la Ribera, en su opinión?
-Temo que sea porque saben que, en general, la gente de la comarca no es muy contestataria a nivel social; también por pura lógica: han de dar un segundo paso para completar lo que ya hicieron, hace tres años, con el hospital. El único, por cierto, que funciona así en todo el País Valenciano.
-El debate que usted organizó y moderó parece que no aclaró mucho las cosas…
-Así fue; el subsecretario no vino a Alzira a informar de los detalles de la privatización, sólo se dedicó a describir las bondades, en abstracto, del modelo. Un auténtico fiasco.
-¿Y qué cree que pretenden, en lo concreto, con la privatización ahora de la asistencia primaria?
-A la empresa gestora del hospital no le salen las cuentas, no gana el dinero que pensaba iba a poder ganar. Necesitan controlar, pues, toda la red comarcal, para rentabilizar mejor el negocio. Hacer un filtro o barrera que impida el acceso de muchos pacientes al hospital, para no gastar en esa atención, por la cual cobran un fijo al año.
-¿Y cómo adjudicarán la red?
-No saben bien cómo hacerlo, pues pueden incurrir en un acto ilegal; están buscando la manera adecuada.
Están haciendo de la salud un negocio, algo no ético.
-¿Y qué puede hacer la Mancomunidad al respecto?
-Estamos informando, creando ambiente social de debate y de respuesta a la privatización que el Gobierno del PP pretende llevar a cabo.
En definitiva, la gente ya sabe bien que lo que se pretende es ganar dinero con su salud, a costa de una mala atención al enfermo.
Pero también los partidos que estamos, dentro de la Mancomunidad, en contra de esto, vamos a organizar la movilización en la calle. Es necesario ya.
César Jara. Valencia. 28 Abril 2003
El Inconformista Digital.-