El 25 de mayo tenemos elecciones municipales, y en algunas comunidades autónomas como la valenciana también se celebran las elecciones autonómicas.
Como siempre, los partidos políticos, que son quienes necesitan del voto ciudadano para dirimir la composición de las instituciones, se afanan por conseguir el mayor número posible de votos.
Muchos ciudadanos, en especial los que no nos consideramos de la clase privilegiada, tendemos a estar bastante insatisfechos con el estado actual de las cosas. Lo cual a menudo se traduce en abstención. Sin embargo, sería deseable que tuviéramos en cuenta algunos hechos.
Uno de los grandes problemas de nuestro actual sistema es la absoluta falta de cauces para participar en la cosa pública. Teóricamente nuestro país es una democracia, nos dicen, y prueba de ello es, dicen también, que periódicamente nos convocan a elecciones: municipales, autonómicas y nacionales, e incluso europeas. En las municipales lo que está en juego es el gobierno de la ciudad o del municipio, principalmente. En las autonómicas y en las generales la participación se pretende en dos planos: el legislativo, al elegir a los miembros de las cámaras legislativas y de control del gobierno, y el del gobierno propiamente, pues es a partir de las mayorías de los representantes en las cámaras como se forma el gobierno. Como hemos visto recientemente con la agresión al Irak, esta presunta forma de participación no es nada satisfactoria. En contra de la voluntad mayoritaria de la gente, que con una frecuencia inusitada se sintió concitada a salir a la calle para mostrar su oposición, el gobierno español optó por la opción contraria: la de apoyar a los agresores.
Y tan soberano se sintió este gobierno en el ejercicio de su propia voluntad, y tan poco obligado a obedecer la clara voluntad mayoritaria de la gente que había salido a las calles a manifestarse, que jamás se dignó ofrecer una explicación racional de sus motivos. Nunca hemos sabido cuál era el presunto interés del pueblo español en su conjunto para escoger la opción que escogió el gobierno.
Ante esto, es lógico que el ciudadano medio, el mero súbdito del reino cuyo rey en todo este tiempo ha callado y otorgado, piense que se puede desentender totalmente de la cosa pública, puesto que su voto en realidad apenas vale nada.
Pero creo que se equivoca quien piensa así. Es cierto que es bastante improbable que cambien las tornas y de repente el parlamento empiece a legislar, y el gobierno a gobernar, en favor del pueblo llano y no en favor de los ya privilegiados. Tendríamos que tener una amplia mayoría de diputados comprometidos con el pueblo y no con intereses cuidadosamente sustraídos al gran público.
Sin embargo, si abdicamos totalmente, si creemos que todos son iguales y por tanto todo da igual, pienso que cometemos un error. Existen todavía grupos, algunos actualmente dentro y otros todavía no, en especial nuevas formaciones como algunos grupos independientes y los ecologistas por ejemplo, a los que sí se les puede suponer el compromiso con el interés general. A estas alturas es un poco tarde ya para incorporarse a formaciones políticas para participar desde la base en la elección de los candidatos a las listas, pero existen muchos partidos todavía que en sus bases y estatutos se obligan a una democracia interna. No son todos iguales.
Para el ciudadano de a pie sigue siendo necesario que en las instituciones legislativas y de control del gobierno haya gente comprometida con la defensa de sus intereses. Los medios de comunicación convencionales en general ya hace tiempo que apenas lo hacen, y además no tienen un gran poder de penetración. Sin embargo, en algunas formaciones políticas aún existe ese compromiso. Y es fundamental que desde dentro de las instituciones tengamos a gente comprometida con nuestros intereses, los del ciudadano de a pie. Gente que nos avise de los proyectos de ley o de las actuaciones urbanísticas que se están cociendo, antes de que sea demasiado tarde. Gente que siga de cerca la actividad del gobierno y nos alerte cuando detecte actuaciones irregulares o favorecedoras de intereses partidistas. En esta democracia formal aún rigen principios legales, procedimientos administrativos, etc. que deben ser respetados y que nos permiten paralizar proyectos o actuaciones irregulares cuando no se respetan o se vulneran manifiestamente, y la acción y la presión ciudadana saldrán perdiendo el día que ya no puedan contar con dichas personas… lo que es fácilmente posible si dejamos de darles nuestros votos.
Por eso pienso que es importante que tomemos conciencia de que ésta es una herramienta de acción social que aún nos queda, y que es importante no perderla. Darles un voto no va a arreglar mucho, a no ser que seamos muchísimos los que confiemos en ellos, pero no dárselo supone renunciar a ella. Cómo se apañen los eternos privilegiados con sus representantes es cosa suya, pero a nuestros representantes debemos y podemos exigirles que compartan su información y nos informen de sus actuaciones a la vez que presenten y den cauce a nuestros proyectos e inquietudes, y ya es labor y responsabilidad nuestra encontrar la forma de hacerlo: a través de asociaciones, ingresando en los partidos y no dejándoles carta blanca a los “funcionarios” de partido, que los hay en todos ellos a poco que sean medianamente grandes, no nos engañemos, o encontrando nuevas formas, yendo al encuentro de ellos y no presuponiéndoles de antemano su mala fe.
Marga Vidal. Valencia.
Colaboración
Incorporación – Redacción. Barcelona. 19 Abril 2003