He oído estos días que la democracia es un asunto de parlamentos, y no de referendos o manifestaciones. He oído que, por esta misma razón, la intención del gobierno de apoyar la guerra contra Irak es legitima. Ahora me gustaría explicar por que no comparto lo que oigo.
Empecemos por la democracia. Probablemente se trate del mejor de los sistemas políticos conocidos, pero la filosofía política no ha sido capaz de ofrecer una definición lo suficientemente clara y nítida que nos permita discernir qué es, o no es, democrático. De hecho, no es fácil encontrar en la actualidad ninguna constitución que no apele al carácter democrático de sus instituciones, incluso en estados claramente totalitarios. Democrático es el adjetivo de moda en la arena política.
Ahora bien, aunque estemos de sobra acostumbrados al carácter representativo del sistema, nada indica que dicha formula representativa sea la única factible. La democracia, por ser participativa, no deja de ser democracia. Ocurre más bien todo lo contrario. Países como Canadá o Suiza contemplan en sus constituciones la formula del referéndum popular, también en la española. La diferencia está en que unos la usan con destacable frecuencia y otros no solemos hacerlo.
Uno de los mayores peligros que puede encontrar la democracia en su camino, como ya indicó Rousseau, es la usurpación de la soberanía por parte del gobierno. No es sano, para ninguna democracia, que las actuaciones del gobierno sean contrarias a la voluntad de sus gobernados. Y, precisamente es esta la situación actual de nuestro sistema.
Pero además, y no ya por salud sino por dignidad moral, lo que no es de recibo es decir que las manifestaciones (de la sociedad civil!!) no son expresión de una democracia viva, pues no hay democracia que valga si el pueblo expresándose en la calle es ninguneado.
Toca ahora comentar algo acerca de la legitimidad de la postura del Partido Popular. Nadie discute que este partido, merced a su mayoría absoluta, puede tomar las decisiones que le plazca. Eso sí, siempre del marco constitucional. Así pues, la postura belicista es totalmente legal, estando bajo el amparo de la ley. Pero resulta más complicado afirmar que es legitimo, pues pasamos del terreno legal al moral.
No es legitimo que un gobierno tome partido por una postura, no sólo contraria al sentir de su pueblo, sino al de las NN.UU. Pero no basta con que cataloguemos la guerra de ilegítima, tenemos que ilegalizarla. Esto pasa claramente por una reforma constitucional, reforma cada día más necesaria por este y otros muchos asuntos. Una reforma constitucional que reconozca la madurez democrática de su pueblo y que diluya el poder. Si soy ciudadano, lo que quiero no es votar, sino decidir.
Daniel Pérez. Málaga. 13 Marzo 2003