Venezuela es un país rico en recursos naturales, pero su población soporta niveles de pobreza incomprensibles. Esto mismo ocurre en otros países de la región, como Argentina o Brasil, en los que la pobreza y abundancia de recursos conviven cotidiana y paradójicamente.
En lo que sigue, trato de explicar que tipo de empresa es la petrolera PDVSA y que relación guarda ésta, respecto al Estado de Venezuela. Entender la Venezuela social, política y económicamente en el 2003 significa, sobre todo, conocer su Constitución así como su industria petrolera.
Los huevos de oro negro
PDVSA es una de las más potentes petroleras del mundo, junto otras compañías como Shell, Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, British Petroleum o Texaco. Todas compiten en un mismo mercado global, pero a diferencia del resto, la petrolera venezolana es de propiedad estatal.
Tengamos en cuenta que hoy por hoy, y según dicen en plena era de la Sociedad de la Información, la industria energética sigue siendo la más importante de todas. Las actividades no energéticas acogieron en el 2001 sólo el 47% del volumen total de facturación de las primeras 300 corporaciones occidentales. Así, actividades tan importantes como las bebidas, alimentos, telecomunicaciones, la electrónica, la industria aeroespacial y de defensa, generan un volumen de negocio menor que aquellas actividades que se desarrollan dentro del sector energético, tales como el petróleo, el transporte el gas o la electricidad. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que el funcionamiento de nuestras formas de vida y producción, dependen por completo de un cumplido y suficiente aporte energético.
Por otra parte, resulta interesante sondear donde se genera la mayor demanda de estos bienes, para encontrarnos con un dato que ya no nos sorprende. Con apenas un 4% de la población mundial (6.000 millones de habitantes), Estados Unidos consume diariamente un 26% de la producción mundial de petróleo y otro tanto de la producción mundial de gas natural. Aproximadamente la sexta parte de esa gasolina es de origen venezolano, y esta circunstancia implica que los Estados Unidos, al igual que en el caso de Iraq, es uno más entre los actores de esta historia, y no un observador imparcial.
La República Bolivariana de Venezuela
La Constitución de este país fue aprobada en 1999 mediante consulta popular. En tal referéndum, el 71% de los ciudadanos que acudieron a urnas, respaldó el texto.
Se trata de unas de las constituciones más importantes de Latinoamérica y del mundo, por cuanto respecta al apartado de libertades y derechos sociales. Sin embargo al gobierno le cuesta profundizar en ella y se queja de que muchas de sus decisiones no pueden ejecutarse porque son bloqueadas, por sectores opositores, en la maraña burocrática.
En cuanto a los recursos energéticos del país, la Constitución Bolivariana dispone:
ARTÍCULO 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescindibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.
La República es el único accionista de PDVSA, lo que convierte en accionista a cada venezolano. Pero el Estado sólo recauda el 20% de la facturación, mientras que el restante 80% se queda en la empresa. Este tipo de distribución tan endogámico hace que se hable de sembrar petróleo en petróleo. La opción del gobierno, y contraria a ésta, sería la de sembrar el petróleo en escuelas, hospitales o carreteras.
Por otra parte, al tener la empresa un montante económico superior al disponible por el propio estado, podríamos hablar de PDVSA como un estado dentro del estado, o un meta-estado.
Pero este reparto no siempre fue así, sino que data de los años 80. Antes de ese momento ocurría lo contrario, es decir, PDVSA era también propiedad del estado, pero éste recaudaba el 80% de los beneficios, y el 20% se quedaba en la empresa.
Teniendo en cuenta que el sector petrolero abarca casi la mitad de los ingresos del Estado, el gobierno de Hugo Chávez quiso revisar la forma en que se reparten los beneficios de PDVSA y eso provocó una gran oposición que convulsiona al país desde el pasado mes de abril.
Parte del personal de la empresa, sobre todo por lo que respecta a la alta gerencia, no quiere perder los privilegios de los que disfruta con la actual situación, ni tampoco quiere que se investiguen las acciones que de forma presuntamente ilícita vienen realizando desde hace años. Por supuesto tampoco faltan voces reclamando la privatización, lo que permitiría entrar en el interesante juego de las stock options a algún venezolano avispado. Resulta entonces comprensible que este sea el núcleo más uniforme del conglomerado opositor.
Toda la oposición, una vez de se hizo insostenible la Huelga General de principios de diciembre, se concentró en parar la producción petrolera y provocar así la salida del Presidente.
El sabotaje fue muy efectivo, pero paulatinamente la situación se va normalizado. El Tribunal Superior de Justicia ordenó la reanudación de todas las actividades de PDVSA. Disposición judicial que está motivando el nombramiento de nuevos responsables para la gestión de la empresa. Por otra parte, el ejercito ha sido movilizado para poner en marcha distintas partes de la cadena de producción, que son necesarias tanto para el abastecimiento, como para poder cumplir con los compromisos internacionales.
Por el momento parece que el Gobierno está en una mejor posición en el conflicto. Chávez representa de por sí un problema para Venezuela, y esto es así porque es una persona que no cuenta con las simpatías de sectores bastante poderosos. Con Chávez al frente de la República, Venezuela es situada por las instituciones del capital internacional, en el grupo de países con alto riesgo para la inversión. Pero al mismo tiempo cuenta con la legitimidad de su Jefatura de Estado y con la Constitución, que prevé la celebración de las elecciones que propone la oposición, pero impide que se realicen en el calendario que reivindican.
Mientras tanto, la oposición no ha ofrecido ningún programa de medidas que, la población local o la opinión pública internacional, pudiese considerar como una salida política alternativa y de garantías. Es más, nunca podrá hacerlo pues echar a Chávez es lo único en común que pueden plantearse entre sí los distintos grupos.
Kilobites. Málaga. 10 Enero 2003