Desde El Inconformista Digital denunciamos públicamente los más que dudosos hechos que están acaeciendo en la Radio Televisión Valenciana. Ofrecemos un reportaje montado a base de tres artículos, donde queremos mostrar una de las caras mas amargas del panorama mediatico nacional.
Radio Televisión Valenciana, el ente publico de los valencianos, desde hace ya más de una década tiene unas perdidas y disfunciones en la gestión increíbles, a través de los artículos: Metafísica de la Delincuencia, La sociedad civil denuncia que la privatización de RTVV atenta contra los derechos ciudadanos ( aparecido ayer día 21 de Noviembre en Levante Digital), e Historia de un robo, queremos mostrar las causas, el proceso ya iniciado de la privatización de una radio y una televisión publica, y las posibles consecuencias. Hay que explicar la verdad desconocida a la ciudadanía, para que tenga derecho a elegir el futuro de unos medios de comunicación mal llevados y ahora destinados a más que posibles amigos del poder político, no en vano RTVV esta pagada con los impuestos del Pueblo.
Metafísica de la Delincuencia
Dice el Diccionario de la Lengua (de cualquier lengua) que, delito es el quebrantamiento voluntario, por obra u omisión, de la ley; y dice también que, delincuente, es aquél que comete delito. Pues, bien, dicho esto, cabría preguntarse cómo llamaríamos al incumplimiento deliberado y sistemático de la Ley de creación del Ente público Radiotelevisión Valenciana, y, seguidamente, cómo llamaríamos a los factores de este incumplimiento. Los miembros de los diferentes Comités de Redacción de Canal Nou, que se han ido sucediendo en los últimos seis años, hemos calificado a lo primero de muchas maneras: manipulación, sectarismo, sensacionalismo, e, incluso, chabacanería, y a los segundos, simplemente, de incompetentes. Pero, sin ninguna duda, la memoria histórica se encargará de llamar a cada cosa por su verdadero nombre… con la ayuda del Diccionario.
Decía Parménides, filósofo presocrático del siglo sexto antes de Cristo, que “lo que es, no puede no ser”, y establecía, con ello, no sólo la base de la metafísica, tal y como hoy la entendemos, sino, además, el principio lógico de no contradicción, contradicción que, más tarde, Aristóteles llamaría “reducción al absurdo”, cuando el desarrollo de una inferencia nos lleva a la conclusión, o lo que es lo mismo: que lo que es, no es.
Pero, como la historia es un compendio de hechos tremendamente dispares, en lo que se refiere a la congruencia de sus actores, del mismo modo que nos muestra cómo después de 1492, a nadie se le ocurrió volver a decir la tontería de que el mundo era plano, y que, más allá de Finisterre, todo era abismo, también nos testimonia actitudes de monumental terquedad y cerrazón. Así, en 2002, ¡veintisiete siglos después de que Parménides dijera “esta boca es mía”, y veintiséis siglos después de que Aristóteles sentenciara que “lo que es absurdo, lo es”!, nos encontramos, incluso, más que nunca (merced a ese neoescepticismo ataráxico, que ha entontecido la mentalidad occidental de los últimos veinticinco años), con hábitos y conceptos, mayoritariamente aceptados, desobedientes de aquel básico principio de no contradicción. La privatización de la Radiotelevisión pública Valenciana, es un buen botón de muestra de lo que acabo de decir.
Pero, ¿qué hace posible que mentes pensantes (como la que se le supone a cualquier ciudadano), asimilen sin objeciones tan evidentes contradicciones? Ni más ni menos que la mentira. Al ciudadano se le dan explicaciones (forma parte del pacto democrático entre el pueblo soberano y sus representantes políticos), explicaciones razonables; pero, sabido es que lo razonable pertenece al universo de lo conveniente, y que lo conveniente hace muy malas migas con la verdad, (y no hablo, desde luego, de una verdad con pretensiones de absoluta u objetiva, sino de una verdad necesaria, necesaria para poder cimentar un código ético universal, según la tradición kantiana). En algún momento habrá que explicar a la ciudadanía la privatización de su Radiotelevisión pública. Y se hará, sin duda. Lo hará quien tenga que hacerlo, y para ello, desplegará todo un abanico de explicaciones razonables. O lo que es lo mismo, de pretextos, de cortinas de humo, de falsas razones que pretenderán enmascarar razones inconfesables. Nos hablarán de mala gestión, de déficit intolerable, de plantilla sobredimensionada, de pésima relación calidad / precio, y de algunas cosas más, todas ellas ciertas. Lo temible es el juego de manos que se puede hacer combinando estas verdades de un modo conveniente. Así, la causa del déficit intolerable podría encontrarse en la abultada nómina de la sobredimensionada plantilla, manada de funcionarios vagos y anquilosados, incapaces de producir nada mínimamente mejor que el bodrio que se pone cada día en antena: ésta sería una buena deducción. En cuanto a la mala gestión, la responsabilidad indiscutible tendrá que recaer en el equipo directivo. Por eso, la solución a ese problema es la privatización (siguiendo el modelo de las grandes compañías ferroviarias, que, cuando detectan que uno de sus maquinistas es un incompetente, venden la locomotora, y conservan al maquinista).
Todo el mundo conoce, espero, el timo de la estampita, en cuya trama, el que simula ser el tonto, es el listo, lo que aparenta ser un fajo de billetes no es más que un mazo de papeles de periódico, y el que se cree el más listo, es el más tonto. Es un juego sucio a base de pretextos, de cortinas de humo…
Y esto nos devuelve al principio de mi exposición, es decir, al delito, a lo delictivo, a la delincuencia…
Todo delito que se precie, necesita de cuatro componentes imprescindibles, a saber: un instigador, unos cómplices necesarios, y una víctima. Y, como no, un botín. Si la privatización de Canal Nou fuera una película que narrara la historia de un delito, cada papel tendría su actor (incluido el propio canal, que sería, por supuesto, el botín). Y, ¿quién sería el instigador? En este aspecto, la película carecería del más mínimo suspense, ya que el malo sería, al final, el que todo el mundo conocía desde el principio. El misterio, en todo caso, consistiría en descubrir quiénes son los cómplices y quienes la víctimas. A primera vista, parece evidente que la víctima sería la ciudadanía, a la que, de un modo ilegítimo, arrebatarían lo que es suyo. Sin embargo, sólo después de la palabra FIN, se llegaría a la conclusión de que la ciudadanía jugaba dos papeles (y los dos, por pasiva). Y no pretendo, desde luego, criminalizar a quienes, en realidad, son las víctimas; lo que pretendo es advertir que la pasividad ciudadana en los asuntos de la ciudadanía, les convierte inexcusablemente en cómplices necesarios de cualquier atropello a la ciudadanía. Porque, hagamos una rápida y elemental reflexión: ¿alguien se imagina a alguien, siquiera insinuando en Cataluña, que alguien va a privatizar la Radiotelevisión pública de los catalanes?… ¡De ninguna manera!. Y todos sabemos por qué.
Y aquí cerramos de nuevo el círculo, y volvemos a la ontología de Parménides y a la Lógica de Aristóteles: ¿puede la ciudadanía ser y no ser a la vez? Ya hemos visto cómo Parménides diría, simplemente, NO, y cómo Aristóteles añadiría, además, que es absurdo.
La privatización de Canal Nou, no es una cuestión que deba dejar indiferente a nadie, en absoluto. Lo
que podemos perder algunos, muchos o todos los trabajadores del Ente no es más que un puesto de trabajo, y esto es algo que sucede todos los días a un montón de gente, en un montón de empresas. Pero, esa no es la verdadera cuestión. La verdadera cuestión es que todos los ciudadanos de esta comunidad, podemos perder, ilegítimamente, algo que nos es propio, no sólo por derecho legal, sino porque, además, lo hemos pagado con nuestro dinero, y lo peor, es que seguiremos pagándolo dentro de muchos años, cuando seguramente, hayamos olvidado ya que, una vez tuvimos una Radiotelevisión pública.
En fin, como decía mi bisabuela (que en Gloria esté): “Cuando las cosas tendrían que ser y no son, es que hay gato encerrado”… y no oyó hablar de Parménides en toda su vida. Ni falta que le hizo.
Muchas gracias.
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A continuación reproducimos un artículo que aparece hoy día 21 de Noviembre en Levante Digital que ayudara a entender un poco más lo que esta pasando en la Radio Retelvesión Valenciana.
La sociedad civil denuncia que la privatización de RTVV atenta contra los derechos ciudadanos
M. T., Valencia
Cuando la única resistencia posible que ejercita el común de los ciudadanos es apagar el monitor en el que aparece una televisión pública valenciana dedicada mayormente a la telebasura es que un resorte fundamental de lo que debía ser una sociedad democráticamente sana no funciona. El anuncio de la privatización de RTVV por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha destapado la caja de truenos provocando la explosión de un problema sangrante desde hace años.
El Club Diario Levante acogía el martes esta expresión de indignación ciudadana y profesional cuando, en torno a un debate convocado por el Fòrum Ciutadà de València bajo un título que en sí mismo era una toma de postura, La RTVV és nostra i la volem pública, en valencià i de qualitat, reunía a representantes del ente público, profesionales de otros medios, políticos de la oposición, miembros de movimientos cívicos, sindicalistas y espectadores.
Atrás han quedado los esfuerzos de la oposición política por frenar lo que, en palabras del presidente del Comité de empresa de RTVV, Nacho Àngel, «es una perversión del principio fundacional del ente que instrumentaliza una televisión de todos al servicio del PP». Más allá de una reivindicación política, laboral o corporativista, los ponentes señalaron que la propuesta de privatización de RTVV atenta contra los derechos ciudadanos y hace necesaria una movilización general que ponga el acento en las dificultades legales que pueda encontrar el anunciado proceso y haga posible una refundación de lo que significa un medio de comunicación público con todas las garantías de la ley.
El representante del Comité de Redacción de Canal 9, Gabriel Vallés, se preguntaba si no habría que calificar de delito «el incumplimiento deliberado y sistemático de la ley de creación por parte de los directivos del ente». En esa consideración, Vallés analizaba cómo es posible que el ciudadano asimile sin objeciones «la contradicción» entre los principios fundacionales y «la manipulación, el sensacionalismo y la incompetencia a las que nos tienen acostumbrados». Él mismo daba la respuesta: «a través de las mentiras esgrimidas para justificar la privatización».
Vallés apuntaba que «la responsabilidad de una mala gestión», que asciende a una deuda de 400 millones, «debe recaer en el equipo directivo», y en ese sentido hacía una llamada contra la pasividad ciudadana. «Quien se quede indiferente se convierte en cómplice», señalaba. Vallés recordó que el tema en cuestión « ya no es que los trabajadores pierdan su empleo, es que los valencianos perdamos ilegítimamente algo que nos es propio no solo por derecho sino porque lo hemos pagado».
Nacho Ángel, por su parte, añadía que la privatización es un proyecto «usurpador que pretende trasladar a manos privadas vinculadas al PP una estructura empresarial construida con capital público». En su opinión, «Zaplana nos engañó cuando habló de un proyecto regenerador. Su objetivo era tener la televisión al servicio de su partido, silenciar voces críticas y llevar a cabo una gestión irresponsable que ahora le sirve para justificar la privatización y generar negocio». Como apuntaba el presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, José Luis Pérez de los Cobos, «privatizar beneficios y socializar pérdidas», en referencia a una deuda «que tendremos que pagar entre todos. No nos consideran ciudadanos sino gilipollas», decía.
El letrado señalaba que «asistimos a una subversión de los principios de un servicio público convertido en mercadería». La propuesta de privatización, en su opinión, «conculca el derecho a la información reconocido en la Constitución y también el Estatuto de la Unión de Consumidores», por el que se debería consultar a la ciudadanía. Por eso llamaba a los movimientos cívicos «a defender a ultranza la televisión pública». Precisamente sobre los contenidos se pronunciaba Josep Lluís Gómez Mompart. El responsable de Periodismo de la Universitat de València apuntaba la necesidad de recuperar las funciones de un servicio público «democrático, identitario, independiente y plural que actúe como motor de la industria y vertebre el país». Sin embargo, Gómez Mompart señalaba que «algunos han confundido los medios públicos con los gubernamentales», por lo que reclamaba la elaboración de una Carta de los Derechos del Receptor, así como la creación del Consell del Audiovisual y de un Observatorio de la Calidad.
La presidenta de la Unió de Periodistes, Rosa Solbes, señalaba que esta no es sólo una lucha de profesionales «que quieren trabajar con dignidad sin que les afecte el grado de sumisión a que se presta la empresa». En su opinión, es una lucha de toda la sociedad porque el derecho a la información «es un bien existencial». Solbes, finalmente, realizó un rápido repaso a los comunicados de adhesión emitidos desde distintos colectivos del Estado calificando el proyecto de privatización de medida «perversa que choca con resoluciones comunitarias» y reconociendo la lucha de los trabajadores de RTVV como «una lucha por la democracia». La propuesta, compartida por la totalidad de los ponentes, era la refundación de una televisión pública, en valenciano y de calidad.
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Las cloacas de RTVV al descubierto en:
Historia de un robo
Unos ocho años después de ganar las elecciones autonómicas es ahora, a seis meses de los comicios electorales de mayo de 2003, cuando el PP ha activado una de sus promesas electorales de 1995: la privatización de Radio Televisión Valenciana (RTVV).
Durante tres años ha funcionado una comisión sobre nuevas formas de gestión en las Cortes Valencianas que hace solo unos días ha emitido un dictamen, con los votos a favor del PP y en contra de toda la oposición. La recomendación de esta comisión es que parte de la gestión ha de pasar a manos privadas.
Desde de hace días no paran de salir noticias en la prensa (local) sobre el calado de esa privatización. En todos los medios excepto en este (RTVV –Canal 9, Punt 2 y Radio 9-). La dirección de Televisió Valenciana, con el cobarde apoyo de los directivos del Departamento de Informativos, han ejercido de nuevo la censura de lo que no interesa a la imagen del Gobierno “popular”, y todavía no ha informado de los planes privatizadores, ni de las concentraciones diarias que sus trabajadores hacen a las puertas del Centro de Producción de Programas de Burjassot. Olvidan, porque también les interesa, que TVV es una televisión pública cuyos gastos pagamos todos los valencianos de nuestro bolsillo.
La Consellera Portavoz, Alicia de Miguel, explicaba a los representantes del Comité de Empresa de RTVV hace unos días que la privatización afectará a Canal 9, incluidos los informativos, pero no a Punt 2 (segundo canal) y a Radio 9. El argumento del Gobierno del PP para privatizar una televisión pública es conseguir “una gestión más eficaz, más efectiva, y una programación de mayor calidad”, precisamente todo lo que ellos no han hecho durante los años que llevan al frente de esta empresa, ¡qué sarcasmo!
Canal 9, que acapara todas las ansias privatizadoras, es hoy lo que es porque así lo han querido los actuales gestores, que no son otros que los nombrados por el gobierno popular, el mismo que presidía hasta hace cinco meses Eduardo Zaplana.
TVV es la televisión más endeudada, comparativamente, de todas las autonómicas. Desde 1995 hasta ahora, los actuales gestores nombrados por el PP han acumulado una deuda de ¡45.000 millones de pesetas! (desde el nacimiento de la cadena en 1989 hasta 1995, la deuda acumulada era de 1.300 millones de pesetas). Una deuda, a base de préstamos de bancos alemanes que la Generalitat, y por tanto todos los valencianos, no empezaremos a pagar hasta el 2009. Y un detalle más: parece que esta deuda no la asumirán las productoras que optan a la privatización. Evidente, porque en caso contrario, gestionar la TVV ya no sería el negocio que esperan que sea.
El endeudamiento ha aumentado principalmente por dos vías: los gastos de personal y las facturas de las productoras.
Actualmente, de los 44 programas que se emiten en Canal 9 y Punt 2, nada menos que 32 están hechos en productoras. Es decir, casi el 73% de la programación es producción ajena. Muchos de estos programas, que cuestan cifras millonarias, no sólo son en castellano sino que tienen una audiencia ínfima.
Es el caso, por ejemplo, de “Panorama de Actualidad”, presentado por Julián Lago. El periodista madrileño cobra por programa 3’5 millones de pesetas en concepto de dirección, presentación, formato y producción asociada. Además, Canal 9 paga periodistas, colaboradores, cámaras y equipos técnicos. Tamaña inversión para un programa que no supera los 35.000 espectadores (índices misérrimos de audiencia) y que se emite a horas intempestivas de la madrugada.
Menos audiencia todavía tiene “El Faro de Alejandría”, entre 8.000 y 12.000 espectadores, y cada programa cuesta 9 millones de pesetas, de los cuales 2 son íntegros para el presentador, Fernando Sánchez Dragó.
Por tanto, tampoco la audiencia es un buen argumento que justifique el desmesurado endeudamiento. Según datos de Sofres, en el año 2001 la media de audiencia de la cadena fue de un 18’7%, a pesar del autobombo de los directivos, empeñados en sumar las cifras de audiencia de Punt Dos y de Canal 9 para conseguir mejorar resultados.
El coste de estos programas ha sido reiteradamente escondido a la oposición en el Consejo de Administración, lo cual ya tiene una primera consecuencia: el actual director general de RTVV, José Vicente Villaescusa (exdiputado del PP), está imputado por un delito contra las garantías constitucionales por negarse a facilitar a un conseller de la oposición las cuentas de la Televisió Valenciana. La vista oral está prevista para el 13 de diciembre. El fiscal pide dos años y medio de inhabilitación especial para cargo público. Villaescusa ha pagado ya una fianza de 6000 euros.
El aumento de personal ha sido también una de las características de la gestión del PP.
Según el último informe de CCOO, desde 1995 hasta diciembre de 2000, los altos cargos se han incrementado en un 60%, 23 altos cargos se han incrementado en 59, a pesar de las promesas de reducción de personal y de un informe de una consultora que costó 14 millones de pesetas. Y estos datos hacen referencia, sólo, al primer escalafón (desde jefes de departamento hacia arriba). En el segundo, con coordinadores y jefes de área, se ha creado una amplia capa burocrática con más de 200 personas entre jefes y personal administrativo adscrito.
En resumen, si en diciembre del 95 trabajaban en las empresas del ente 861 personas, en estos momentos la cifra de trabajadores está sobre las 1.600 personas. De ellas, 1.086 tienen contrato temporal. Entre 1995 y 1996 el porcentaje de temporales no superaba el 60%. En el año 2000 pasaba ya del 73%.
En este momento, el número de trabajadores fijos es de 830, una vez incorporadas las 230 personas que han aprobado las últimas oposiciones. Es decir, en estos momentos un 50% de la plantilla es fija y la otra contratada.
Para tener alguna referencia, en una empresa pública como Ferrocarriles de la Generalitat el nivel de precariedad se sitúa en el 18%, a años luz de Canal 9 y Radio 9.
Unas oposiciones que están bajo sospecha. CCOO ha denunciado las pruebas para la categoría de periodistas porque cree que se han podido cometer irregularidades. También por irregularidades se tienen que repetir los exámenes de las categorías de auxiliares administrativos y administrativos.
Al frente de la Dirección de Gestión y Planificación de Recursos Humanos está el políticamente rehabilitado Vicente Sanz, el mismo que en 1994 protagonizó un verdadero escándalo político al asegurar en una conversación telefónica que él estaba en política “para forrarse”. Este escándalo salpicó al propio Eduardo Zaplana.
La política de contratación, supervisada por Vicente Sanz, ha sufrido un serio correctivo: este mismo año la Audiencia Nacional ha condenado a RTVV por contratar personal al margen de la bolsa de trabajo.
Una parte de estos contratos afectó al departamento de informativos. Coincidiendo con la llegada de Jesús Sánchez Carrascosa –ex secretario general de Presidencia de la Generalitat y organizador de la campaña de Zaplana de 1999- a la dirección de TVV, se contrató a 54 periodistas al margen de la bolsa de trabajo. Paralelamente, la mayoría de los periodistas que hacían los informativos hasta 1995 fueron “purgados”: de alrededor de 50, 21 fueron desplazados a programas de entretenimiento, deportes o al turno de fin de semana.
En estos momentos, sólo quedan nueve redactores de la antigua redacción. El propio Carrascosa, que disparó la precariedad laboral y el número de “programas basura” de producción ajena, es quien está impulsando el grupo de productoras que opta a quedarse con Canal 9.
En esta última etapa de mayor endeudamiento, los actuales gestores se han embarcado en otro proyecto millonario: se disponen a invertir 621 millones de pesetas en la construcción de un centro de producción de programas en Alicante, en los terrenos de una antigua discoteca, terrenos que no son propiedad de RTVV y por cuya utilización se pagará un alquiler de 36 millones de pesetas.
El incumplimiento de la Ley de Creación de Radiotelevisión Valenciana ha sido sistemático. De forma continuada se ha vulnerado el derecho de todos los valencianos a recibir información libre, objetiva, veraz y en la lengua propia. Así lo han denunciado los cinco informes del Comité de Redacción, llenos de ejemplos de casos de censura, manipulación y, en general, de degradación, en los informativos de Canal 9. Estos informativos se han convertido en el gabinete de propaganda personal de Eduardo Zaplana. El actual ministro sigue saliendo más en estos informativos que el actual presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas. La oposición sólo aparece cuando firma acuerdos con el Gobierno o cuando interesa denigrarla por cualquier motivo.
El PP se vanaglorió de aprobar el Estatuto de Redacción, que ha permitido la existencia del Comité de Redacción. Pero a base de incumplimientos reiterados, lo han convertido en papel mojado. En seis años de vida, la empresa no ha dotado de medios a este órgano y los responsables de informativos no han tenido en cuenta ni una sola de sus sugerencias. Por descontado, la dirección no atendió la decisión mayoritaria de una asamblea de la redacción que en el año 1998 votó la destitución de Pau Pérez Rico, que en aquel momento era jefe de informativos.
Después de 7 años de gestión, el PP ha convertido esta televisión en un pozo seco, un “fondo de reptiles” por donde se escapa el dinero, haciendo una televisión basura que sólo ven 18 de cada 100 valencianos. No hay nadie que sienta este televisión como propia. Y ése es el único éxito de los actuales gestores. Puede parecer atrevido decir que, durante todos estos años, la gestión de RTVV ha respondido a una estrategia muy bien diseñada para, llegado el momento, decir: “Esto se tiene que privatizar”. Parece atrevido, aunque los hechos nos llevan a esta conclusión.
Pero los trabajadores decimos que la solución no es que se la acabe quedando precisamente quien ha puesto en marcha este modelo televisivo. Porque esta televisión es de todos los valencianos, la hemos pegado los contribuyentes valencianos y la queremos pública, en valenciano y de calidad.
Ya estamos cansados del cinismo del PP, de estos falsos liberales que han demostrado ser los más intervencionistas de todos los gobiernos que nos hemos dado los valencianos desde la reinstauración de la democracia. Decimos BASTA a la deplorable gestión del PP en RTVV y decimos NO a la tramposa privatización de la televisión pública, que queremos que sea de todos los valencianos.
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Desde El Inconformista Digital apostamos por la existencia de medios de comunicación profesionales y de calidad, la existencia de medios públicos pagados por todos los ciudadanos debería ser un baluarte y un punto de referencia para la profesionalidad y la calidad en la profesión. El Pueblo tiene derecho a estar informado, la información debe estar al alcance de todos sin importar el status económico del individuo. Nosotros por el derecho de información, la libertad de prensa y expresión hemos cumplido con nuestro deber, ahora compañeros ( profesionales) y ciudadanos os toca a vosotros.
Los trabajadores de RTVV desde Burjassot os emplazan en movilizaciones para pedir una Radio Televisión publica de calidad y para todos, para más información aquí tenéis la dirección del comité de empresa de RTVV: http://www.rtvvpublica.info/
Nota: Las fuentes de los artículos, menos el aparecido en Levante Digital, permanecen en el anonimato acogiéndose El Inconformista Digital al derecho de privacidad de los individuos.