Seguramente más de un analista político se quedó boquiabierto tras el dondedijedigo perpetrado por el Gobierno respecto a la reforma laboral. Difícilmente se concibe que un gobierno se acabe plegando a prácticamente todas las exigencias sindicales cuando había mostrado una posición bastante contundente al respecto.
Pero en política todo es posible y en cien días se puede pasar de la huelga inexistente a acabar dando la razón de manera implícita a los sindicatos.
¿Qué ha ocurrido en estos cien días? Una posible interpretación apuntaría a que el Gobierno se ha dado cuenta de que se equivocó llevando a cabo una reforma laboral en los extremos en que se había planteado. Mi opinión es que el Gobierno ya se dio cuenta durante el famoso 20-J que había calibrado mal las fuerzas de unos y de otros. Seguramente los estudios de opinión posteriores corroboraron el temor a un desgaste gratuito e innecesario.
Aún hoy desconocemos que llevó al Gobierno a plantear una reforma laboral que sustancialmente poca cosa aportaba aparte de la desaparición del PER, un sistema de protección al desempleo que tradicionalmente ha suscitado numerosas suspicacias de neocaciquismo. Seguramente el famoso decreto-ley fue una brillante idea de algún asesor económico que intentó vender la idea que eliminando el salario de tramitación se disminuían los costes salariales y modificando las condiciones de elegibilidad para la prestación por desempleo se estaría vetando el acceso al parásito social.
Este asesor no calibró que una parte nada insignificante de los diez millones de votos que cosechó el Partido Popular hace dos años provienen de trabajadores que, en algún momento de su vida laboral pueden quedarse, y no por voluntad propia, en la calle. Negándoles el salario de tramitación u obligándoles a aceptar un trabajo a dos horas de su domicilio so pena de perder el subsidio lo único que generaba era una mayor inseguridad. Y lo último que desea un votante conservador precisamente es la inseguridad. Nuestro asesor erró el tiro.
Quizá si nuestro asesor hubiera preferido concentrar los esfuerzos en aumentar la lucha contra el fraude fiscal o en los fondos de formación en lugar de dedicarse a luchar contra el fraude en las prestaciones por desempleo hubiera tenido más éxito. No sólo hubiera detectado bolsas de fraude más sustanciosas sino que además el desgaste político que hubiera sufrido el gobierno hubiera sido prácticamente nulo.
Algún comentarista ha señalado que este acuerdo supone una marcha atrás que ningún gobierno debe permitirse. Discrepo de esta opinión. Prefiero un gobierno que sepa rectificar a tiempo aunque esto pueda interpretarse como un signo de debilidad a un gobierno que, para intentar mantener una supuesta firmeza, acabe perjudicando a la sociedad. Bienvenida sea pues esta rectificación.
Datum. Barcelona. 10 Octubre 2002