¿La Agencia Nacional de Evaluación mejorará la calidad de la enseñanza universitaria?

El gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que se encargará de medir la calidad y el rendimiento de los centros de educación superior de este país.

Asumirá prácticamente todas las competencias en materia de auditoria, evaluación, acreditación y certificación de todas las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado; así como de los programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior.

La Agencia Nacional tendrá además un componente claramente sancionador ya que: los títulos oficiales de las universidades, carecerán de validez, si no son acreditados; los programas de doctorado que no hayan conseguido acreditación, no se impartirán; y los títulos propios, así como los de instituciones extranjeras podrán seguir funcionando aunque no estén acreditados, pero deberán advertírselo a sus alumnos.

Entre los distintos sectores afectados hay incertidumbre acerca de la independencia de este organismo. Si la labor llevada a cabo se efectúa con rigor auténtico se dispondrá de una información útil en cuanto a la orientación de alumnado y padres, y como estímulo para las propias universidades.

Las autoridades educativas dan por sentado la independencia de dicho organismo dado que su composición contará con la presencia de rectores, científicos y representantes de las comunidades autónomas. Sin perjuicio de las funciones que desarrollen otras agencias del estado o de las comunidades autónomas: La Agencia tendrá la naturaleza jurídica de una fundación estatal, por ser ésta la figura que mejor garantiza la flexibilidad y agilidad de su actuación, ante esto el Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas muestra su preocupación no tanto por la naturaleza jurídica de este organismo si no por su estructura, plantea que haya una representación equilibrada entre administraciones públicas y universidades.

Con la creación de esta agencia el gobierno pretende una mejora en la calidad de la enseñanza pero como dice Francisco Fernández Buey, para garantizar la calidad de la enseñanza universitaria, sería necesario avalar, valorar y corregir diversos aspectos de la trayectoria actual de la enseñanza:

1º Habría que garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes,

2ª Valorar objetivamente los méritos.

3ª Corregir las desigualdades entre universidades y entre facultades que se derivan de un hecho al que se atiende poco: la tendencia, muy generalizada ahora, a seguir como único criterio para el acceso la situación actual del mercado de trabajo o las previsiones de la demanda para plazos generalmente muy cortos.

Haría falta corregir el criterio básico por el que se ha regido la Universidad en las últimas décadas (esto es, su adaptación al mercado realmente existente), atendiendo, más en general, a las necesidades de la sociedad para el medio y más largo plazo. Y es ahí donde entra la discriminación positiva en favor de los estudios teóricos que tienen menos salidas profesionales inmediatas, pero cuyo cultivo seguimos considerando, por lo general, relevante. No se ve si no cómo se va a poder lograr una enseñanza de calidad, y competitiva en el marco europeo, en el caso de las ciencias puras, de las ciencias sociales, de las humanidades en general, y aún menos en el caso de las humanidades clásicas (latín y griego).

Propiciar este giro obliga a la evaluación continuada de la docencia impartida por los profesores universitarios, así como al establecimiento de un marco general y de unos criterios compartidos para dicha evaluación.

La agencia para la calidad del sistema de enseñanza en Cataluña ha establecido recientemente un marco para la evaluación de la docencia del profesorado universitario precisamente con el objetivo de mejorar y ampliar la evaluación del profesorado por los estudiantes (que, a pesar de los esfuerzos realizados en la estimación de las encuestas anuales, es aún deficiente). Universidades públicas de otras comunidades han hecho propuestas parecidas. Se trataría de fomentar la conciencia de la auto evaluación entre el profesorado universitario, la actuación coordinada y en equipo de los docentes evitando repeticiones y solapamientos en los programas de los planes de estudios (que con el tiempo cristalizan en reduplicaciones de cátedras y titularidades, con el consiguiente aumento del gasto), la emulación (que no la competición) entre los docentes de las universidades y, desde luego, también las habilidades de los estudiantes universitarios, que ya son adultos, para adquirir conocimientos autónomamente y expresarse con espíritu crítico.

Fuente: Francisco Fernández Buey

Tera. Pamplona, Navarra. 24 Julio 2002