Tendrán que ratificarlo el próximo 23 de mayo pero los máximos representantes de las centrales sindicales mayoritarias, ya han anunciado un paro general de 24 horas que tendría lugar el 20 de junio.
En esta ocasión no podemos decir que la huelga llegue como último recurso tras una dura negociación. De hecho, no ha existido tal negociación.
La reforma que se avecina tiene gran importancia. Destacan varios puntos:
1. Por un lado el gobierno se propone eliminar los – salarios de tramitación – en los despidos improcedentes. Es decir, salarios que corresponden al periodo en el que el trabajador aguarda a que la justicia decida sobre el despido y que hasta ahora la empresa abona a posteriori.
2. Se imponen una serie de condicionantes para que los desempleados puedan conservar sus prestaciones. El desempleado tendrá que aceptar cualquier empleo que le oferte el INEM una vez que desde está instancia se considere que la persona está capacitada para ocupar ese puesto de trabajo. Puede ser que el curro que se ofrezca tenga un salario menor que el que se esté recibiendo por la prestación de desempleo, que esté a 50 Kilómetros del domicilio del trabajador, que se tarde tres horas en llegar desde casa al puesto trabajo, que un porcentaje importante del salario se pierda en costes de transporte… pero si te niegas a acepar tres ofertas (y quien sabe si la misma oferta) tres veces, perderás el derecho a prestación que hasta entonces tengas cotizado.
3. Desaparición progresiva del PER en Andalucía y Extremadura. Lo que constituye un atentado contra la población rural de estas regiones.
Con la – flexibilidad laboral – se trata de abaratar costes, y esto tanto desde el lado de las empresas como desde lo que respecta al gasto público. Se apuesta por la movilidad y la competitividad que son eufemismos que se traducen respectivamente, por ejemplo, en que los trabajadores de Fontaneda se trasladen desde su pueblo a otra región porque la fabrica para la que trabajan emigra para abaratar costes y, en que un grupo cada vez más grande de ciudadanos subasten al peor postor su mano de obra.
En principio la polémica ley afecta a los parados, pero hay que tener en cuenta que el paro, lejos de reducirse a mínimas cuotas crece, y pronto volverá ha ser un tema altamente preocupante para nuestra sociedad. Así mismo crece la proporción de trabajo precario (a tiempo parcial, vía ETT o clandestino).
El grueso de la sociedad no puede costear el mantenimiento de las cuotas de beneficio de la minoría, a no ser que el gobierno proceda de manera injusta.
Kilobites. Málaga. 18 Mayo 2002