El Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Partidos Polítcos, que posibilitará ilegalizar a Batasuna o a cualquier otro partido que apoye el terrorismo.
La iniciativa partió del Gobierno y de inmediato obtuvo el apoyo del PSOE, aunque existen algunas discrepancias pero sólo en aspectos puntuales. El PSOE no está de acuerdo en que el Gobierno y el Parlamento puedan también impulsar el procedimiento de ilegalización de un partido, ya que sólo la Fiscalía del Estado es el órgano legítimo para realizar esta labor. Además, considera que los 50 diputados que son necesarios para iniciar este procedimiento en el Parlamento son pocos. De todas formas, Ángel Acebes, ministro de Justicia, ha declarado que este último aspecto no es innegociable. Coalición Canaria también mostró su apoyo a esta propuesta. CIU pretende negociar algunos cambios relativos a la redacción del texto legal, para asegurarse de que respeta las ideologías y sólo va dirigida a los que apoyan a los violentos.
El portavoz del PNV, Joseba Egiban, apuntó que esta ley da fuerza a Batasuna, mientras Gaspar Llamazares, líder de IU, declaró que es un peligro para la democracia. Tanto IU y PNV, como grupo mixto, presentarán enmiendas de carácter técnico pero también referentes al contenido de la ley. Desde Batasuna, se cree que no se respetan los derechos de sus votantes, alrededor de 200.000. Jone Goirizelaia, de Batasuna, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco donde se pide el rechazo a la ilegalización y el derecho de todas las fuerzas políticas a participar por igual. Si la resolución parlamentaria es favorable, pretende enviar la misma a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Uno de los puntos de la ley más criticados por la oposición es el de la retroactividad de la norma. Según la disposición transitoria, la aplicación de esta ley podrá afectar a hechos anteriores de su entrada en vigor, es decir, que Batasuna, en este caso, podría ser acusada de todos los «delitos» cometidos hasta ahora. Esto vulnera el artículo 9 de la Constitución que garantiza la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables. Sin embargo, el Consejo del Poder Judicial ha dictaminado que la ley se ajusta al ordenamiento jurídico, ya que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (anteriores sentencias) considera que, cuando los actos han sido consumados completamente, se puede aplicar la retroactividad de la norma. En este caso, la apología a la violencia y la no condena de actos terroristas podrían ser considerados dentro de este tipo de actos consumados. Aún así, este mismo órgano aconsejó al Gobierno de una nueva redacción de dicha disposición para no dar a una confusión, recomendación que el Gobierno no tuvo en cuenta.
Se prevé que la ley entre en vigor sobre el mes de septiembre, después de tener en cuenta las enmiendas y de consensuarla en la medida de lo posible. Para evitar que, desde ahora hasta entonces, Batasuna cambie de nombre con intención de evitar la ley (fraude de ley), se ha previsto en la disposición adicional segunda que, si un partido cambia su apariencia pero persiste la organización y el funcionamiento anteriores, podrá aplicársele la ley de igual manera.
Nihao. Zaragoza. 24 Abril 2002